Fortuna mal habida
Hace un par de semanas, el New York Times publicó un reportaje acerca del dinero que ha ganado Donald Trump en su segunda presidencia.
El reportaje señalaba ganancias aproximadas en un año, por 1.4 billones de dólares.
El presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del planeta, utiliza su puesto al frente del gobierno y como poderoso líder mundial para incrementar su fortuna personal y familiar.
Esto no debiera sorprender a nadie, puesto que para muchos políticos estadounidenses se trata de un empresario de bienes raíces convertido en presidente por segunda ocasión.
El problema es que viola un sinnúmero de leyes, para no abordar los temas éticos y morales.
Parece político mexicano. Perdón, fue una generalización. Parece de esos políticos mexicanos que aprovechan su puesto para obtener contratos, concesiones, negocios e información privilegiada, para mejorar considerablemente su posición económica.
En Estados Unidos no era así. En buena medida, porque cuando llegaban al Senado o a los gobiernos estatales ya contaban con una fortuna familiar o con un patrimonio sólido.
Esto no quiere decir que no existiera la corrupción en la Unión Americana; por supuesto que sí, pero era distinta, maquillada, disfrazada.
Hoy tienen un líder que, sin empacho ni prurito alguno, ordena negocios desde su oficina para su imperio empresarial que ha crecido y se ha diversificado.
De entrada, él y Melania, su esposa, tienen, cada uno, sus propias monedas virtuales o digitales, como se llaman ahora, con las que compiten con Bitcoin y muchas otras.
Sin embargo, el gran negocio vendrá en dos frentes: uno, el petróleo y las medidas tomadas contra Venezuela. El segundo será la trágica y criminalmente explotada Franja de Gaza.
Durante la Cumbre Mundial de Davos en enero, su yerno Jared Kushner anunció un megaproyecto de desarrollo inmobiliario con 180 rascacielos (oficinas, hoteles, residencias, corporativos) que pretenden poblar esa privilegiada franja de desierto bañada por el Mediterráneo.
En esa dirección, Trump creó el Consejo para la Paz en Gaza, que convocó a muchas naciones del mundo, pero asistieron por ahora solo un promedio de 25.
Las que participaron temen ser colocadas en la lista negra de los aranceles y la presión de Washington, lo que se traduce en el simple y ancestral delito de la extorsión.
Trump extorsiona a otros líderes del mundo para que hagan negocio con él, o de lo contrario, se atengan a las consecuencias.
Ayer se anunció que esos primeros 20 firmantes para la hipotética paz de Gaza deberán donar cada uno —escuche con atención— 5 mil millones de dólares por país miembro.
Es como un derecho de admisión. Además, obtienen algunas ventajas en bienes raíces, tierras y acciones del nuevo consorcio Gaza, Ltd.
Es decir, Trump no solo coloca las condiciones para la inversión, arregla a los países vecinos, condiciona a Israel, sino que además, suma a una serie de inversionistas para que le construyan el negocio… Él solo cobra. Él lo hizo posible; esa es su lógica.
La habilidad negociadora, coercitiva y acosadora ha obligado ya a varias naciones a “hacer su contribución” para formar parte del nuevo consorcio internacional de Trump.
El problema… la gente. Los cerca de dos millones de gazatíes, bombardeados, asesinados, perseguidos hasta el holocausto del Estado de Israel en su contra, se convertirán en los esclavos de su propia tierra. Trabajadores, albañiles, taxistas, limpiavidrios, los obreros del conglomerado turístico y de negocios de Trump.
Ciertamente, podría generar una paz aparente y pasajera con un boom económico y de inversión. Pero ahí existen germinadas —lo sabemos— semillas de odio y venganza por generaciones.
El nuevo negocio de Trump contempla miles de metros cuadrados de desarrollo en múltiples direcciones, que será enormemente rentable por las inversiones árabes e israelitas. El capital no tiene creencias ni ideologías: suele ser bastante pragmático.
Si esto se logra a pesar de la frágil situación política interna de Trump, tendrían que levantarle una estatua por la conquista inmobiliaria más ventajosa de la historia.
Y nadie —todavía— en el Congreso de los Estados Unidos levanta la voz para denunciar el colosal atropello a derechos, o la galáctica violación a la Constitución perpetrada, ni más ni menos, que desde la Oficina Oval.