Gobierno y ERC acuerdan aumentar la plantilla judicial en Cataluña con 180 jueces más
El Gobierno y ERC han acordado aumentar la plantilla judicial en Cataluña en 180 jueces más en dos años con el objetivo de acercar el número de magistrados por habitantes a la media europea, según han informado fuentes de la formación republicana este jueves.
De las 180 nuevas plazas, 91 se aprobarán vía real decreto en 2026 y el resto en 2027, un incremento que, según han indicado las citadas fuentes, garantiza que la nueva regulación sobre multirreincidencia vaya acompañada de más recursos y más capacidad para actuar.
En total se crearán 180 nuevas plazas en dos años, lo que elevará la cifra de unos 870 a 1.050 jueces en la comunidad catalana.
La ley de Junts para combatir la multirreincidencia será aprobada previsiblemente hoy en el Congreso con el apoyo de buena parte de la Cámara, entre ellos PSOE y PP, después de un largo periplo que comenzó en 2024 y que ha permitido ahora al Gobierno acercar posturas con su socio de investidura.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado a su llegada al Pleno de la Cámara Baja que su formación no comparte el "tufillo racista" de esta reforma, pero ha admitido que el problema "existe" y serían "irresponsables" si lo ignoraran.
La solución, ha dicho, no pasa por subir penas por lo que ERC ha pactado con el Gobierno el refuerzo de la planta judicial en Cataluña para evitar el "colapso judicial" y porque no tiene "ningún sentido" que los ayuntamientos puedan personarse en estas causas si no hay jueces suficientes.
Según ha explicado ERC, los aumentos pactados se enmarcan en el crecimiento de la planta judicial en toda España gracias a la Ley de Eficiencia.
La propuesta legislativa de Junts, que estuvo durante más de un año encallada en el Congreso, se reactivó en noviembre después de que la formación de Carles Puigdemont anunciara su ruptura con el Ejecutivo por sus incumplimientos y diera por "bloqueada" la legislatura.
La Comisión de Justicia aprobó en diciembre el texto con el respaldo de PSOE, PP, Vox y PNV, mientras que ERC se abstuvo.
El dictamen de la ley que se vota este jueves incorpora cambios transaccionales impulsados por el PP y por el PSOE, como penalizar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles o endurecer el castigo previsto en el Código Penal en determinadas circunstancias en los delitos de estafa.
El texto acordado también propone tipificar como delito la práctica del 'petaqueo', como se conoce al uso de embarcaciones 'petaqueras' o guarderías que en alta mar surten de bidones de combustible, las 'petacas', a las narcolanchas, así como los robos en el campo de material y herramientas.
También aboga por castigar con penas de entre uno y seis años de cárcel a quienes cometan una estafa de cuantía menor a 400 euros, pero que sean multirreincidentes (que tengan tres condenas por dicho delito).
Otra de las propuestas acordadas, según recoge Efe, es que el juez que investigue delitos cometidos a través de internet pueda retirar cautelarmente contenidos ilícitos e interrumpir los servicios que ofrezcan dichos contenidos o incluso bloquearlos si radican en el extranjero.
Y también faculta a los juzgados a adoptar con mayor eficacia medidas cautelares de carácter personal, incluida la prohibición de acudir o residir en determinados lugares.
La proposición de ley refuerza la participación de las entidades locales en la respuesta institucional frente a los delitos de hurto y les reconoce legitimación para ejercer la acción penal en estos casos.
El texto considera necesario un aumento estructural de jueces de adscripción territorial, una medida que, no obstante, solo se podrá materializar con un aumento extraordinario de la plantilla y, por tanto, con la aprobación la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Judicial y Fiscal (prevé 2.500 nuevos jueces).
Tras su aprobación en el pleno del Congreso, donde Sumar, Bildu y Podemos se han posicionado en contra de la ley al calificarla de "populismo punitivo" que solo beneficia a la extrema derecha, el texto irá ahora al Senado.
La aprobación de esta propuesta de Junts se interpreta como un nuevo gesto del Gobierno y del PSOE al partido de Carles Puigdemont, que se enmarca en la serie de guiños que están haciendo a sus socios de investidura para intentar seguir contando con su apoyo.
Entre ellos el acuerdo con Podemos para la regularización masiva de inmigrantes que ha abierto la puerta a que la formación morada se haya abierto a apoyar la delegación de competencias en materia migratoria a Cataluña, una aspiración de Junts a la que hasta ahora se había opuesto.
Pendiente está también que el Gobierno pueda cumplir otra exigencia de Junts, la publicación de las balanzas fiscales.