Córdoba contuvo la respiración cuando las borrascas incesantes comenzaron a hacer subir el caudal del Guadalquivir hasta niveles que hacían pensar en que se desbordaría en ciertos puntos del término municipal. En las parcelas más próximas al río cundió el miedo a repetir al estampa de la gran riada de 2010 , cuando el agua tapó a algunas casas hasta el tejado y obligó a todo el mundo a salir de sus casas. En 2026 ha habido desalojos por precaución, aunque el agua no llegó hasta aquellos niveles ni dañó las casas como entonces, pero sí que ha obligado a mirar a una realidad que desde hace décadas permanece no ya inamovible, sino en crecimiento: las construcciones en parcelas junto al rio. Quienes viven allí han crecido un 12 por ciento desde 2019, frente a la tendencia contraria en el resto del término municipal. ABC ha hablado con abogados, arquitectos, profesores y especialistas en Urbanismo y casi todos coinciden en que la única actuación posible frente a las casas que están más cerca del cauce del Guadalquivir es la demolición, pero sí que difieren en las soluciones propuestas y muchas veces hablan de una actuación «con bisturí » para separar aquellas inundables de otras que, sin estar por el momento en zona legal, sí que no corren peligro. Pedro García del Barrio fue gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Córdoba en los primeros años del siglo XXI, cuando el presidente del organismo era el socialista José Mellado. Es el momento en que hubo más beligerancia municipal contra las parcelaciones irregulares. «En otras cuestiones, con el paso del tiempo he cambiado de opinión, pero en este caso concreto de las parcelaciones sigo pensando lo mismo que hace 20 años, cuando teníamos las responsabilidades», afirma. Él lo cataloga como «un fenómeno insostenible » con tres adjetivos distintos: «Social, económico y medioambiental». En este sentido, considera que hay dos cuestiones que lo permiten. Por un lado, «unos promotores irresponsables» y el «mirar hacia otro lado de las administraciones a todas las escalas ». Para él, «prestar todos los servicios urbanos en esa densidad de vivienda es imposible». Además, desde el punto de vista social, «el dinero que gastases en mantener los estándares de urbanidad lo tienes que retirar de otros servicios que preste la ciudad», asegura. Con la situación de las parcelas en una situación irregular es tajante al afirmar que «a día de hoy obviamente, la gente que está ocupando el cauce del río se tiene que ir de allí. Si yo tuviera una parcela que ya se me ha inundado dos veces, me voy». Además, lo concibe como «un fenómeno global, que lo tienen que pagar entre todos». Recuerda además que «cuando el equipo de gobierno al que yo atendía afrontamos esta situación, creo que hicimos 6.000 denuncias de licencias. Denunciábamos a cada uno de los propietarios, a cada uno de los técnicos que habíamos podido identificar y a cada uno de los promotores». Sin embargo, lamenta que «desgraciadamente eso se paró» y el objetivo no era otro que «parar el fenómeno» de las parcelaciones . A partir de ahí, casi todos los expertos consultados por ABC coinciden en la necesidad de demoler o de evitar esas parcelaciones, pero siempre con matices. Manuel Carrasco de Larriva, abogado urbanista, estuvo al frente de la Oficina Técnica de Parcelaciones y conoce de primera mano el asunto. Para él, lo primero es la seguridad de las personas. Desde ese punto de vista, admite que un desalojo de una casa «puede ser algo muy traumático, muy trágico», pero antes que todo ello, que la casa, está «la vida de las personas». Y ciertas parcelaciones, por estar muy cerca del Guadalquivir, ponen en riesgo a quienes viven allí en un momento en que, como acaba de suceder, la crecida del caudal llegue hasta sus casas. «Si son zonas inundables, algunos lugares hay que demolerlos por cuestiones de seguridad, porque hay riesgo para la vida», dice, para insistir en que es lo más importante, además de lo urbanístico. Por eso cree que la Administración y la legalidad «no pueden mirar a otro lado». «La corporación municipal y los dirigentes que tengan que pensar en lo que hay que hacer deben barajar la demolición de las zonas con más peligro», resume. Piensa, eso sí, que hay que tener en cuenta «la singularidad y las circunstancias específicas de las parcelaciones». Se han dejado pasar los plazos de las prescripciones y hay parcelaciones en que, por no estar en zonas estrictamente inundables, será difícil que se pueda actuar. «En otras, si hay posibilidad de actuar de policía administrativa, sí que se pueden tomar medidas, que lamentablemente serán contundentes. Lo que sucedió en 2010 casi ha vuelto a suceder en este año y seguirá ocurriendo, así que no se puede dejar así», afirma. Manuel Mellado es un abogado urbanista que está especializado en regularización de parcelas. En los últimos años, los cambios en las leyes urbanísticas hacen posible un camino para que aquellas casas que se levantaron contra el planeamiento, en suelo que no estaba calificado de urbanizable, puedan hacerlo, y él ha trabajado con ellos. Su opinión está en la línea con la que había manifestado el alcalde de Córdoba, José María Bellido , cuando hablaba de la « realidad física » que existía y de la necesidad de actuar con cautela. Por eso habla de que es