¿Quién tiene la culpa del colapso en la Audiencia Nacional?
La Audiencia Nacional se ha convertido en el órgano donde muchos imputados quieren que terminen sus causas. El motivo es sencillo: las instrucciones se alargan en el tiempo y las condenas tardan mucho más en llegar que en un juzgado ordinario. Aunque a día de hoy prácticamente todos los tribunales están colapsados, la Audiencia Nacional es quizá el ente que más acusa los retrasos. La famosa expresión atribuida a Séneca de que «la Justicia tardía no es Justicia» se cumple en muchas ocasiones en este caso. A día de hoy, el órgano juzga causas cuya instrucción arrancó hace una década.
Es el caso de la «trama Púnica» que, pese a haberse explotado en 2014, a día de hoy se siguen juzgando algunas de sus múltiples piezas. Lo mismo ocurre con el caso de la familia Pujol, que actualmente se sienta en el banquillo pese a que la instrucción arrancó en 2012. Esta situación se aplica también a otras causas mediáticas como «Lezo» (que investigó presuntas irregularidades del gobierno madrileño de Ignacio González), la «trama Villarejo» (de la que quedan múltiples juicios pendientes de celebrar),[[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/caso-acuamed-procesadas-42-personas-supuesto-fraude-adjudicacion-obras-hidraulicas_202304256447c3232a35640001e2f69d.html||| la causa contra el «Madoff catalán» o Acuamed.]] Hay incluso procedimientos que siguen a día de hoy sin juzgarse.
Quizás el caso más llamativo es el de la «trama Emperador». En 2022 se abrió juicio oral contra Gao Ping y otro centenar de personas por integrar una macroorganización criminal de carácter internacional con epicentro en el polígono de Cobo Calleja (Fuenlabrada). El juez les impuso fianzas superiores a los 4.400 millones de euros, lo que da buena muestra de la magnitud de esta presunta red. Pues bien, a día de hoy sigue sin señalarse fecha de juicio oral.
Más juzgados para la Audiencia
El motivo principal de este colapso reside en la falta de medios. En la Audiencia Nacional hay solo seis juzgados de instrucción (reconvertidos en tribunales centrales de instancia) para asumir causas realmente complejas, muchas de las cuáles se atascan en el juzgado cuando tienen que librar comisiones rogatorias al extranjero. La Audiencia asume a día de hoy los principales casos de corrupción, además de asuntos de índole económico especialmente complejos (sirva como ejemplo el «caso Bankia», la causa contra la Caja de Ahorros del Mediterráneo, el «caso Pescanova» o el «caso Marsans»). A ello se añade la falta de medios de la que tanto protestan los actores jurídicos.
La propia Audiencia Nacional ha pedido reiteradamente más medios para poder atender todos los procedimientos y, sobre todo, agilizar las instrucciones .En septiembre, sin ir más lejos, su nuevo presidente, Juan Manuel Fernández, solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se crearan más juzgados centrales. Su objetivo es potenciar las especialidades para poder agilizar las causas más complejas. Sin embargo, la decisión última de esta inversión compete al Ministerio de Justicia.
Con este panorama no es de extrañar que muchos imputados traten de derivar causas de corrupción y de narcotráfico a la Audiencia Nacional. Fuentes del órgano explican a LA RAZÓN que este fenómeno se da cada vez más, sobre todo, en causas de narcotráfico. La Fiscalía Antidroga sigue asumiendo instrucciones realmente complejas y lo hacen con una plantilla de apenas 18 fiscales (de los cuáles tres están en comisión de servicios). Aún así, celebran que se haya aumentado en cuatro fiscales en los últimos cuatro años, aunque todavía están pendientes de que se creen más plazas.
En manos de Justicia
Pese a ello, la Audiencia Nacional sigue asumiendo macrocausas de instrucciones eternas. Quizás el ejemplo más reciente lo constituye el «caso Koldo». El Juzgado Central de Instrucción número 2 arranco estas pesquisas en 2023 y ahora acaba de recibir de vuelta la parte de la causa que se derivó al Tribunal Supremo por la condición de aforado de José Luis Ábalos. De hecho, la renuncia del acta por parte del exministro es lo que ha propiciado que el magistrado Moreno asuma la parte que afecta a Santos Cerdán por el presunto amaño de mordidas.
El movimiento de Ábalos –que él achacó a una necesidad económica– beneficia pues a los investigados en esta parte de la causa. Primero porque se libran de una instrucción exprés en el alto tribunal y, segundo, porque ante una previsible condena esta no sería firme, lo que implica que podrían ganar tiempo ante una previsible entrada en prisión, como ocurrió con la «trama Gürtel».
Así pues, aunque los asuntos en la Audiencia Nacional han mutado pasando del terrorismo a la corrupción, lo cierto es que el atasco sigue siendo el mismo o quizás mayor. Contaba Encarnación Roca en entrevista a LA RAZÓN que si los jueces actúan correctamente son molestos. «¡Qué le vamos a hacer», exclamó. Quizás ese sea el verdadero motivo por el cual cuesta tanto invertir en una Justicia que lleva siendo blanco de ataques provenientes de la clase política (sobre todo del Gobierno) principalmente desde que comenzó a investigar al entorno más cercano al presidente del Ejecutivo.