Inversiones mixtas: buena idea con grandes retos de ejecución
Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan de infraestructura que, entre otros elementos, contempla inversiones mixtas entre el sector público y el privado. Es una muy buena noticia. El país tiene enormes necesidades de infraestructura y el gobierno no cuenta con el espacio fiscal suficiente para financiarlas.
México podría enfrentar un grado de proteccionismo menor que el de casi cualquier otro país para exportar hacia Estados Unidos, lo que haría al país particularmente atractivo para atraer nuevas inversiones. Pero para aprovechar esa oportunidad se requiere una fuerte inversión en infraestructura que permita ofrecer a los inversionistas una oferta eléctrica confiable, así como mejorar las vías de exportación, como son los puertos, carreteras y ferrocarriles de carga.
México parte de una base de infraestructura insuficiente. El país se ubica en la parte media–baja del Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, ocupando el lugar 66 de 139 países en la edición más reciente, después de haber descendido 15 lugares respecto a 2018. Esta posición refleja rezagos importantes en infraestructura y eficiencia logística frente a economías con las que competimos por inversión. En ese contexto, casi cualquier proyecto bien diseñado generaría rendimientos sociales y económicos positivos. Digo “casi” porque algunos de los recientes proyectos emblemáticos han sido cuestionados precisamente por la inconsistencia de sus estimaciones de rentabilidad económica y social.
La buena noticia es que el sector privado cuenta con los recursos financieros para fondear la infraestructura. El sistema bancario tiene una capacidad significativa para financiar proyectos ya que exhibe altos niveles de capitalización por encima de los mínimos regulatorios. Además, el ahorro de los trabajadores en las Afores representa una fuente de recursos para la cual los proyectos de infraestructura de largo plazo son ideales.
Gracias a la reforma de pensiones de 2020, los activos de las Afores pasarán de 20% del PIB, a más de 50% hacia 2045: un volumen de recursos enorme. Uno de los grandes retos es canalizarlos a inversión productiva.
Las inversiones mixtas permitirían movilizar tanto los balances bancarios como los recursos de las Afores hacia proyectos de infraestructura. Pero para ello se requiere un diseño institucional adecuado y una alta capacidad de ejecución.
En la propuesta dada a conocer por el Ejecutivo se establece que el Estado definirá las reglas de operación y los objetivos sociales. Eso es, desde luego, correcto y deseable. En este sentido, deben quedar claros los objetivos de política pública de cada proyecto. Sin embargo, preocupa el anuncio de que el gobierno tendrá una participación mayoritaria en cada proyecto. Esa condición limitaría de forma significativa los recursos disponibles para estas inversiones y pudiera restar atractivo para la inversión privada innecesariamente.
Existen proyectos donde es difícil que el sector privado participe y ahí debe concentrarse la inversión pública. Pero en carreteras, puertos, aeropuertos y plantas eléctricas, donde el sector privado tiene capacidad y experiencia, sería preferible no comprometer recursos fiscales escasos.
El gobierno debe asegurar que los proyectos estén bien operados y cumplan sus objetivos de política pública, pero esto puede lograrse mediante reglas claras, regulación y contratos bien diseñados, no mediante participación accionaria mayoritaria, la cual por otra parte, tampoco garantiza que los proyectos resulten en alta rentabilidad social, como hemos podido constatar en el caso de los proyectos emblemáticos antes citados.
Además, en un contexto de incertidumbre sobre el funcionamiento del nuevo Poder Judicial y dudas respecto a su independencia, sería deseable que estos proyectos contemplen mecanismos de arbitraje internacional. Es difícil pensar que una empresa quiera invertir conjuntamente con el gobierno si percibe que, ante un conflicto, la protección de sus intereses dependerá de un sistema judicial cuya imparcialidad ya se cuestiona internacionalmente.
Finalmente, es indispensable que estos proyectos incorporen, a diferencia de lo ocurrido con algunos proyectos insignia de la administración anterior, proyecciones de demanda conservadoras, análisis costo-beneficio rigurosos y, crucialmente, estudios de impacto ambiental sólidos.
Lo óptimo es que sea el sector privado quien asuma los riesgos de diseño y construcción, que los riesgos de demanda sean compartidos y que el gobierno otorgue garantías frente a riesgos políticos y regulatorios.
Las necesidades de infraestructura son enormes. El sector financiero cuenta con los recursos para financiarlas. Existe experiencia en el sector privado para construir y voluntad del gobierno para implementar esquemas mixtos. Eso es una buena noticia.