Una delegación del Parlamento Europeo viaja a España esta semana para analizar la legislación anticorrupción
Una delegación del Parlamento Europeo compuesta por cinco eurodiputados de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior viaja esta semana a España para analizar la legislación anticorrupción del país y otros asuntos relacionados con el Estado de Derecho con el fin de redactar un informe, cumpliendo así el mandato del Grupo de Trabajo sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales (DRFMG, por sus siglas en inglés).
Los cinco miembros de la Eurocámara que estarán en Madrid este lunes y martes en Madrid son el presidente de la Comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, del PP; el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé; la eurodiputada holandesa de Renew (liberales), Raquel García Hermida-van der Walle; Alessandro Zan, del Grupo de Socialistas y Demócratas, y la belga Assita Kanko, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.
Su misión es redactar un informe sobre la independencia de la Justicia en España y el marco legal para la lucha contra la corrupción, la situación del Fiscal General, la sociedad civil o la calidad del procedimiento legislativo.
La delegación tiene previstas reuniones con representantes del Ministerio de Justicia, la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y otros miembros del Alto Tribunal y el órgano de gobierno de los jueces y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
Asociaciones de jueces y fiscales
Los eurodiputados también se reunirán con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, representantes de la Fiscalía Anticorrupción, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y la Guardia Civil.
La agenda, según ha informado el Parlamento Europeo, también incluye encuentros con asociaciones de jueces y fiscales, organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos del Estado de Derecho, transparencia, anticorrupción, igualdad y no discriminación, así como con representantes de medios de comunicación y expertos académicos.
Entre los asuntos que explorarán los eurodiputados están la reforma del CGPJ; pero también otros como el marco legal para la lucha contra la corrupción, la situación de la Fiscalía General tras la condena a su anterior titular Álvaro García Ortiz o la calidad del procedimiento legislativo.
Desde el PP han acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Justicia, Félix Bolaños; e Interior, Fernando Grande Marlaska, de negarse a recibir esta delegación de eurodiputados.
Quejas del Partido Popular
Los populares destacan que esta misión se produce tras los últimos informes europeos sobre el Estado de Derecho, el aumento de los casos de corrupción y los reiterados avisos sobre los fallos en la independencia judicial en España.
"Se trata de una visita de carácter excepcional, pues hasta ahora, solo se han realizado misiones de este tipo en Hungría y Eslovaquia, dos países sometidos a un escrutinio reforzado por parte de la Unión Europea", resalta el PP.
Desde la delegación del Partido Popular subrayan que esta no es una visita protocolaria, sino que es "consecuencia directa de los problemas persistentes que presenta España en materia de separación de poderes, funcionamiento de la Justicia y control del Poder Ejecutivo".
En este sentido, critican que el Gobierno haya rechazado recibir a los eurodiputados, a diferencia de lo ocurrido en Eslovaquia, donde el primer ministro sí mantuvo un encuentro con la misión. La petición de reunión con Sánchez, añaden, estaba respaldada por todos los grupos políticos del Parlamento Europeo, incluidos los socialistas europeos, pero fue igualmente rechazada.
La Directiva europea pendiente
El PP destaca que, en materia de lucha contra la corrupción, los eurodiputados analizarán el retraso de España en la transposición de la directiva europea anticorrupción, que coincide con el elevado número de procedimientos abiertos contra el país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
También tendrán en cuenta los últimos datos que reflejan que España ha caído al puesto 49 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, con 55 puntos sobre 100, su peor resultado histórico.
Además, el PP recuerda que el anuncio de una estrategia anticorrupción por parte del Gobierno se produjo tras la imputación antes del verano del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y se queja de que, ocho meses después, aún no se ha presentado ningún calendario, contenido concreto ni medidas efectivas que permitan evaluar su puesta en marcha.