Más de 50 entidades se unen contra el veto de Igualdad a los colectivos no abolicionistas: "Es inconstitucional"

Más de 50 organizaciones se han unido para denunciar el cambio que el Ministerio de Igualdad quiere aprobar para vetar a las entidades que no se declaren abolicionistas de la prostitución de dos de las subvenciones públicas que concede periódicamente. Los colectivos han presentado alegaciones a la consulta pública que el departamento dirigido por Ana Redondo abrió para explicar las modificaciones de las bases y advierten de que, si el ministerio no da marcha atrás, tomará “las acciones legales oportunas” contra la decisión. Las objeciones han sido suscritas por 54 entidades.

Las ayudas afectadas son las que Igualdad otorga para programas de concienciación, prevención e investigación de la violencia machista y para el apoyo de víctimas de trata. A través de dos órdenes ministeriales, el ministerio pretende modificar sus bases reguladoras para reclamar a las asociaciones que, si quieren concurrir, deben reconocer “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres” o bien en sus estatutos o acreditando experiencia previa. Un cambio que los colectivos que han impulsado las alegaciones califican de “inconstitucional” y consideran “contrario” al principio de igualdad, de neutralidad ideológica y pluralismo democrático.

“Esta exigencia supone imponer una posición ideológica concreta como requisito para acceder a fondos públicos y vulnera principios básicos que deben regir cualquier política pública en un Estado social y democrático de derecho”, ha apuntado Cumbre Sánchez, mediadora comunitaria del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), en una rueda de prensa convocada junto a otros colectivos para oponerse al cambio. Entre ellos hay organizaciones de trabajadoras sexuales como el sindicato OTRAS o AFEMTRAS, pero también entidades como la Asamblea Feminista de Madrid, Acción en Red, Alianzas Rebeldes, La Laboratoria o Voces Feministas por los Derechos.

Las convocantes, apoyadas también por Amnistía Internacional, exigen al Ministerio de Igualdad que “elimine” las exigencias que pretende introducir en las ayudas públicas y garantice que “que los criterios de concesión sean exclusivamente técnicos, objetivos y no discriminatorios”. Los colectivos se reconocen “comprometidos de forma firme e inequívoca” con la lucha contra “todas las formas de violencia”, incluida la trata y la explotación sexual, y “precisamente por eso” consideran “imprescindible” lo que definen como un “intento de instrumentalizar políticas públicas destinadas a la protección de víctimas para imponer una determinada agenda ideológica”.

El ministerio justifica los cambios propuestos en un intento de “reafirmar el enfoque feminista” de las subvenciones en base a la “perspectiva de género y el enfoque abolicionista” que “orientan” las políticas públicas que lleva a cabo, apunta en la memoria de impacto de la modificación legislativa. La nueva redacción incorpora a las condiciones que ya regían en convocatorias anteriores la exigencia de acreditar que las entidades tienen entre sus fines y objetivos su oposición a “otras formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva”.

Una obligación que los colectivos creen que “tendrá consecuencias” porque, entre otras cosas, “reducirá el número de entidades” que podrán acceder a las ayudas públicas, independientemente de cuál sea su posición sobre la prostitución. “Excluir a aquellas que no tienen una posición abolicionista debilita los recursos y los medios para intervenir en contextos de gran complejidad. En muchos colectivos lo que existe es una diversidad de posiciones, obligarles a que tengan uno concreto es un ataque al derecho a la libertad de asociación”, ha esgrimido Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid.

“Independientemente de si nos declaramos abolicionistas o proderechos, muchas organizaciones de las que no hemos sumado preferimos centrarnos en lo que sí nos une”, ha añadido Mamen Briz, portavoz de Alianzas Rebeldes, que ha calificado la posición del ministerio de “antidemocrática” porque “ahonda en el estigma y la exclusión”.

Mónica Martín, secretaria general de OTRAS, y Ninfa Meza, de AFEMTRAS, han lamentado, además, que la decisión se haya tomado “sin consultar” a las organizaciones formadas por prostitutas. “Habéis tomado decisiones desde vuestros cómodos despachos, con vuestros sueldos fijos, sin tener una idea real de nuestras necesidades ni de nuestra realidad. ¿Por qué nos estáis excluyendo de las decisiones que afectan directamente a nuestras vidas?”.

Igualdad defiende el cambio

Fuentes de Igualdad aseguran que las bases de la convocatoria que quiere aprobar son “jurídicamente sólidas, coherente con el marco constitucional, europeo e internacional vigente”. El departamento dirigido por Ana Redondo responde así a las exigencias de las asociaciones, apuntando a que considerar la prostitución una forma de violencia machistas “no constituye una imposición ideológica ni una restricción indebida de la concurrencia competitiva, sino una manifestación legítima del principio de orientación finalista del gasto público hacia fines de igualdad y de protección de los derechos humanos en línea con las orientaciones estratégicas” del ministerio.

Las mismas fuentes señalan que la orden es “necesaria, proporcionada y adecuada” y aclaran que “se ha optado de manera expresa por un modelo abolicionista de la prostitución” que asegura que “va en línea” con recomendaciones y resoluciones de ámbito europeo que “señalan que el enfoque abolicionista es el que mejor resultados ofrece para reducir la demanda de prostitución, disminuir la trata con fines de explotación sexual, proteger a las mujeres y avanzar en igualdad entre mujeres y hombres”.

Las organizaciones que se han unido para alegar contra la medida y que destacan que la prostitución “no está tipificada como delito” apuntan, por su parte, a que los instrumentos internacionales de derechos humanos como el Convenio de Estambul “no califican la prostitución en sí misma como una forma de violencia, sino que instan a combatir la violencia, la explotación y la trata desde un enfoque basado en derechos humanos, sin discriminación ni estigmatización”.

Desde Voces feministas por los derechos, una red de investigadoras en prostitución de una veintena de universidades públicas que se ha unido a las alegaciones, sostienen que “no existe un consenso académico internacional en considerar toda prostitución como violencia machista persé” y consideran el paso dado por el ministerio como “una instrumentalización política de un debate importante, no una decisión basada en la evidencia científica”.