Cámara Minera Petrolera presenta propuesta de nueva ley minera

Este artículo fue publicado originalmente en El Día.

Santo Domingo.- La Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) presentó una propuesta integral que señala la ruta para modernizar el marco legal vigente y consolidar una minería responsable alineada con los estándares internacionales.

El documento técnico “Una nueva ley minera: reglas claras para el desarrollo de la República Dominicana” propone una hoja de ruta concreta que incluye una Ventanilla Única Minera con plazos definidos y trazabilidad digital, monitoreo ambiental en tiempo real con base científica, garantías financieras para los planes de cierre desde el inicio de cada proyecto y mecanismos transparentes para la gestión de los beneficios territoriales.

Estas medidas, que se enmarca en las conversaciones y mesas de trabajo que se desarrollan de cara a Meta RD 2036, buscan traducir la modernización legal en una herramienta efectiva para fortalecer la institucionalidad, ordenar la rectoría del Estado y asegurar que la actividad minera opere bajo reglas claras, fiscalización moderna y estándares ambientales rigurosos, en coherencia con la visión de crecimiento sostenible, competitividad y desarrollo territorial.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Pedro Esteva, presidente del consejo de directores de CAMIPE, quien subrayó que la propuesta nace de una profunda reflexión sobre la necesidad de dotar al país de herramientas legales modernas. Durante su intervención, Esteva enfatizó que la actual Ley 146-71, con más de 50 años de antigüedad, opera desconectada de la Constitución de 2010 y de la realidad institucional actual.

“Dejemos atrás los debates ideológicos y enfoquémonos en la evidencia y la técnica. Actualicemos nuestras leyes para que el Estado pueda fiscalizar con eficiencia y las empresas podamos invertir con certeza. Construyamos un sistema donde el orden, la ley y la transparencia sean los pilares de una prosperidad que todos podamos verificar”, afirmó el ejecutivo.

Asimismo, enfatizó que la modernización debe traducirse en reglas verificables y fiscalización efectiva: “No estamos pidiendo que se flexibilicen los controles; al contrario, pedimos que los controles sean más inteligentes, trazables y automáticos”.

Diálogo multisectorial

En el marco de la presentación, se desarrolló un panel de alto nivel moderado por Iban Campo, director general de LLYC en República Dominicana, concebido como un espacio de análisis plural y basado en evidencia. La conversación reunió a Martín Valerio, director ejecutivo de CAMIPE; el padre Eugenio Rivas, rector del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó (ISPFB); Eduardo Verdeja, presidente de la Sociedad Dominicana de Geología; Roberto Despradel, de Despradel & Asociados; y el empresario Roberto Herrera, integrando miradas desde el sector productivo, la academia, la geología, el análisis económico y el liderazgo empresarial.

Durante el diálogo se abordaron temas clave como la fragmentación institucional, la discrecionalidad administrativa y la extensión de los procesos de permisología, elementos que hoy inciden en la competitividad y en la capacidad del Estado para ejercer una rectoría clara y coherente. Los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un sistema con plazos definidos, mayor coordinación interinstitucional y mecanismos de fiscalización científica que fortalezcan la transparencia y la confianza pública.

En ese contexto, Martín Valerio, director ejecutivo de CAMIPE, destacó uno de los pilares centrales de la propuesta: “Estamos planteando la creación de un Fondo de Desarrollo Territorial que garantice que el 5 % de los beneficios netos sea un instrumento de inversión local garantizada. Queremos que esos recursos viajen directamente de la operación minera a las obras que las comunidades necesitan, asegurando que el impacto del sector se perciba de manera directa y tangible en el bienestar de la gente”.

La propuesta presentada también hace hincapié en el rigor ambiental, planteando el uso de tecnología de punta para el monitoreo de agua y aire en tiempo real, así como la definición científica de "zonas de exclusión".

Al cierre de la actividad, se recordó el peso del sector en la estabilidad económica nacional, resaltando que en 2025 la minería representó el 51.91 % de las exportaciones totales del país.

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