Derrotar a Cártel Jalisco sin incendiar el país
En materia de seguridad, México enfrenta un acertijo: cómo reducir el inmenso poder que ha amasado el CJNG, sin provocar una ola de violencia que castigue a la población civil en varias regiones del país. El diagnóstico más reciente de Lantia Intelligence sobre la presencia y el control territorial de esta organización muestra un dato inquietante y revelador: su presencia es amplísima aunque marcadamente desigual. En algunos estados es altamente dominante, mientras que en otros su presencia es apenas mayoritaria. Sin embargo, en un muy alto número de estados el CJNG sostiene reñidas disputas con un alto número de grupos locales.
El CJNG ha crecido gracias a una estrategia flexible. No siempre conquista por la fuerza; con frecuencia coopta, pacta o absorbe organizaciones locales. Como los zorros, es altamente adaptable a distintos ambientes y condiciones extremas. En estados clave del centro del país, como Jalisco, ha construido un bastión con redes financieras y una firme colusión municipal. En nodos logísticos como el puerto de Manzanillo o corredores fronterizos del norte, ha privilegiado el control de rutas estratégicas. En otras regiones, especialmente en el sur y sureste, se ha expandido mediante alianzas regionales y la cooptación de liderazgos locales. El resultado es un mapa donde ‘las disputas’ caracterizan la situación prevaleciente en la mayor parte de entidades donde el cártel está presente. Esto tiene una implicación clara: una ofensiva frontal podría exacerbar guerras locales, detonar otras nuevas y terminar por incrementar justamente lo que se busca reducir –homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados e incertidumbre económica.
México ya experimentó un escenario semejante. En 2006, el gobierno de Calderón optó por una estrategia de confrontación directa. Aunque logró capturas relevantes, la fragmentación criminal y la multiplicación y dispersión de los conflictos locales elevaron los niveles de violencia a cifras récord. En este punto, países como Colombia nos ofrecen lecciones útiles. Ellos entendieron que desarticular a los grandes cárteles de Medellín y Cali no era una cuestión estrictamente militar, sino que era indispensable la combinación de inteligencia financiera, cooperación internacional, reformas policiales y presión judicial sostenida. De modo que el golpe que asestaron consistió en asfixiar sus redes políticas, logísticas y financieras.
En México la estrategia también debe ser quirúrgica. Primero, hay que reconocer que el “centro de gravedad” del CJNG no descansa únicamente en sus brazos armados, sino en sus finanzas y su capacidad para pactar alianzas. En estados donde su presencia es dominante (como en Jalisco y Tabasco), la prioridad debería consistir en desmontar sus redes de lavado de dinero, sus empresas fachada y sus vínculos institucionales. Sin un flujo regular de recursos, cualquier mafia pierde cohesión y se resquebraja.
Segundo, en los estados donde su presencia es mayoritaria o estratégica –particularmente en corredores logísticos y puertos de entidades como Aguascalientes, Baja California, Colima, Nayarit, Tamaulipas o Zacatecas– el enfoque debe centrarse en la cadena de suministro. Mejorar la supervisión aduanera, la vigilancia carretera, profesionalizar inspecciones, bloquear los equipos de comunicación criminal, y aplicar inteligencia financiera reduce ingresos sin provocar enfrentamientos armados en barrios suburbanos o comunidades rurales.
Tercero, en las entidades donde el CJNG está ‘en disputa’ (como en Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sonora o Veracruz), la prioridad debe ser la contención de la violencia y la protección de la población civil. Agresivas incursiones militares en estos contextos pueden romper equilibrios frágiles y desencadenar luchas abiertas. Aquí es más efectivo fortalecer fiscalías locales, mejorar capacidades de investigación y neutralizar facilitadores –financieros, logísticos– y agentes corruptores. Otro elemento clave es blindar la integridad institucional. En varias regiones, la cooptación de autoridades municipales ha sido el adhesivo que mantiene viable la gobernanza criminal. Sin depuración policial y mecanismos efectivos de control interno, cualquier estrategia oficial se erosiona rápidamente desde dentro.
La cooperación con Estados Unidos también es indispensable, pero no en el terreno militar. El apoyo más eficaz está en la inteligencia financiera transnacional, la trazabilidad de armas y el control de precursores químicos, entre otros elementos. Congelar activos, compartir información sobre redes de lavado y coordinar investigaciones judiciales tiene un impacto estructural mayor que cualquier despliegue militar momentáneo. Finalmente, debe evitarse a toda costa que el debilitamiento del CJNG fortalezca a otro actor criminal. El vacío de poder es uno de los riesgos más subestimados en las estrategias contra el crimen organizado. Por ello, cada intervención debe ir acompañada de la recuperación de espacios públicos y de la (re)vigorización de las economías locales. El mapa territorial del CJNG muestra una organización extensa, pero no imbatible. Su expansión ha tenido lugar mediante la capitalización de alianzas y oportunidades. Cancelar esas oportunidades, elevar el costo de operar, y fortalecer la capacidad local para hacer cumplir la ley, son condiciones que reducirían su influencia sostenidamente. Necesitamos una estrategia fría, perseverante y enfocada en desgastar los pilares del poder criminal. Sólo así podremos debilitar al CJNG sin que la factura la paguen, una vez más, inocentes y sus familias.