Pedro Sánchez prohíbe a los bancos activar tarjetas sin permiso
El Gobierno de Pedro Sánchez endurece el crédito al consumo
El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Crédito al Consumo, una norma que transpone directivas europeas y actualiza el marco regulatorio español ante la expansión de nuevos modelos de financiación.
El texto amplía su ámbito a préstamos personales, microcréditos, pagos aplazados, financiación rápida y sistemas buy now, pay later. También refuerza el papel supervisor del Banco de España y fija nuevas obligaciones de transparencia para las entidades y plataformas digitales que operan en este mercado.
Prohibido activar tarjetas sin solicitud previa
El núcleo de la reforma introduce una prohibición expresa: los bancos no podrán enviar ni activar tarjetas de crédito si el cliente no las ha solicitado previamente y no ha otorgado un consentimiento claro y verificable.
La medida responde a una práctica histórica en el sector financiero, consistente en remitir tarjetas como parte de campañas comerciales o asociadas a otros productos. Aunque en muchos casos no se activaban automáticamente, la simple emisión generaba riesgos de uso indebido o endeudamiento no previsto.
La nueva redacción va más allá de la Ley de Servicios de Pago, que ya obligaba a abstenerse de enviar instrumentos de pago no solicitados salvo en renovaciones. Ahora se blinda también la ampliación unilateral del límite de crédito.
Sin ampliaciones automáticas del límite
Las entidades tampoco podrán incrementar el límite disponible en tarjetas o líneas de crédito sin petición expresa del titular. Cualquier modificación deberá contar con una solicitud previa o aceptación inequívoca.
Durante años, algunas entidades elevaron los límites disponibles de forma automática en función del perfil del cliente o de su historial de pagos. Con la nueva regulación impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, esa práctica queda prohibida si no existe iniciativa previa del consumidor.
Límites a tarjetas revolving y descubiertos
Otro de los puntos clave es el establecimiento de topes al coste del dinero, especialmente en productos de alto interés como las tarjetas revolving. Estos instrumentos permiten aplazar pagos mediante cuotas reducidas, pero con tipos que pueden disparar el importe final adeudado.
La futura ley fija criterios objetivos para evitar situaciones de usura y refuerza la obligación de evaluar la solvencia antes de conceder financiación. El objetivo declarado es prevenir el sobreendeudamiento estructural.
Control reforzado sobre los descubiertos
La norma también introduce límites al coste de los descubiertos en cuenta corriente. Hasta ahora, las comisiones y tipos aplicables podían variar significativamente entre entidades.
Con el nuevo marco, se establecen topes y mayor transparencia en la información previa. El cliente deberá conocer con claridad el coste total, los intereses aplicables y las consecuencias de mantener saldos negativos.
Supervisión para plataformas digitales
Por primera vez, las empresas tecnológicas que concedan crédito al consumo quedarán bajo supervisión del Banco de España. Esto incluye a plataformas que ofrecen financiación instantánea vinculada a compras online.
Si una compañía desea financiar productos para aumentar ventas, deberá asociarse con un intermediario financiero regulado o asumir las exigencias propias de una entidad supervisada. En caso contrario, no podrá cobrar intereses.
Qué cambia para los consumidores en 2026
La entrada en vigor definitiva dependerá de la tramitación parlamentaria, pero el horizonte temporal sitúa la aplicación plena en 2026. A partir de ese momento, los
clientes tendrán derecho a:
- No recibir tarjetas de crédito no solicitadas.
- No ver ampliado su límite sin autorización previa.
- Conocer de forma clara el coste total de créditos y descubiertos.
- Contar con mayor protección frente a intereses abusivos.
El Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que estas medidas alinean la legislación española con los estándares europeos y refuerzan la protección del consumidor financiero en un contexto de inflación y encarecimiento del crédito.
En definitiva, la reforma impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez introduce una prohibición clara: ningún banco podrá conceder, activar o ampliar crédito sin que el cliente lo haya pedido expresamente. Un cambio estructural que redefine la relación entre entidades y usuarios en el mercado financiero español.