Naciones Unidas denuncia las violaciones a los derechos humanos de "las restricciones de petróleo" de EEUU a Cuba

Nueva denuncia de Naciones Unidas al bloqueo redoblado de EEUU a Cuba. La oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha expresado este viernes su “preocupación por la profundización de la crisis socioeconómica de Cuba, en medio de décadas de embargo financiero y comercial, fenómenos meteorológicos extremos y las recientes medidas estadounidenses que restringen los envíos de petróleo. Esto está teniendo un impacto cada vez más grave en los derechos humanos de la población cubana”.

“Los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violan los derechos humanos”, afirma el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, en un llamamiento a levantar “las medidas sectoriales unilaterales, dado su impacto amplio e indiscriminado en la población”.

De acuerdo con la portavoz de la oficina del alto comisionado, Marta Hurtado, “dada la dependencia de los sistemas de salud, alimentación y agua de la importación de combustibles fósiles, la actual escasez de petróleo ha puesto en riesgo la disponibilidad de servicios esenciales en todo el país. Las unidades de cuidados intensivos y las salas de urgencias se encuentran en riesgo, al igual que la producción, el suministro y el almacenamiento de vacunas, hemoderivados y otros medicamentos sensibles a la temperatura”.

Según los datos del organismo, “en Cuba, más del 80% de los equipos de bombeo de agua dependen de la electricidad, y los cortes de electricidad están socavando el acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene. La escasez de combustible ha interrumpido el sistema de racionamiento y la canasta básica regulada de alimentos, y ha afectado a las redes de protección social (comida escolar, hogares maternos y residencias de ancianos), afectando de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables. Los cortes de electricidad también afectan las comunicaciones y el acceso a la información”.

“Este tipo de sanciones sectoriales afectan a los más vulnerables, no son efectivas y no cumplen ni con la Carta de Naciones Unidas ni con el derecho internacional porque las sanciones deben ser impuestas por el Consejo de Seguridad (de la ONU), no por un país”, afirma la portavoz del organismo, Marta Hurtado, en declaraciones a Efe.

Según la oficina de derechos humanos, “el acceso a bienes y servicios esenciales, como alimentos, agua, medicamentos, combustible y electricidad adecuados, debe garantizarse siempre, ya que son fundamentales en las sociedades modernas para el derecho a la vida y el disfrute de muchos otros derechos. El impacto prolongado y sostenido de las sanciones sectoriales genera dificultades económicas y debilita la capacidad del Estado para cumplir con sus responsabilidades fundamentales, como la prestación de servicios de protección y asistencia. Esto aumenta el riesgo de agravar la disrupción social en Cuba”.

“El Estado, por su parte”, dice la oficina de derechos humanos, “debe asegurarse de estar preparado para responder de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, prestando atención a las necesidades de los más vulnerables y priorizando la mediación, la desescalada y la salvaguardia del derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión para todos”.