La Policía Nacional ha elaborado un contundente informe que desacredita el anuncio de la regularización masiva de inmigrantes del Gobierno de Pedro Sánchez. ABC ha tenido acceso a ese oficio que percibe como efectos negativos el «efecto llamada» que provoca, la «saturación de servicios», el «impacto social y convivencia» y la presión sobre el «mercado laboral e incertidumbre económica». La Comisaría General de Extranjería estima que se podrían beneficiar 1,2 millones de ciudadanos extranjeros, una cifra 250 por ciento superior a los datos que manejaba el Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones. El documento elaborado por los expertos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional fue enviado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) el pasado 2 de febrero, pocos días después del anuncio que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez. Un órgano que lideraba hasta hace pocos días José Ángel González , denunciado por una agresión sexual. Los mandos pidieron a los expertos que aportaran sus observaciones respecto al anuncio de la regularización de inmigrantes. «Si bien en el pasado año intervino en la aportación de borradores previos, respecto al documento actual no ha habido participación alguna en su redacción», criticaron en el inicio del texto. Unas críticas que prosiguieron de forma contundente a lo largo del documento. De esta forma, los jefe de Extranjería inciden en que el presente proyecto trata un tema que «no parece» una «situación sobrevenida ni que se pueda justificar suficientemente la tramitación urgente». Otro de los puntos de interés que mencionan es cuando se explica que esta medida no va a tener un impacto presupuestario. «La implementación de las medidas previstas en el proyecto se va a traducir en un aumento muy notable de la carga administrativa para las Oficinas de Extranjería y las Comisarías de Policía», añaden. «Exigiría un refuerzo de personal , lo que se traduce en un importante impacto presupuestario que no se ha tenido en cuenta», lamentan. Asimismo, la Comisaría General de Extranjería sostiene que la redacción del epígrafe donde se introduce la posibilidad de solicitar una autorización de residencia por razón de arraigo es contraria a la legalidad vigente. «Se opone al requisito exigido por el artículo 126 a) del Reglamento de Desarrollo..., según el cual el ciudadano extranjero para poder solicitar una autorización por arraigo no debe tener la consideración de solicitante de protección internacional», añade, a la vez que advierte que también hay sentencias del Supremo en contra y las normas de Pacto Europeo de Migración y Asilo . «Se destaca que el requisito de haber solicitado protección internacional es demasiado vago como para poder determinar con claridad cuál va a ser el ambiente subjetivo», añaden. Otra de las dudas que se plantea es el «requisito de encontrarse en España» que es «claramente insuficiente puesto que permitiría beneficiarse de la norma a ciudadanos que, pese a ser solicitantes de protección internacional, no hayan permanecido en España y se hubiesen desplazado a otros países de nuestro entorno». «La medida supondría un evidente efecto llamada», remarcan. Una de las incoherencias manifiestas de la propuesta es que la regularización de menores sería por un plazo de cinco años mientras que los adultos sería por un año. «La exigencia de una permanencia continuada de cinco meses: dicho plazo se presenta como totalmente insuficiente . El requisito de carecer de antecedentes penales en España se va a dar prácticamente en toda la casuística, dado que es altamente improbable que sobre un ciudadano extranjero recaiga sentencia penal en el plazo de cinco meses en los que haya permanecido en España», subrayan. Sobre este punto de los requisitos, la Policía sostiene que «no hay una delimitación de qué documentos se van a dar por válidos para acreditar la permanencia exigida de cinco meses, ni se exige que estos necesariamente deban ser nominativos, lo que se traduce en una facilitad de acreditar de forma fraudulenta una permanencia en España, mediante el uso de documentos falsos u obtenidos por terceras personas». «Va a resultar materialmente imposible que un ciudadano extranjero pueda al día siguiente realizar solicitud alguna», desacredita el informe de la Policía Nacional. Con todo ello, los agentes han detectado los «efectos negativos» derivados de este proyecto, que estiman que podría beneficiar a 1,25 millones de ciudadanos extranjeros. El primer problema sería un «efecto llamada» para las redes de tráfico de personas que hacen negocio con los inmigrantes. «El anuncio ya está teniendo una fuerte repercusión en terceros países», reafirman. La segunda de las advertencias es la saturación de servicios porque «existe el temor en amplias capas de la población de que una entrada masiva y rápida de nuevos inmigrantes aumente la carga sobre el sistema sanitario, educativo y los servicios sociales». «Los cuales podrían no tener la capacidad de absorción necesaria», sostienen. «La cifra de extranjeros, en las cifras referidas más arriba y en los plazos tan breves que prevé la norma para perfeccionar la regularización es inversamente proporcional a la capacidad de absorción del Estado español», critican. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras también añade el «impacto social y convivencia» porque esta regularización puede «generar desafíos de integración, tensión en la convivencia ciudadana y, según ciertas percepciones, una sensación de inseguridad en la vía pública. Además de poder favorecer la posible entrada en el país y consiguiente regularización de elementos potencialmente terroristas y otros vinculados al crimen organizado», apostillan. El último de los puntos de interés del oficio de la Policía Nacional versa sobre la «presión sobre el mercado laboral e incertidumbre económica». «Algunos sectores expresan preocupación por el impacto de una mayor oferta de mano de obra en el mercado laboral local, lo que podría aumentar la competencia por empleos no cualificada y una disminución en los salarios generando tensiones sociales, e incertidumbre sobre el futuro económico del país, especialmente si la regularización no viene acompañada de medidas integrales de empleo y políticas de integración», concluyen en un documento que no está firmando por ningún mando.
