La Fiscalía remite a la juez toda su información de las VPP de Alicante al unificarse la causa judicial

Fiscalía ha enviado a la juez sus actuaciones relativas a la adjudicación de Viviendas de Protección Pública (VPP) en la promoción Les Naus en la Playa de San Juan de Alicante, con lo que se unifica la investigación judicial por las adjudicaciones de estos pisos, tras varias denuncias. Según han confirmado fuentes del ministerio público, se ha decidido remitir al juzgado las diligencias de investigación al no poder seguir con el procedimiento puesto que hay una causa judicial abierta. Y es que la pasada semana, la titular de la plaza número 5 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante abrió diligencias previas para investigar esta adjudicación de viviendas. La magistrada adoptó esta decisión tras recibir por reparto una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, que fue presentada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra nueve personas, entre ellas la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, una exdirectora general y otros empleados municipales. La instructora ordenó entonces recabar los procedimientos abiertos en la Fiscalía de Alicante en virtud de otras denuncias previas formuladas ante esa institución a fin de unificar en el procedimiento judicial todas las acciones legales en torno a los mismos hechos para tener un conocimiento íntegro y darles la correspondiente tramitación procesal. A raíz de este requerimiento, la Fiscalía ha mandado al juzgado las diligencias preliminares que tenía abiertas relacionadas con este asunto de viviendas a raíz de varias denuncias interpuestas. En concreto, del propio Ayuntamiento de Alicante, el PSPV-PSOE, Sumar y la Conselleria de Vivienda. El caso se originó tras conocerse que la exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento alicantino, Rocío Gómez, y familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, estaban entre los adjudicatarios de VPP. Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.