Perú busca nuevo presidente y consolida la paradoja entre crisis política y estabilidad económica

El verdadero hecatombe que rodea al Ejecutivo peruano sigue sumando víctimas en sus filas, y esta vez el protagonista es José Jerí, quien tras permanecer poco más de cuatro meses en el cargo fue finalmente destituido por el Congreso. Sin embargo, a pesar de este caos institucional, su economía crece, sus instituciones funcionan con relativa normalidad y el país se sostiene, configurando un paradigmático caso en la región y el mundo.

La votación que destituyo al ahora ex presidente Jerí superó el quórum requerido con 75 apoyos, confirmando la fragilidad que caracteriza al poder presidencial en el país.

Con esta salida, el Perú se encamina a tener su octavo presidente en apenas diez años, una cifra que refleja la profundidad del desgaste institucional. Ahora, el Congreso deberá elegir a un mandatario interino que gobernará hasta el 28 de julio, cuando asuma el nuevo jefe o jefa de Estado tras unas elecciones previstas para dentro de menos de dos meses.

Entre los nombres que compiten por el sillón presidencial aparecen María del Carmen Alva, de Acción Popular; Héctor Acuña, del partido Honor y Democracia; Edgar Reymundo, del Bloque Democrático Popular; y José Balcázar, de Perú Libre. Sin embargo, ninguna candidatura tiene los 66 votos necesarios para imponerse por sí sola, lo que ha abierto un intenso periodo de negociaciones dentro del Parlamento.

Todo indica que será difícil que exista un ganador en la primera ronda. El verdadero cálculo político suele darse después de esa votación inicial, cuando las listas más respaldadas buscan acuerdos con los bloques que quedaron fuera, ofreciendo espacios de poder como ministerios o cargos en la Mesa Directiva. Es la lógica de la supervivencia política aplicada en tiempo real.

Según analistas locales, la candidata que corre con ventaja es la congresista de centro derecha María del Carmen Alva, principalmente por la configuración de fuerzas dentro del Congreso, donde las bancadas mayoritarias tenderían a inclinarse por la alternativa de derecha o centro derecha para evitar que la izquierda controle el Ejecutivo antes de los comicios. Aun así, el centro izquierdista Edgar Reymundo asoma como su principal contendor y podría disputar el liderazgo voto a voto.

Si la votación, que está programada a iniciar a eso de las 19:00 horas peruana, se extiende y no hay acuerdo antes de la medianoche, el presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi, continuará como encargado del Ejecutivo.

La “silla eléctrica” del ejecutivo peruano, una historia de larga data

Pero este episodio no es un hecho aislado. El último presidente en completar el mandato constitucional de cinco años fue Ollanta Humala. Desde entonces, solo Francisco Sagasti logró cerrar un periodo dentro de un gobierno de transición. El resto de los mandatarios renunció, fue destituido o censurado, alimentando la idea de que la presidencia peruana se ha convertido en una verdadera “silla eléctrica”, un cargo donde el riesgo político y judicial es extremadamente alto.

De hecho, el 80% de los presidentes elegidos por voto popular desde la vuelta a la democracia en 1980 ha enfrentado investigaciones por corrupción o violaciones a los derechos humanos. Algunos terminaron en prisión, otros bajo arresto domiciliario, y uno de los casos más impactantes fue el de Alan García, quien se suicidó cuando la policía llegaba a detenerlo en medio de un escándalo de corrupción.

Sin embargo, el Perú también representa una paradoja difícil de ignorar. A pesar de su permanente turbulencia política, el país mantiene una de las inflaciones más bajas de la región, 1,7% anual en el 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. A eso se suma una moneda, el sol, relativamente estable y fuerte, así cómo una economía que ha mostrado capacidad de crecimiento. Este fenómeno ha sido descrito como un modelo de “cuerdas separadas”, donde la política vive en crisis mientras la gestión económica se mantiene protegida de esos sobresaltos.

En el corazón de ese blindaje están el Banco Central, institución con autonomía constitucional y el Ministerio de Economía, con una independencia “de facto” o técnica, que limitan la capacidad de los gobiernos para gastar sin control o emitir dinero de manera irresponsable. Gracias a esa estructura, el país ha logrado sostener cierta credibilidad macroeconómica incluso en medio de la incertidumbre.

Algo similar ocurre con la política exterior. La Cancillería peruana es considerada una de las instituciones más sólidas del Estado, con un servicio diplomático profesional que ha permitido mantener la continuidad internacional del país y evitar que las crisis internas lo transformen en un actor aislado.

La propia Constitución funciona como una especie de “piloto automático” que protege los contratos de inversión y garantiza el libre mercado sin importar quién llegue a la presidencia. Pero este divorcio entre estabilidad económica y fragilidad política también tiene costos.

Mientras los indicadores macro resisten, la gestión pública en áreas clave como salud, educación y especialmente seguridad se ve afectada por la constante rotación de autoridades. Ese vacío ha facilitado el avance del crimen organizado y ha profundizado la sensación de un Estado que muchas veces reacciona tarde.

En esencia, el Perú parece sostenerse sobre cimientos económicos de hierro y un techo político de cristal. Es un país capaz de resistir golpes institucionales, pero al que le cuesta proyectar gobernabilidad.

El problema es que ningún equilibrio es eterno. La creciente crisis de seguridad amenaza con tensionar el modelo que ha permitido separar la economía de la política. Y si ese pilar también se debilita, el país podría entrar en una etapa aún más compleja.

Mientras el Congreso busca contrarreloj a un nuevo presidente interino, la gran interrogante sigue abierta ¿Cuánto más puede resistir un sistema que parece vivir permanentemente al borde de su propia inestabilidad?