Manuel, Miguel, Juan Manuel, Jorge y Juan: la muerte de cinco personas sin hogar fuerza en Cádiz una investigación

Cinco personas sin hogar han muerto en Cádiz en lo que va de año. Manuel, Miguel, Juan Manuel y Jorge fallecieron a lo largo del mes de enero. Esta semana ha muerto Juan, de 68 años, mientras pernoctaba en la puerta de un garaje del casco antiguo. La sucesión de estas pérdidas en apenas dos meses, concentrados además en el periodo más frío del año, ha provocado una fuerte conmoción social y ha forzado al PP, que gobierna en la ciudad, a aceptar una comisión de investigación para aclarar qué está sucediendo y buscar soluciones urgentes.

La última muerte fue la de Juan. Según informó el Ayuntamiento, entre la 01.10 y la 01.45 horas agentes de la Policía Local que realizaban labores de vigilancia preventiva fueron requeridos por un ciudadano que alertó de que un hombre no respondía a estímulos en el interior de un garaje situado entre la Alameda y la calle Zorrilla. Se activó el Centro de Coordinación Operativa (Cecopal) y se desplazó una ambulancia con médico. Tras la valoración, la forense certificó el fallecimiento y el Cuerpo Nacional de Policía activó el protocolo de levantamiento del cadáver.

Juan, de origen sevillano, llevaba seis meses viviendo en la calle, según había contado él mismo. Era una de las 120 personas sin hogar que, según los recuentos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), sobreviven en la ciudad sin un techo seguro en el que guarecerse. Su muerte eleva a cinco las registradas desde el inicio del invierno, una cifra inusualmente alta para un municipio del tamaño de Cádiz (110.000 habitantes) y que ha disparado las preguntas sobre si los recursos disponibles son suficientes y si los protocolos de actuación se están aplicando de forma adecuada.

La APDHA ha calificado la situación de “emergencia humanitaria” y sostiene que no se trata de episodios aislados sino de un fallo estructural en la protección de las personas más vulnerables. La organización insiste en que la calle no es solo un espacio de exclusión social sino un entorno de riesgo permanente para la salud física y mental. El frío, la humedad, la falta de descanso adecuado y la dificultad para acceder a atención médica agravan patologías previas y generan nuevas complicaciones. En ese contexto, advierte, cada invierno multiplica la exposición al peligro.

Entre sus reivindicaciones figura la apertura inmediata de alojamientos de baja exigencia que garanticen un techo digno las 24 horas del día durante todo el año, sin condiciones que dejen fuera a parte de este colectivo. También reclama la creación de un equipo de calle específico de salud mental, capaz de intervenir directamente en los lugares donde pernoctan las personas sin hogar, y el refuerzo de los dispositivos para cubrir toda la ciudad, incluidas las zonas de extramuros. La entidad pide además un impulso decidido al modelo Housing First —que prioriza el acceso estable a la vivienda como punto de partida para la intervención social— y la garantía de comedores públicos abiertos sin interrupciones los 365 días del año.

Para la organización, el problema no es coyuntural ni exclusivamente meteorológico. Insiste en que la prevención es clave: intervenir con rapidez cuando una persona empieza a perder apoyos y recursos evita que la exclusión se cronifique y reduce el riesgo de desenlaces trágicos. En su diagnóstico, la falta de coordinación y de inversión sostenida termina trasladando a la vía pública situaciones que podrían haberse abordado antes.

Al alcalde de Cádiz, Bruno García, la continua muerte de personas sin hogar se le atraganta en cada comparecencia pública. “No es que cinco muertes sean demasiadas, una ya lo es”, le respondió a un periodista esta semana cuando se confirmó el quinto fallecimiento. A García le duele especialmente que PSOE y Adelante Izquierda Gaditana usen este asunto como arma política. Por eso sus mensajes se centran siempre en que el Ayuntamiento no ha aplicado ningún nuevo protocolo para atender a las personas sin hogar, y que fue su antecesor, José María González, el que promovió un documento para vigilar y desalojar parques y jardines. Se sirve de un informe que exhibe cada vez que puede, y que será su principal arma en la comisión de investigación que ha aceptado crear, convencido de que nadie podrá demostrar que su gobierno ha dejado sisn asistencia a estas personas.

García detalló que se están ampliando plazas y dispositivos y que continúan las obras para rehabilitar el futuro albergue de la calle Soledad, que permitirá incrementar el número de camas disponibles. También señaló que el nuevo pliego del servicio, previsto para noviembre, incorporará un refuerzo específico en el ámbito sanitario y de salud mental, con el objetivo de ofrecer una intervención más integral, especialmente en casos de patologías graves o trastornos mentales. El alcalde reconoce que “siguen siendo insuficientes ante la complejidad del fenómeno” y, por eso, ha dicho esta semana que ha dado orden “de no poner ningún límite económico” y ha defendido una estrategia “expansiva total” para ampliar cobertura social y equipos técnicos.

Al alcalde le desmienten los partidos de la oposición y también colectivos como los trabajadores de parques y jardines, que denuncian que desde el 10 de julio del año pasado, y no antes, se aplica un protocolo que hostiga a las personas sin hogar al forzarles a marcharse sin sus pertenencias. Un trabajador fue sancionado hace poco por la empresa, según el comité, por negarse a cumplir con esas medidas.

El actual Gobierno local mantiene que el documento en cuestión fue elaborado a petición del anterior alcalde, José María González, y que el procedimiento vigente es el mismo que ya existía, aunque con mecanismos de control añadidos. La comisión, según ha explicado el alcalde, servirá para esclarecer públicamente el origen, la elaboración y la aplicación práctica del protocolo, incluidas actuaciones como el desmantelamiento de acampadas en etapas anteriores.

Más allá de la controversia política, el foco vuelve a los fallecidos. Las entidades sociales subrayan que la cifra no puede analizarse solo como una estadística, sino como un indicador de que los dispositivos de prevención, detección temprana y atención continuada no están logrando evitar situaciones límite. Y, por tanto, hay riesgo de que la lista de nombres, la de Manuel, Miguel, Juan Manuel, Jorge y Juan, sume otro más en cualquier momento.