La indolencia congresal frente a los que mueren en los pasillos, por René Gastelumendi
No hay imagen que resuma mejor la decadencia ética de nuestra clase política que el contraste entre un pasillo de hospital público y la visita a domicilio de un doctor perteneciente al seguro privado con el que ellos se atienden. Todos los días, en el noticiero matinal que conduzco, desfilan muy dolorosos y frustrantes casos de pacientes que esperan años por una cirugía, madres que dan a luz en el suelo y ancianos que conviven con plagas en sábanas con alto riesgo de estar infectas de bichos y bacterias, sobre todo en provincias.
En el Congreso, en cambio, en los pasillos del poder político, se mira al lado opuesto, hacia los privilegios exclusivos pagados con el dinero de otros. ¿Qué podemos pedirle a este Congreso molusco, cuya concha es más grande que su capacidad de legislar? El divorcio es grotesco: una élite legislativa que se ha blindado, con nácar, contra la realidad que ella misma es incapaz de gestionar. El caparazón premium no solo protege al legislador; se extiende por contrato a esposas, hijos, padres y hasta ejércitos de asesores. Miles de personas que orbitan el poder han sido exoneradas de la desgracia de hacer cola en un hospital nacional, pagando su tranquilidad con el dinero de quienes sí mueren en la fila. Mientras no se obligue a cada funcionario público a atenderse en el mismo sistema que administra, la salud seguirá siendo la última prioridad de la política peruana, a pesar de ser un tema aún más abrumador que la propia inseguridad ciudadana. Esto, más que parasitismo, es canibalismo.
Para el periodo 2025-2026, acaso el Congreso más rechazado de nuestra historia, adjudicó directamente a la aseguradora Rímac un contrato por S/ 9,594,875. Este monto representa un salto abismal respecto a años anteriores: a más rechazo, más ubre del Estado. En 2023, el gasto bordeaba apenas los 2 millones de soles; es decir, el presupuesto se ha multiplicado casi por cinco (un incremento del 400%) en tiempo récord. Cada parlamentario, como Rospigliosi o Cerrón, le cuesta al Estado una prima mensual superior a los S/ 2,500. Esto suma más de S/ 30,000 al año por cada parlamentario.
El congresista nacional se ha sustraído de sus votantes al evitar enfrentarse a un sistema de salud dividido entre un EsSalud asfixiado y un Ministerio de Salud (MINSA) que apenas sobrevive. Un servicio que es hoy, y desde hace décadas, un atentado sistemático contra los derechos humanos. Lo reportamos todas las mañanas como un mantra periodístico que apenas le hace cosquillas al monstruo de la indolencia. Para el peruano promedio, caer enfermo de gravedad no es solo un reto médico, es una tragedia familiar absoluta que, varias veces, implica vender lo poco que se tiene para cubrir lo que el Estado —por ley y por decencia— debería garantizar. Sin embargo, bajo la ostra que cubre la Plaza Bolívar, la urgencia es otra. ¿Alguien conoce alguna propuesta seria de reforma del sistema de salud que haya planteado algún congresista? ¿Alguno de estos señores lucha o hace campaña para atenuar la indignidad de los millones de peruanos atrapados en la precariedad del sistema de salud público?
Otra vez: aquellos destinados a reformar el sistema —los congresistas— tienen el cuajo de contratar seguros de salud "premium" para ellos, sus familias y hasta sus asesores, pagados íntegramente con el dinero de quienes hoy no encuentran una gasa en una posta. Estamos ante la confesión tácita de su propio fracaso: saben que el sistema público es una trampa mortal y, en lugar de arreglarlo para todos, deciden comprarse una salida de emergencia privada solo para ellos. Hay una fractura moral insalvable cuando un representante del pueblo se afilia al sector privado porque sabe, mejor que nadie, que el sistema que él mismo administra no sirve.
Si el sistema de salud fuera lo suficientemente bueno para el ciudadano de a pie, debería serlo también para quien ostenta el cargo más alto. Un platonismo en el Perú. Este descaro es el síntoma más crudo del desprecio hacia una población a la que solo utilizan. En plena campaña, vuelven a las zonas más pobres, abrazan a ancianos que no tienen prótesis y cargan niños que no han visto un pediatra en meses. Prometen reformas que nunca llegarán, porque para ellos la salud pública es un problema que no sienten.