necesario «un trabajo de bisturí para eliminar aquellas edificaciones que suponen un verdadero peligro». Y en ese caso, además, se tiene que proponer una «solución habitacional» a la familia que pierde su casa. ¿Se refiere a compensar? Sí, «podría ser una solución». Si el terreno pasa a ser de dominio público, el anterior dueño tendría derecho tal vez a una casa o a otro lugar donde vivir en otro punto de la ciudad. La solución nunca puede ser impuesta, según el abogado, sino que tiene que llegar de un acuerdo en que tomen parte la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Ayuntamiento de Córdoba y los propios vecinos. Ahí entra la necesidad de que se definan de quién son las competencias para el mantenimiento y cuidado de algunos arroyos, que en estos días, como ha sucedido en Majaneque, han causado notables problemas a los residentes. «Ahora no mismo no están limpios ni mantenidos y por eso hacen falta una participación competencias más definidas», afirma Mellado. La solución para las parcelaciones próximas al Guadalquivir que por ahora no son legales pero que tampoco se encuentran en terrenos inundables, es utilizar «los instrumentos urbanísticos que están a disposición de los propietarios». La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía ( Lista ) ofrece «herramientas que están a su alcance para la actividad de legalización, que no es algo exclusivo de un solo agente ni de una entidad, sino que es de multirresponsabilidad». A ellos corresponde, entonces, la iniciativa para mejorar su zona y protegerla. Porque es algo coincide con lo que aportan otras fuentes consultadas por ABC. Así, para actuar frente a este fenómeno está la disciplina, pero también los planes especiales que se detallan en el artículo 175 de la Lista. Ahí se dice que «podrán tramitarse Planes Especiales de adecuación ambiental y territorial con el objeto de identificar y delimitar concretas agrupaciones de edificaciones irregulares en cualquier clase de suelo, y adoptar las medidas pertinentes para el establecimiento de las infraestructuras comunes para la prestación de los ser vicios básicos para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salubridad de la población e integrar territorial y paisajísticamente dichas agrupaciones». Eso sí, como puntualizan las mismas fuentes, los planes especiales tienen que desarrollarse si es posible, y no siempre pasa con la proximidad de un río como el Guadalquivir, que puede crecer mucho. José Roldán Cañas , ingeniero agrónomo y catedrático emérito de la Universidad de Córdoba, es categórico: «Están en zonas inundables, de dominio público hidráulico. Un fenómeno como éste puede darse cada cinco, diez, quince, veinte años, eso no se sabe, pero se van a inundar. Tendremos los mismos problemas mientras están ahí». No le corresponde a él decir lo que tiene que hacer, pero sí que se repetirá cuando el río baje a una caudal de entre 1.500 y 2.000 metros cúbicos por segundo. «No deberían estar ahí, esa es la cuestión, y ellos son conscientes, porque ya sucedió en 2010». Sí que elogia el papel de las Administraciones, que « con cautela » sacaron a todos los residentes de sus casas ante la posibilidad de una gran crecida. Juan Andrés de Gracia , presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba, considera que el debate sobre las inundaciones en la ciudad debe abordarse con una visión más amplia y no centrarse exclusivamente en las parcelaciones. «A nosotros no nos parece adecuado que cuando se hable de posibles inundaciones solamente se hable de las parcelas», señala. De Gracia recuerda que en episodios recientes el agua ha afectado también a zonas plenamente urbanas, como ocurrió en la avenida del Corregidor o, más recientemente, en la calle La Barca, en Alcolea, y en el Parque de Miraflores. No obstante, subraya que en áreas urbanas estas situaciones se trabajan técnicamente. «Todas las ciudades que estamos junto a un río y arroyos tenemos que hacer tratamientos para evitar que se inunden casas, viviendas o industrias», apunta. En las parcelaciones, distingue entre aquellas que podrían ser objeto de legalización. En esos casos, en los que exista riesgo de inundabilidad, señala que «deberán ser los propios propietarios quienes asuman los costes». Sin embargo, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano centra su mayor preocupación en un grupo concreto de viviendas que «se situaron prácticamente metidas en el cauce, hasta el punto de que se construyeron sobre el río y no se evitó que se construyeran», denuncia. En estos enclaves (principalmente en Guadalvalle), el riesgo de inundación puede alcanzar hasta cuatro metros de altura. «Eso significaría que una primera y casi una segunda planta se quedarían llenas de agua», advierte. El Consejo del Movimiento Ciudadano respalda que esas viviendas desaparezcan, pero defiende que la respuesta debe ir acompañada de un análisis social individualizado. «No consiste en decir que a todo el que salga de aquí le buscaremos una vivienda sin más», explica. En su opinión, es necesario elaborar informes sociales para estudiar cada caso concreto, ya que puede haber situaciones muy diferentes: personas con segunda residencia, propietarios con recursos suficientes para reubicarse por sus propios medios o familias en situación de vulnerabilidad real.
