La Comunidad de Madrid lo hace oficial: reducirá las condiciones para acceder al alquiler de vivienda protegida

El mercado de la vivienda es uno de los grandes problemas de la sociedad española. Es por ello que desde los gobiernos autonómicos y el Ejecutivo central se han implantado una serie de medidas para facilitar el acceso a un inmueble.

Y es que aquellos con recursos económicos limitados tienen serias dificultades para entrar a una vivienda dados los altos precios en la actualidad. Sin embargo, gracias a la vivienda pública, muchos tienen la posibilidad de poder disfrutar de una casa a un precio asequible.

Se trata de una iniciativa promovida por la administración pública donde se ponen en alquiler inmuebles que están sujetos a una serie de requisitos legales en cuanto a precio, tamaño, destinatarios y condiciones de transmisión.

Uno de los requisitos indispensables para poder optar a estas casas es el empadronamiento. En el caso de la Comunidad de Madrid, recientemente se había establecido que serían necesarios 10 años de empadronamiento para poder optar a una de estas viviendas. No obstante, esta norma ha recibido una gran modificación que cambia por completo el requisito.

Se exigirán cinco años para el alquiler

Hasta la fecha, Madrid exigía 10 años de empadronamiento para acceder a vivienda protegida. No obstante, la región ha modificado este requisito rebajando de diez a cinco años de empadronamiento para poder solicitar el alquiler de una vivienda protegida. Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante el Pleno de la Asamblea.

"Queremos un empadronamiento que baje hasta los cinco años cuando hablemos de viviendas en alquiler y que no se exija para modelos de residencias de estudiantes o viviendas compartidas”, detallaba el consejero, asegurando que aún están admitiendo enmiendas.

La medida, enmarcada en el nuevo Reglamento de Vivienda Pública previsto para aprobarse en julio, busca impulsar la construcción, facilitar la gestión y aumentar la oferta pública de vivienda disponible.

Las excepciones

Dentro de esta medida existen excepciones para algunos ciudadanos. En el caso de residencias de estudiantes o viviendas compartidas, no se requerirá ningún periodo mínimo, así como quienes ya hubieran adquirido compromisos previos con una vivienda antes de la entrada en vigor del reglamento, como contratos de compraventa u opción de compra, títulos de adjudicación o aportaciones económicas.

Además, quedarán exentos los miembros de cooperativas que hayan desembolsado cantidades destinadas a la adquisición del suelo o del propio inmueble.

¿Qué es la vivienda protegida?

La vivienda protegida es una modalidad de acceso a la vivienda que tiene como finalidad garantizar el derecho a un hogar digno a aquellas familias con recursos económicos limitados. Se trata de inmuebles promovidos por la administración pública estatal, autonómica y local que están sujetos a unos requisitos legales en cuanto a precio, tamaño, destinatarios y condiciones de transmisión.

Su objetivo principal es facilitar el acceso a la propiedad o al alquiler en condiciones más asequibles que las del mercado libre, estableciendo límites máximos de precio de venta o renta y fijando criterios de acceso relacionados con el nivel de ingresos, la situación familiar o circunstancias especiales como una discapacidad o familias numerosas.

Una de las características fundamentales de la vivienda protegida es que está sometida a un régimen de protección durante un período determinado, es decir, que durante ese tiempo no puede venderse ni alquilarse libremente a precio de mercado, sino que debe respetar las limitaciones establecidas por la normativa vigente.

Además, los compradores o arrendatarios deben cumplir unos requisitos específicos como no superar determinados umbrales de ingresos o no ser titulares de otra vivienda en propiedad.

¿Qué requisitos son exigidos para acceder a una vivienda protegida?

Además del requisito de empadronamiento, existen una serie de condiciones que debe cumplir todo aquel interesado en una vivienda de protección. Estas son:

• Ser mayor de edad o menor emancipado y no encontrarse incapacitado para obligarse contractualmente.
• Ser español o residente en España.
• Tener unos ingresos familiares que no excedan de 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para las viviendas de precio básico (VPPB) y de 7,5 el IPREM para las viviendas de precio limitado (VPPL).
• Ostentar la condición de discapacitado o de familia numerosa, si se pretende acceder a una vivienda reservada a dicho colectivo.
• Ninguno de los miembros de la unidad familiar puede ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en todo el territorio nacional, salvo excepciones.