84 cantones, cero visión regional: el reto del ordenamiento territorial

Costa Rica afronta una crisis silenciosa pero estructural: el país crece, se expande y atrae inversión, pero lo hace sin planificación territorial moderna. Los Planes Reguladores, instrumento esencial para ordenar el uso del suelo y garantizar un desarrollo urbano sostenible, no están cumpliendo su función. No porque la herramienta sea deficiente en teoría, sino porque el sistema se ha vuelto lento, fragmentado e incapaz de responder al ritmo real del crecimiento.

Los datos son preocupantes. De 84 municipalidades, una minoría cuenta con un plan regulador total vigente y, aún más grave, incluso entre los cantones que sí disponen de este instrumento, muchos operan con planes desactualizados. Esto se explica por el tiempo excesivo que tardan los gobiernos locales en aprobar o actualizar estos instrumentos: existen municipalidades que han durado más de 20 años en completar procesos de actualización.

Cuando finalmente se aprueban, en muchos casos el territorio ya cambió completamente: nuevos centros urbanos, presión inmobiliaria, expansión turística acelerada y colapso de infraestructura vial y de servicios básicos. El resultado es un país que se expande de forma reactiva y desordenada, y que luego intenta corregir con parches regulatorios.

Mientras el sector privado actúa en meses, los gobiernos locales tardan años. La planificación territorial no puede depender de procesos tan lentos, porque el desarrollo económico no se detiene. Lo que ocurre, entonces, es predecible: el crecimiento se impone por la vía de hecho, y la regulación llega tarde o nunca llega.

A esto se suma un elemento estructural: la planificación territorial se convierte con frecuencia en un procedimiento más político que técnico. La toma de decisiones municipales queda expuesta a dinámicas propias de los concejos municipales, donde las prioridades cambian con cada administración, reabriendo discusiones ya resueltas y generando falta de continuidad institucional. Esto afecta la predictibilidad y erosiona la certeza jurídica, especialmente en un entorno donde el inversionista requiere reglas claras y plazos razonables.

Debe recordarse que los planes reguladores, en teoría, debían revisarse y actualizarse periódicamente, idealmente cada cinco años, como parte de un proceso continuo de planificación territorial. Esto implicaba que cada municipalidad debía trabajar de forma coordinada con regidores, equipos técnicos y comisiones de apoyo propias de una administración, asegurando continuidad institucional.

Sin embargo, la realidad ha sido otra: al durar más de diez, 15 e incluso 20 años en aprobarse o actualizarse, el proceso se convierte en una comisión que cada cuatro años debe reiniciarse en la práctica, pues una nueva generación de funcionarios y regidores debe empaparse nuevamente de expedientes, estudios y diagnósticos para “continuar” lo que la administración anterior dejó inconcluso. Esto prolonga indefinidamente la actualización de un instrumento que debería ser dinámico y vigente.

Además, el proceso se ve afectado por una cadena de permisos sectoriales ambientales, agua, infraestructura vial, salud pública o riesgos naturales gestionados ante distintas instituciones con tiempos propios. Aun superadas esas etapas, la fiscalización del INVU introduce una capa adicional de revisión que muchas veces duplica controles y prolonga aún más los plazos.

Sin embargo, el problema también es conceptual. Los planes reguladores se diseñan bajo una lógica cantonal, como si cada municipio fuera una unidad aislada. Pero el desarrollo moderno no funciona así. Las dinámicas de movilidad laboral, expansión urbana, servicios públicos y presión ambiental no respetan límites administrativos. Un proyecto aprobado en un cantón impacta directamente a sus vecinos, y decisiones restrictivas o permisivas desplazan el crecimiento hacia otros territorios cercanos.

En Costa Rica, cada cantón tiende a buscar soluciones regulatorias y urbanísticas como si se tratara de un país independiente, diseñando criterios propios, requisitos particulares y enfoques administrativos aislados. Esta fragmentación genera un mosaico de reglas y prácticas que varían significativamente de un territorio a otro, incluso cuando los proyectos poseen condiciones geográficas, ambientales y socioeconómicas similares.

En consecuencia, el desarrollador o inversionista no se enfrenta a un marco nacional coherente, sino a múltiples “microrregímenes” cantonales, lo cual incrementa la complejidad, los costos y la incertidumbre del proceso.

Las ciudades, los corredores turísticos, las zonas industriales y los mercados inmobiliarios funcionan como sistemas interconectados. La Gran Área Metropolitana, por ejemplo, no es un conjunto de 31 cantones independientes, sino un organismo urbano integrado donde la movilidad, el acceso al agua, la densidad habitacional y la actividad económica se determinan por dinámicas regionales.

Costa Rica necesita evolucionar hacia un modelo regional vinculante. La planificación territorial debe diseñarse por provincias o regiones funcionales, permitiendo que infraestructura, movilidad y servicios públicos estén alineados bajo un marco coherente. Un país que crece sin planificación regional está condenado a la improvisación. Y un país sin ordenamiento territorial no se desarrolla: se descompone.

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Francisco Javier Mesalles Ramírez es abogado.