Contradicciones, inconsistencias y un peligroso precedente: lo que deja la renovada presión de Estados Unidos a Cuba

El bloqueo sobre Cuba no es algo nuevo en la política estadounidense, ni tampoco para los propios cubanos. Desde el triunfo de la revolución en 1959, Washington observó con profunda preocupación el rumbo político de la isla y, oficialmente desde 1963, bajo la administración de John F. Kennedy, se aplicó un embargo total al comercio bilateral. Desde entonces, Estados Unidos no solo ha mantenido esta política, sino que la ha expandido, con una intensidad que, aunque ha tenido matices, poco ha variado a lo largo de las décadas.

Sin embargo, la renovada estrategia de seguridad impulsada por el presidente Donald Trump dio un paso más allá, planteando un repliegue sistémico de la mayor potencia económica y militar del mundo hacia lo que considera su hemisferio natural de influencia. En este nuevo escenario, Cuba vuelve a ocupar un lugar central en el tablero regional.

Tras la intervención en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, y en medio de presiones geopolíticas que incluso han incluido el interés por el control de Groenlandia, Estados Unidos ha establecido un bloqueo naval de facto en las rutas que conectaban Caracas con La Habana, asegurándose de que el petróleo que antes llegaba mediante acuerdos preferenciales o convenios médicos ya no entre a la isla.

Esta ofensiva, que pasa de un embargo comercial a un verdadero cerco energético global, quedó formalizada en la “Orden Ejecutiva del 29 de enero de 2026”. Con ella, Washington ya no solo prohíbe a sus empresas comerciar con Cuba, sino que además utiliza su poder económico —y, sobre todo, su capacidad de presión militar— para castigar al régimen castrista.

El mecanismo es imponer aranceles adicionales a cualquier país que suministre petróleo a la isla, directa o indirectamente. Y los efectos ya son visibles. Desde el 10 de febrero, gran parte del tráfico aéreo internacional hacia Cuba se ha paralizado, dejando al país prácticamente desconectado y golpeando de lleno al turismo, su principal fuente de divisas.

La crisis energética se ha agravado. 6 de las 16 unidades termoeléctricas están fuera de servicio por averías o mantenimiento, y recientemente más de la mitad del territorio cubano sufrió apagones simultáneos. El gobierno de Miguel Díaz-Canel acusa a Washington de promover una verdadera “asfixia energética”, señalando que las sanciones impactan directamente en la capacidad del país para sostener servicios básicos.

La situación encendió alarmas internacionales. El 13 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó una “extrema preocupación” por la crisis socioeconómica en la isla. Según la ONU, las restricciones al suministro de petróleo están agravando un escenario ya crítico, recordando que los objetivos políticos no pueden justificar acciones que, en sí mismas, violen los derechos humanos.

Las consecuencias son severas, hospitales en riesgo por fallas eléctricas, posibles pérdidas de vacunas y medicamentos debido a la ruptura de la cadena de frío, comedores escolares y maternidades afectados por la falta de combustible, y un deterioro progresivo de los sistemas de agua y saneamiento.

Lejos de moderar el discurso, Trump ha instado al gobierno cubano a “hacer un trato antes de que sea demasiado tarde”. Ha sugerido que, si la isla accede a una transición, Estados Unidos podría mostrarse “amable”, pero que, mientras tanto, el cerco seguirá apretándose.

La justificación oficial sostiene que Cuba ya no es solo una dictadura, sino también una plataforma para potencias rivales. Dentro de la lógica del repliegue hemisférico —la llamada doctrina “Donroe”— y con Maduro ya bajo custodia estadounidense, Cuba aparecía como el siguiente peón estratégico.

El secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y uno de los arquitectos de esta política, ha sido explícito, el embargo está codificado en la ley y exige un cambio de régimen para ser levantado. Según su visión, mantener a Cuba bajo presión evita que exporte inestabilidad a la región. Incluso ha afirmado que los cubanos podrían ejercer finalmente sus libertades fundamentales si el sistema actual desaparece.

Lo novedoso no es solo la dureza de las medidas, sino la sinceridad del argumento. Ya no se sostiene que las sanciones no afectan al pueblo; por el contrario, el sufrimiento económico se presenta como un paso necesario para acelerar el fin del modelo político cubano.

Pero esta narrativa encierra profundas contradicciones y plantea peligrosos precedentes. Washington asegura querer empoderar al pueblo cubano, pero al cortar el combustible paraliza hospitales, escuelas y sistemas de agua. Quienes sufren el golpe son, precisamente, los ciudadanos a los que dice querer ayudar. Para muchos analistas, esto no solo tensiona el derecho internacional, sino que instala un precedente peligroso, el uso del hambre y la sed como instrumentos legítimos de presión política.

Rubio describe al régimen castrista como incompetente y moribundo. Sin embargo, al sancionar incluso a terceros países que venden petróleo a la isla, Estados Unidos interviene activamente para garantizar que el país no funcione, debilitando el argumento de que la crisis responde únicamente a la mala gestión interna.

La comparación con Venezuela también revela una doble vara. Allí, tanto Trump como Rubio no han tenido problemas con entenderse con los herederos del chavismo si garantizan estabilidad, en Cuba, en cambio, no parece haber espacio para matices, la exigencia es la rendición o el colapso total, una postura que algunos vinculan también a cálculos políticos internos, particularmente de cara al electorado de Florida y a las próximas elecciones de medio término.

Otra de las inconsistencias emerge cuando la orden ejecutiva califica a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria”, mientras el propio Rubio la describe como un Estado moribundo. Resulta difícil sostener que un país sin combustible para sus hospitales represente un peligro militar real para la mayor potencia del planeta.

En un gesto igualmente paradojal, el Departamento de Estado anunció el envío de seis millones de dólares en ayuda humanitaria. Washington crea una crisis mediante sanciones y luego intenta presentarse como salvador aportando una fracción mínima de lo necesario, el objetivo sería evitar un éxodo masivo hacia Florida más que aliviar el sufrimiento inmediato.

La incoherencia se amplía al observar otras alianzas. Mientras se denuncia a Cuba como amenaza marxista, Estados Unidos mantiene acuerdos comerciales con Vietnam, y extiende relaciones privilegiadas con petromonarquías de Medio Oriente pese a cuestionamientos sobre libertades civiles, priorizando intereses geopolíticos y energéticos.

Más allá de las contradicciones, el verdadero peligro radica en la normalización de la privación de insumos básicos como arma estratégica, en la instrumentalización del sufrimiento humano. Se perfila así un orden cada vez más transaccional, donde la ética de los derechos humanos corre el riesgo de volverse sacrificable si el objetivo geopolítico se considera lo suficientemente relevante.

Si esta lógica se acepta —en Cuba, en Gaza o en cualquier otro escenario— la gran pregunta que queda abierta es si el mundo está dispuesto a tolerar que el fin justifique los medios, incluso cuando esos medios son acosta de la integridad de millones de vidas y si haremos de esto la nueva normalidad en la negociación política de los tiempos venideros.