¡Otra captura regulatoria!
¿Cómo se llama cuando un grupo de personas tiene un “bisne” en el que producen algo y, como no logran vender toda la producción, consiguen legislación para forzar a la gente a comprar su producto? Alguien podría decir que es un privilegio que viola la soberanía del consumidor, que es captura regulatoria (como en el etanol), o que es búsqueda de rentas parasitarias. Es el mercantilismo de toda la vida.
¿Cómo se llama cuando un grupo de personas quiere tener un “bisne” en el que producirá algo que muy posiblemente no se venderá bien y consigue legislación para forzar a otros a pagar la producción del “bisne”? Igual. Exactamente igual, y tal es el caso de la legislación de cine que se discute en el Congreso. Con el agravante de que crea un instituto que será erigido como ente rector de la cinematografía nacional.
Es decir, que el instituto tendrá la autoridad principal, la dirección estratégica y la responsabilidad política de guiar, regular y supervisar todo el ecosistema cinematográfico del país. ¿De verdad hay artistas del cine pidiendo un ente político que centralice el control de su arte? ¿Se dan cuenta de lo que esto significa para la creatividad, la innovación, el espíritu emprendedor y la libertad de expresión?
La legislación en cuestión, además, crea un consejo de cinematografía multisectorial (entre políticos y cineastas) cuya función sería asesorar al zar del cine chapín. Tanto el consejo como el instituto hieden a plazas y partidas presupuestarias para socios, compadres, correligionarios y amantes.
¿De dónde va a salir el dinero para esa piñata? ¡De los bolsillos de los tributarios, por supuesto! De multas y permisos. De un impuesto de Q2 por entrada en salas y 1% sobre distribución/exhibición, con exenciones para obras 100% nacionales. Y aquí asaltan dudas: ¿Qué es una peli 100% nacional? Si el director es extranjero, ¿la peli ya no es nacional? Si uno o dos actores son de otro país, ¿la peli ya no es nacional? Si el productor es de más allá de las fronteras patrias, ¿ya no es nacional la peli? Si una o dos escenas se filmaron en el extranjero, ¿ya no es nacional la peli?
Esta semana leí que posiblemente el zar del cine consiga financiamiento para su instituto mediante el cobro de US$1 por cada boleto aéreo vendido a extranjeros con destino a Guatemala. Da la impresión que el privilegio, la captura regulatoria y la búsqueda de rentas parasitarias confirman que, como dice un amigo, “gobernar es gravar para gastar”.
Así como hay grupos empresariales cuyo éxito depende de sus relaciones cercanas con políticos y burócratas, también hay grupos de artistas que pretenden gozar de ese privilegio. Y si ocurre en el mundo, ¿cómo no va a ocurrir en Guatemala?
En los EE. UU. los grandes de Hollywood se benefician en perjuicio de los independientes y hacen “lobbying” para incluir sus intereses en los acuerdos comerciales en detrimento de la competencia libre. En Canadá los subsidios y las cuotas favorecen a los cineastas establecidos, protegen ineficiencias y redistribuyen ingresos hacia un pequeño grupo.
En Argentina (Hispanoamérica) la ley de cine ha alcahueteado el clientelismo y la corrupción; grupos de productores aliados a los gobiernos han influido en la asignación de fondos y en la priorización de proyectos de allegados a los pipoldermos. Los recursos se han concentrado en un círculo cerrado de productores y directores.
En México (como no) la supuesta legislación protectora y promotora ha generado críticas recurrentes de que el sistema ha sido capturado por grupos de interés establecidos (productores grandes, distribuidores, sindicatos y redes cercanas al poder político), lo que ha generado clientelismo, corrupción y exclusión de independientes.
La legislación en cuestión y sus promotores (que serán beneficiados) dicen proteger la creatividad y expresión al fomentar una industria nacional de cine; pero en la realidad, la normativa socava la empresarialidad y el mercado con impuestos, subsidios y obligaciones que distorsionan incentivos naturales y arriesgan ineficiencia y corrupción. En todo caso sería preferible reducir barreras regulatorias generales (como trámites para rodajes) y dejar que el mercado guíe la inversión, como sugiere el Texas Policy Research contra subsidios cinematográficos. En el contexto chapín estropearía la posibilidad de desarrollar una industria del cine sana, que no dependa de la teta del Presupuesto para políticos y burócratas, y que no se convierta en arma para la batalla cultural en manos de los que sí han leído y entendido a Antonio Gramsci.
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