El periodista investigado por las cloacas del PSOE busca su salida del caso: "Grinda me negó que ofreciese información crítica de Luzón"

El periodista investigado por su presunto papel como colaborador de las supuestas cloacas del PSOE pide al juez que archive las actuaciones en su contra que se siguen por los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Pere Rusiñol dirige un escrito al instructor, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que admite que le entregó un papel al fiscal José Grinda para preguntarle si había ofrecido información de irregularidades que habría cometido su jefe en Anticorrupción, Alejandro Luzón, a cambio de obtener un destino en Bolivia, que recientemente le había sido denegado.

Asegura que «resulta rotundamente falso» que no hubiese leído el papel que entregó a Grinda durante la reunión que mantuvieron, el 27 de febrero de 2025, en la terraza del Hotel Barceló, situado en la calle homónima de Madrid.

Rusiñol sostiene que le entregó lo que era un informe en que se señalaba que «se encontraba en una situación personal comprometida debido al surgimiento de presuntas irregularidades en su actuación profesional» al frente de algunos expedientes judiciales.

Así como que estas supuestas ilegalidades se habrían puesto de manifiesto en una de las sesiones de la comisión sobre la «Operación Cataluña» del Congreso. Por todo ello, se decía en el papel, este miembro de la Fiscalía estaría tratando de encontrar una salida, marchándose un tiempo al extranjero en una comisión de servicios al país boliviano.

Según afirma el periodista imputado que rezaba el documento, a cambio de recibir apoyo para alejarse del foco mediático, Grinda estaba dispuesto a ofrecer información acerca de las mencionadas «presuntas irregularidades» en el seno del Ministerio Fiscal.

La versión que ofrece en el escrito es que durante la cita este fiscal, tras leer y analizar el papel, le negó que hubiera solicitado esa «ayuda» para abandonar España, pero sí que le reconoció que había realizado llamadas al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Rusiñol sostiene que le contó que había realizado estas gestiones para poder comparecer ante la Cámara baja y así tener la oportunidad de desmentir las irregularidades que le atribuían haber cometido en casos que impulsó.

Tal y como relata este periodista, Grinda también rechazó que quisiera proporcionar «información crítica» sobre Luzón, defendió su trabajo como funcionario y recalcó que estaba siendo víctima de una «campaña de difamación».

Rusiñol asegura que, en base a ello, su interlocutor le pidió que no publicase nada por la «gravedad y la naturaleza difamatoria» de los datos que recogía el informe. Sostiene, además, que le ofreció quedarse el documento, pero él no quiso y, tras finalizar la reunión cordialmente, lo destruyó.

Por haber desintegrado el papel, señala que no puede cumplir con el ofrecimiento que le hizo el magistrado Arturo Zamarriego de que aportase alguna prueba que desvirtuara la declaración de Grinda. Para el imputado ello pasa por relevar la fuente «habitual» que le proporcionó el documento, que luego entregó a este fiscal. Advierte, en este sentido, en que le ampara el derecho constitucional a no revelar la fuente.

«Como se ha dicho, el cometido de esa reunión era poner en conocimiento de Grinda la existencia de este documento y contrastar los datos obrantes», insiste, para defender que no hay indicios delictivos en estos hechos y que, por tanto, se le debe dejar fuera del caso que avanza en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.

Entiende, de igual forma, que en este proceso judicial «el objeto de discrepancia» resulta ser el contenido de un documento «de imposible contrastación». A través de su letrada, la exdiputada de Esquerra Republicana Gemma Calvet se desliga, explícitamente, de las presuntas maniobras contra la UCO y del intento de soborno denunciado por Ignacio Stampa por los que están siendo investigados tanto Leire Díez como Javier Pérez Dolset. «Sin que afecte a la prosecución del proceso respecto al resto».

No oculta que la versión ofrecida por Grinda cuando declaró en sede judicial «entraña importantes divergencias» con la que él ofreció en su comparecencia como imputado. Rusiñol, para reforzar la verosimilitud de su versión, alude a que Grinda, actualmente y durante tres años, está destinado en la escuela de jueces y fiscales en La Paz (Bolivia) en un programa de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas.

Este hecho coincidiría –según su letrada– «con la información que trasladaron a su representado» y que en el marco de su labor periodística dice haber querido contrastar directamente con él.

Utiliza, asimismo, a su favor, que mantuvo el contacto y el mismo tipo de relación con Grinda con posterioridad a su encuentro: ambos continuaron manteniendo conversaciones a través de WhatsApp sobre esa misma reunión en un tono absolutamente cordial y amistoso.

Rusiñol defiende que le aportó credibilidad y verosimilitud al documento que le entregaron sobre Grinda (que luego él le entregó en mano a este), ya que contenía datos o extremos que había conocido previamente como consecuencia de la relación profesional –de fuente– que le unía con el que era fiscal de Anticorrupción.

Tal y como explicó en su declaración, insiste en que está en disposición de acreditar que llegó a facilitarle a Grinda el contacto de un ministro del país boliviano en relación a su deseo de marcharse a ese país.