Ayuso, sobre la crisis de 'los pocholos': "Si iba tan mal la educación y doy un cambio, ¿también está mal?"

El Pleno de la Asamblea de Madrid arrancó este jueves con la toma de posesión de tres nuevos diputados en la bancada del PP. Eva María Gallego Berzal, Irene Zamora Sánchez y Paul Rubio juraron sus cargos antes de que empezase la sesión de control. En el banco del Gobierno había posado la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Pese a los intentos de la Comunidad de Madrid y del PP, el elefante estaba en la habitación. La crisis de 'los Pocholos', un extravagante clan que se había hecho con las riendas de la Consejería de Educación y que ha influido mucho en las políticas de cultura del Gobierno de Ayuso estos últimos años, sacude al gabinete de la presidenta y también a su grupo parlamentario. Por primera vez desde que llegó a la presidencia en 2019, Ayuso ha tenido una rebelión interna con importantes consecuencias políticas. De entrada, ha visto frustrado uno de los proyectos estrella de la legislatura, la ley de universidades, con los seis centros madrileños en una situación crítica, asfixiados económicamente.

Aunque el orden del día del Pleno estaba cerrado antes de que estallase la bronca interna en el PP, tanto Más Madrid como el PSOE pidieron en la sesión de control explicaciones a Ayuso sobre la crisis su partido y las consecuencias que tendrá para las políticas educativas. Su portavoz, Mar Espinar, en su turno, recordó que la Complutense va a tener que recortar un 35% el gasto para pagar el crédito a la institución que debía protegerla, la propia Comunidad de Madrid, y advirtió que ese grave problema no se soluciona “cambiando a Pocholos por pitbull”, en referencia a la consejera recién nombrada.

Desde Más Madrid, su portavoz, Manuela Bergerot, fue aún más dura: aseguró que la caída de Emilio Viciana, consejero hasta este lunes, no se debe al mal camino de la ley de educación sino a las denuncias que presentó en la fiscalía sobre la corrupción en la FP, un caso que investiga un juzgado de Madrid que acumula varios imputados por fraccionar facturas y amañar contratos en los Gobiernos de Ayuso y otros anteriores. Desde el sillón de presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, consejero de Educación en la época que se investiga, escuchó las acusaciones de Bergerot sin interrumpirla. En la fila del Gobierno, la consejera de Economía, Rocío Albert, alto cargo de Ossorio en aquel momento, hacía lo mismo.

La pregunta de Bergerot iba sobre los millones de euros que la Comunidad gasta cada año en publicidad institucional para primar a sus medios amigos, pero se desvió hacia la educación y el cese del consejero: “No lo han echado por incompetente, que lo es, lo han echado por denunciar el caso FP”. “Lo han cesado por la única línea roja que no se puede cruzar en el Partido Popular, denunciar la corrupción en el entorno de Ayuso”.

En su réplica, la presidenta respondió con una pregunta retórica. “Si iba tan mal la educación y doy un cambio, ¿también está mal?. Aclárense un poco, sea coherente dijo Ayuso. La presidenta dedicó una única frase para defender a los caídos. Del consejero destituido dijo que era ”un funcionario honrado“ y de los tres diputados que renunciaron, Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, a quien algunos en el PP apodaron como 'los pocholos', destacó su formación: un ingeniero aeroespacial, administradores civiles del Estado, licenciados en Derecho.

Los comparó con lo que tiene en la izquierda “trae a la política” y ahí citó, “acróbatas a caballo, quemacajeros personas que gestionaban saunas, porteros de puticlub y saltinbanquis”. Y acusó a PSOE y Más Madrid de pretender una universidad “con pancartas de Herri Batasuna, zozobra” e “ideología sectaria que las está carcomiendo”.

El resto de su intervención ya fueron ataques a la oposición y al Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta de Madrid y su partido tratan de cerrar la crisis abierta mientras la oposición habla abiertamente de una “guerra de clanes” en los populares madrileños. Y la comunidad educativa y las universidades lamentan los años perdidos en los que se entregó el control de la consejería a un extravagante gurú, Antonio Castillo Algarra, cuya caída en desgracia explica la crisis abierta esta última semana.