La Abogacía avisó al equipo de Pradas en la dana: "La protección a la vida está por encima en situaciones de emergencia"

“Entiendo que la protección a la vida como bien supremo está por encima en situaciones de emergencia”. Así de firme se expresó el pasado 27 de enero Ignacio Lleó de Nalda, letrado coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la conselleria que dirigía durante la dana Salomé Pradas. Consultado la tarde del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, sobre la posibilidad de confinar a la población —una de las opciones que se barajaba en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi)— el letrado contestó que la normativa en materia de emergencias permitía “practicar confinamientos” o “evacuaciones forzosas”, según reza el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es. “De la misma manera que cuando hay un incendio el bombero no te deja entrar en tu casa o te obliga a salir a un camping porque llega un incendio forestal”, agregó el letrado.

El testigo no recordaba la hora exacta en que recibió la consulta del subsecretario de la conselleria, Ricardo García García. “Sé que me llama hacia el final de la tarde y me plantea que vaya estudiando, por si se me pregunta, la posibilidad de un confinamiento”, relató Ignacio Lleó de Nalda.

Ricardo García le informó de que había una presa “a punto de colapsar”, en referencia a Forata, que centraba la atención de la reunión del Cecopi, y le planteó la posibilidad de confinar a la población. El letrado le dijo que se podían establecer confinamientos e incluso “evacuaciones forzosas”. En definitiva, “aquellas medidas que consideren necesarias para poder salvar el mayor número de poblaciones”, dijo.

Lleó de Nalda tenía en mente —“lógicamente”— la pantanada de Tous de 1982: “Y te das cuenta cuando te dicen que una presa está a punto de colapsar que no es una información menor. Y, consecuentemente, soy consciente de que lo que se me está trasladando es muy grave y que puede haber mucha población afectada”.

La postura de la Abogacía contrasta con los reparos a la posibilidad de confinar que puso José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón, directamente a la consellera Salomé Pradas. Cuenca, según los whatsapps aportados por la investigada, le dijo a Pradas: “Salo, de confinar nada”.

El testigo fue incapaz de determinar la hora de la consulta del subsecretario, aunque sí que declaró que llamó sobre las 20.45 al móvil privado la directora general de la Abogacía, Inés Sánchez Lázaro, a quien reportó su conclusión jurídica tras haber estudiado la normativa.

“El tema era de la suficiente gravedad como para no quedármelo, para no dejarlo en la coordinación propia de la conselleria, sino para reportarlo y trasladarlo a la dirección”, explicó a preguntas de la jueza instructora.

Por su parte, Álvaro Martínez Ávila, abogado general de la Generalitat Valenciana, recibió una consulta similar por parte de Cayetano García Ramírez, entonces secretario autonómico de Presidencia. El alto cargo de Mazón le informó de que “existía riesgo de rotura de la presa de Forata y que la consellera Pradas se estaba planteando la posibilidad de un confinamiento”.

“Ni en contra ni a favor” del confinamiento

La llamada fue sobre las 19.45 y la recordaba con “mucha nitidez”. El letrado se puso a buscar normativa en materia de confinamiento y emergencias y el equipo de la Abogacía se intercambió un par de correos electrónicos al respecto.

La medida del confinamiento, recordó el testigo, “había sido muy problemática en la época del Covid”. Sin embargo, apostilló Martínez Ávila, “en la Abogacía nadie se pronunció en contra de un confinamiento, ni en contra ni a favor”. “Es una decisión que entiendo yo que es operativa, no estrictamente jurídica, entonces no nos pronunciamos ni en contra ni a favor”, agregó.

Sin embargo, en una segunda llamada sobre las 20.25 o 20.30, el testigo llamó a su equipo de la Abogacía y les comunicó que García Ramírez había dicho que se olvidaran del confinamiento.