¿Por ignorancia o por omisión?
Por ignorancia o por omisión, las autoridades no ponen punto final a la trama política y de oscuros intereses económicos de la cooperativa La Cruz Azul, a pesar de que jurídicamente existen tres resoluciones firmes que dan por terminado el conflicto desde noviembre de 2021.
Por ignorancia o por omisión, el jueves 12 de febrero de 2026, y tras un inusual operativo, la Fiscalía del Edomex, a través de un mandato judicial temporal, condicionado y obtenido por medio de engaños, le entregó a Víctor Velázquez la planta de Tula de la cooperativa La Cruz Azul.
Tengo en mis manos toda la documentación que acredita que Víctor Velázquez no es el legítimo representante de la sociedad cooperativa.
De acuerdo con una sentencia de un tribunal colegiado de juicios que fueron promovidos por el propio Velázquez, sé que no es el legítimo representante de La Cruz Azul.
¡Así como lo están leyendo! El Poder Judicial Federal ha reconocido, en sentencias de juicios promovidos por el propio Víctor Velázquez, que la asamblea celebrada en 2018, mediante la cual se hizo a la mala del patrimonio de los cooperativistas, padece de vicios de nulidad.
Siendo aún más específica, la sentencia dictada en el expediente judicial 92/2021, tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de la CDMX, que es la sentencia “base” con la que Víctor sustenta su “personalidad”, dice:
PÁGINA 53: SE ESTABLECE QUE LA MISMA NO SE PRONUNCIA SOBRE TODAS LAS POSIBLES CAUSAS DE NULIDAD QUE SE PUDIERON HABER DEMANDADO (Y ESTA ES LA ÚNICA RAZÓN POR LA QUE EL TRIBUNAL NO ANULA LA ASAMBLEA DE MANERA DIRECTA), DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE CUALQUIER SOCIO COOPERATIVISTA PARA DEMANDAR LA NULIDAD. ESTO SE HIZO ANTE EL ÁRBITRO, Y EL ÁRBITRO SE LIMITÓ A SOSTENER LO MISMO QUE SE SOSTIENE EN ESTA SENTENCIA, QUE HAY AL MENOS 2 CAUSAS DE NULIDAD:
LA PRIMERA, QUE LA CONVOCATORIA A LA MISMA NO FUE PUBLICADA EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.
LA SEGUNDA, QUE LA ASAMBLEA NO SE CELEBRÓ EN NINGUNO DE LOS DOMICILIOS SEÑALADOS ESPECÍFICAMENTE EN LOS PROPIOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.
¡Quihúboles!, ¿cómo les quedó el ojo?
Acto seguido, Víctor Velázquez, consciente de que la decisión del árbitro era jurídicamente irrefutable –inhale y exhale–, decidió “mover” sus contactos políticos cuatroteros y, por medio de su abogado Rafael Anzures, utilizaron a la esposa del poderoso Beto Anaya (del PT) para exhortar al Congreso de la Unión a emitir un punto de acuerdo en el que conminara al Congreso del Estado de Hidalgo a entregar “voluntariamente” la planta a Velázquez.
La gran pregunta es: ¿pues no que ya tenía todo ganado y su personalidad súper acreditada? Entonces, ¿por qué recurrir a una maniobra política?
Fuerte a doble
El engaño de Velázquez y Anzures provocó que el árbitro informara puntualmente de la situación jurídica de La Cruz Azul y de Velázquez al Congreso de la Unión, mediante una carta entregada al presidente de la Comisión de Economía Social, encargado de los asuntos relacionados con sociedades cooperativas.
Pero este no fue el único escrito que el árbitro dirigió a los actores políticos para poner en su conocimiento que el Estado mexicano estaba incurriendo en responsabilidad internacional al impedir, por medio de la intimidación, lo metieron a la cárcel, que sus resoluciones se ejecutasen.
De hecho, también cuento con las cartas correspondientes con sello de recepción de:
a) El Congreso de la Unión.
b) Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de Sheinbaum, mediante la cual no sólo informa a él, sino a la propia presidenta.
c) Del gobernador Julio Menchaca, de Hidalgo.
Desde el jueves pasado, día de la toma ilegal de la planta de Tula y, repito, ilegal por ser contraria a la resolución arbitral de noviembre de 2021, ha dado diversas entrevistas en las que ha manifestado que dentro de la planta se encontraba un “grupo delincuencial” “armado” que tenía “aterrorizada” a la población de “todo el municipio”. Lo cual es completamente falso y, para muestra, un botón: el propio comunicado de la fiscalía en el cual se dice que “sólo encontraron a dos personas con armas de calibre .38 y que el resto de los detenidos fueron privados temporalmente de su libertad por la comisión del delito de desobediencia y resistencia de particulares”, que, por cierto, ni siquiera son delitos, como lo establece el artículo 318 del Código Penal del Estado de Hidalgo.
Sus otros datos
También ha estado declarando que la planta de Tula ya es de él, sin embargo, omite decir que el “mandato judicial” no es definitivo, que se trata de una orden temporal y condicionada a que acredite sus derechos como víctima, es decir, que acredite de manera correcta ser el legítimo representante de la cooperativa.
Por cierto, Víctor Velázquez ya había intentado adueñarse de la planta de Tula, pero había fallado.
En septiembre de 2025 le pidió a un juez federal con residencia en la CDMX exactamente lo mismo que pidió a la juez del Edomex, pero este se negó.
¿Qué cambió de septiembre de 2025 a febrero de 2026? Lo que cambió fue el titular de la FGR: Alejandro Gertz no se prestó al fraude procesal de Velázquez; Ernestina Godoy, en cambio, sí.
Esta afirmación no es sólo una simple especulación, puesto que la jurisprudencia en México otorga la facultad discrecional a la fiscalía para dejar de citar a esta audiencia a los involucrados. Gertz, no lo hizo; Godoy, sí.
Otra verdad a medias de Víctor Velázquez es que los “responsables de la crisis de la cooperativa” ya están en la cárcel. Cierto, pero lo que no dice es que todos se encuentran en prisión “preventiva” –redoble de tambores–, es decir, sin que haya sido capaz de demostrar su responsabilidad penal.