Estos son los casos de "autodespido" en los que el trabajador puede abandonar su empresa: paro e indemnización
El "autodespido" es una acción laboral que permite al trabajador terminar su relación laboral de forma voluntaria pero obteniendo los mismos derechos que un despido improcedente, siempre que se cumplan ciertas condiciones legales. En este contexto, muchos empleados se plantean esta posibilidad cuando se sienten afectados por incumplimientos de la empresa, modificaciones sustanciales de sus condiciones de trabajo o situaciones que deterioran su bienestar físico o psicológico. En general, los asalariados se ven perjudicados, a nivel físico o mental, por su actividad y encuentran el motivo perfecto por el que cesar su actividad con la empresa.
De este modo, cuando un trabajador desea abandonar la empresa, existen fundamentalmente dos opciones. La primera es la renuncia voluntaria, que implica abandonar el puesto de trabajo sin alegar causa justificada y conlleva la pérdida del derecho a paro y de cualquier indemnización extra. La segunda es el "autodespido", que permite reclamar ante un juez la extinción del contrato con derecho a indemnización y a la prestación por desempleo, siempre que el trabajador pueda demostrar la existencia de incumplimientos graves por parte del empleador. Esta diferencia marca un punto clave en la protección del trabajador frente a situaciones adversas dentro de la empresa.
El problema surge cuando el cese no se realiza con una causa legalmente justificada. En estos casos, el trabajador pierde el derecho a cobrar el paro y tampoco recibe compensación económica, más allá de lo que le corresponde por ley en términos de vacaciones no disfrutadas o pagas pendientes. Por ello, la ley establece cuatro supuestos concretos en los que el "autodespido" se considera válido, ofreciendo seguridad jurídica tanto al empleado como al empleador y permitiendo que la finalización del contrato se lleve a cabo con todos los derechos laborales intactos.
Traslados no justificados por la compañía
Si la empresa traslada al trabajador a un centro de trabajo en otra localidad sin notificarlo con la antelación mínima legal de treinta días o sin motivos organizativos razonables, el empleado puede solicitar la extinción del contrato con derecho a indemnización y paro. Para que este despido por cuenta propia sea válido, el trabajador debe demostrar que el traslado representa un perjuicio real y que la empresa no ha cumplido con los requisitos de comunicación y justificación establecidos por la ley.
Cambio sustancial en las condiciones laborales del trabajador
Esto ocurre cuando la empresa altera de forma significativa aspectos como el horario, el turno o el salario del trabajador sin justificación legal o contractual. Por ejemplo, cambiar una jornada regular a turnos de fin de semana o reducir el salario constituye una causa que puede legitimar el cese. En estos casos, el empleado puede reclamar una indemnización de veinte días de salario por año trabajado con un límite de nueve meses, siempre que pueda demostrar que la modificación afecta de manera grave a su situación laboral.
Si el trabajador es víctima de impagos o retrasos salariales
Cuando la empresa acumula tres meses de salarios adeudados o realiza pagos de manera irregular que afectan la estabilidad económica del trabajador, este puede solicitar la extinción de su contrato. Para que la acción sea válida, el empleado debe aportar evidencia de los impagos o retrasos y demostrar que ha intentado resolver la situación antes de recurrir a la vía judicial. En este caso, la extinción del contrato se equipara a un despido improcedente, dando derecho tanto al paro como a la indemnización correspondiente.
Acoso laboral o comportamientos que exceden el límite
El cuarto supuesto se centra en incumplimientos graves de la empresa, incluyendo situaciones de acoso laboral o una carga de trabajo extrema que comprometa seriamente la salud física o mental del trabajador. Con el fin de que el "autodespido" tenga validez, el empleado debe probar ante un juez la existencia de estas circunstancias y que la empresa no ha adoptado medidas para corregirlas. Una vez reconocida la causa, el trabajador tiene derecho a la indemnización por despido improcedente y al acceso a la prestación por desempleo, asegurando así protección frente a conductas empresariales que ponen en riesgo su bienestar y seguridad laboral.