Todo es un show
A siete semanas de las elecciones, el país asiste a una coreografía conocida. Declaraciones altisonantes, acusaciones cruzadas y un libreto que aparenta fracturas irreconciliables. En otras palabras, la política convertida nuevamente en puesta en escena.
Por un lado, Keiko Fujimori advierte que “han permitido que la izquierda radical vuelva a gobernar”. Por otro, Rafael López Aliaga replica que “no transan con pactos mafiosos ni la izquierda radical”. Entre tanto, el prófugo Vladimir Cerrón ironiza desde la clandestinidad que “el fujicerronismo es una alucinación caviar”. César Acuña promete que su partido seguirá “trabajando por la estabilidad”. Y José María Balcázar habla de una “deuda social en el Ejecutivo”.
Sin embargo, la pantomima no es suficiente cuando se verifica frecuencia sistemática en votaciones clave, además de blindajes estratégicos. Por tanto, lo que presencian los peruanos es tan solo una pretendida simulación de antagonismos para efectos electorales.
Lo que es urgente es que el país enfrenta inseguridad que se expande con cifras crecientes de homicidios y extorsión. También que el fenómeno de El Niño está “a la vuelta de la esquina”.
Por tanto, y sobre todo ante las pretendidas propuestas del presidente encargado del Ejecutivo, es fundamental además precisar un punto esencial sobre la legitimidad del poder. La sucesión presidencial está prevista en la Constitución y no admite cuestionamientos jurídicos. El ejercicio del cargo es plenamente legal. Pero la legitimidad política no se agota en la formalidad constitucional. No es lo mismo asumir el poder por una sucesión definida por mayorías parlamentarias coludidas que recibir un mandato directo de millones de ciudadanos en las urnas. Esa diferencia invalida la investidura, sino que exige prudencia, sentido de transición y enfoque en la estabilidad.
Confundir encargo con mandato distorsiona el rol que ocupa un parlamentario en una etapa como esta. La responsabilidad central es administrar con mesura, atender urgencias y garantizar un proceso electoral transparente. No corresponde actuar como si se contara con un respaldo electoral propio para redefinir el rumbo político del país.
A siete semanas de las elecciones, el voto deberá ser una evaluación crítica de trayectorias y capacidad real de gobierno. No el show que mueve el poder de los mismos autoritarios de siempre.
El Perú necesita menos actuación y más responsabilidad pública.