La Justicia da por cumplida la sentencia que declara que El Algarrobico no es urbanizable diez años después de dictarla

Una década después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado por concluida la pieza de ejecución de la sentencia que en 2016 (firme desde 2018) declaró como no urbanizable el paraje en el que se asienta el hotel de la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). Se trata de un edificio de 411 habitaciones y una veintena de plantas promovido por Azata del Sol, situado en zona de servidumbre de la Ley de Costas y en el parque natural de Cabo de Gata, que fue paralizado en 2006 por orden de un juez cuando estaba al 80% de su ejecución.

La adaptación del plan urbanístico municipal para que recoja exactamente lo que confirmaba la sentencia del TSJA ha llevado ocho años, cinco desde que se abrió una pieza de ejecución. La sentencia de primera instancia fue dictada el 18 de julio de 2016, hace casi una década. En este tiempo, el Ayuntamiento se ha servido de una variada gama de maniobras dilatorias para retrasar el cumplimiento, según han lamentado tanto los ecologistas como la Junta de Andalucía en reiterados escritos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.

El retraso es todavía mayor si se tiene en cuenta cuándo surgió la obligación de adaptar el PGOU. “Hace 32 años que tenían que haber modificado las normas subsidiarias, hoy PGOU, cuando se publicó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales en el BOJA de 22 de diciembre de 1994”, recuerda José Ignacio Domínguez, el abogado de Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción que impulsa en los tribunales la batalla contra la mole y sus promotores.

La panoplia de giros y ardides que han provocado estos retrasos desde que se dictó la sentencia firme agota el repertorio del derecho administrativo: publicaciones incompletas, errores de identificación, planos incorrectos, supuesta necesidad de nuevos informes, bajas laborales, excesos en el texto aprobado por el Pleno... Todo esto ha provocado que Ecologistas en Acción haya llevado el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los magistrados han advertido en varias ocasiones en estos años a los sucesivos alcaldes (José Luis Amérigo -PSOE-, Felipe Cayuela -PP- y Salvador Hernández -Ciudadanos-) con multarles si seguían poniendo “excusas” (según sus propias palabras) y no cumplían sus resoluciones, sin pasar nunca de la advertencia.

Cada paso mal dado ha supuesto una nueva marcha atrás o, como mínimo, la paralización del proceso. De ahí que cada plazo prometido haya caído en saco roto. El Ayuntamiento llegó a reclutar como asesor jurídico externo al exmagistrado que dictó la única sentencia (entre en torno a 50) que ha considerado que la mole es legal.

Ni siquiera en los últimos meses, cuando el catálogo de errores, omisiones y excusas parecía agotado, estuvo claro el cumplimiento. La Sala tuvo que insistir en que era necesario publicar el “contenido íntegro” de las nuevas normas urbanísticas a fin de dar por cumplida la sentencia, después de que la Junta de Andalucía protestara tras una primera publicación insuficiente.

Con todo, la constatación de que el suelo de El Algarrobico es no urbanizable también en la planificación urbana de Carboneras no deja totalmente expedito el camino al derribo del edificio. La licencia de obras sigue vigente casi 25 años después de que fuese concedida por el Ayuntamiento de Carboneras.

El Consistorio tramita desde el año pasado un expediente de revisión de esa licencia para cumplir otra sentencia del TSJA, firme desde 2021, pero para revisar la licencia es preceptivo ahora un informe del Consejo Consultivo de Andalucía. Los ecologistas denuncian que la tardanza del Consistorio en remitir el expediente al Consultivo va a provocar inexorablemente la caducidad del proceso, obligando a repetirlo y añadiendo una nueva demora en el intrincado camino que debe llevar a la demolición del edificio ilegal.

Sin cuestiones “pendientes de decidir”

En el auto dictado este lunes, la Sala de lo Contencioso-administrativo pone fin al procedimiento para ejecutar la sentencia que obliga a hacer constar que el suelo de El Algarrobico es “no urbanizable”. Al fin, los magistrados constatan que no hay ya ninguna “cuestión pendiente de decidir”, después de que el boletín oficial de la provincia (BOP) haya publicado los cambios en el plan general. La publicación se produjo el pasado 12 de enero.

Se cumple así una sentencia dictada por esta misma sala el 18 de julio de 2016 a raíz del recurso que impulsaron las organizaciones ecologistas Salvemos Mojácar, Ecologistas en Acción y Greenpeace, por el que se revocaba el acuerdo del pleno adoptado el 11 de agosto de 2009 que cambiaba la consideración de los sectores ST-1 y ST-2, este último referente a El Canillar.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Ciudadanos), pidió a finales de enero al TSJA que archivara el procedimiento dirigido contra la administración local ante la modificación parcial de su plan general de ordenación urbana conforme a las directrices recibidas para que la norma urbanística pudiera desplegar todos sus efectos, informando de la publicación de todos los cambios exigidos hace una década.

En ese escrito, Hernández escudaba la demora en “una serie de vicisitudes originadas en esta fase de ejecución” “no imputables a la corporación local” aunque “alguna de las partes contrarias las tildaron de maliciosas y abusivas”.

La vía de la expropiación

La ejecución de las dos sentencias dictadas hace una década (la que declara no urbanizable el suelo -2016, firme desde 2018- y la que obliga a revisar la licencia -2018, firme desde 2021) es la vía preferida por el Gobierno de Juan Manuel Moreno para acabar con El Algarrobico. Pero el Gobierno central ha abierto otra vía paralela, a la que el Gobierno andaluz no se ha sumado por ahora, consistente en expropiar los terrenos que se sitúan en dominio público marítimo-terrestre, unos 16.000 metros cuadrados (algo más de la mitad del total).

La propuesta fue anunciada a pie del hotel por la ministra de Hacienda María Jesús Montero hace ahora un año, y deberá pasar ahora por un tribunal administrativo (el jurado provincial de expropiaciones) que valore cuál es el justiprecio a pagar por el terreno. Azata pidió al Gobierno 44,5 millones de euros, y este lo rechazó y realizó una contraoferta que apenas supera los 16.000. Si las partes no se conforman con el valor que determine el arbitraje, podrán añadir otro proceso más a la densa maraña judicial que desde hace dos décadas amarra El Algarrobico a la playa de la que toma su nombre.