Uno para todos
El individuo es el enemigo número uno del ciudadano, escribía Alexis de Tocqueville en su diagnóstico sobre el presente y futuro de la democracia en América, argumentando que, mientras el bienestar del primero puede desligarse de la comunidad, el ciudadano solo existe en función de una causa y de una idea compartida de justicia. Este razonamiento me parece pertinente a la hora de analizar el transporte en la ciudad, porque más que un mero asunto de traslados, cuando hablamos de un servicio público tan esencial estamos tratando también de movilidad social. La movilidad social —la posibilidad real de mejorar nuestra posición dentro de la comunidad— es uno de los indicadores más claros del desarrollo, un fenómeno que en México fue prácticamente descontado durante gran parte de su historia como país independiente. Hoy en día, negar que nuestro destino está escrito en piedra es una de las principales motivaciones que tenemos para buscar oportunidades, demandar equidad y defender la libre empresa y el Estado de derecho, elementos centrales de la democracia. Es por esta razón que la insuficiencia de un transporte público digno es un problema de primer orden, porque más allá de que perdamos hasta nueve días al año atrapados en el tráfico o que la temperatura dentro de los vagones del metro alcance los 39 grados, lo que está en juego es la validez del pacto político original que dota a nuestra sociedad de sentido y unidad.
Democracia en tránsito
Durante el reciente Foro Latinoamericano de Expertos en Movilidad, Jesús Padilla Zenteno, presidente del Grupo CISA, acertó al describir el transporte como “el rostro de cualquier capital”. Si los pasajeros sonríen, vamos bien, pero si estamos agobiados, apretados y aprisionados, entonces uno de los activos estratégicos de la democratización queda en entredicho. Durante el Foro se expusieron algunos datos contundentes, en especial el hecho de que bajara en 20% el uso del metro respecto a los niveles previos a la pandemia por COVID, mientras que el uso de motocicleta se incrementara en un 600%. Mi propio hermano ahora quiere una moto, y toda la familia se angustia (en términos relativos, en la CDMX mueren más motociclistas que en cualquier otra ciudad del país). Estas cifras no solo evidencian un deterioro de la infraestructura; revelan una fractura en la civilidad, pues la pérdida es de un modelo regulado hacia uno informal e individualista.
El caso del transporte en México es un ejemplo de cómo los mercados de los países centrales afectan la dinámica de las economías periféricas: nos volvimos un país de coches y no uno de trenes. Aunque debido a lo anterior la complejidad del problema alcanza dimensiones mitológicas, podemos identificar algunos puntos clave que sí están en nuestras manos resolver. El diagnóstico de los expertos es que “la crisis no es operativa, sino consecuencia de un modelo de negocio obsoleto que pretende financiar la modernización, la tecnología y la formalización laboral exclusivamente mediante la tarifa: una premisa financieramente insostenible”. Además, la falta de homologación de los marcos jurídicos locales y federales, aunada a la falta de transparencia en los datos de las concesionarias, paraliza las iniciativas y proyectos del ámbito público y privado por igual. La movilidad es una cuestión central tanto de justicia social como de estrategia nacional, nos estamos jugando la condición misma de la civilidad en un terreno donde la ciudadanía, el gobierno y las empresas podemos coincidir en la igualdad de nuestros intereses. Una democracia que no garantiza el movimiento termina condenando al individuo a quedarse en su lugar.