La Fiscalía pide a Igualdad bloquear web extranjeras que ofrecen maternidad subrogada
La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha pedido al Ministerio de Igualdad que acuerde medidas que impidan el acceso desde España a los contenidos de las web de 13 empresas establecidas en estados no pertenecientes a la Unión Europea que "ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada".
En su escrito, recogido por Europa Press, el fiscal Manuel Campoy se dirige a la secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a quien solicita la "interrupción de la prestación del servicio o la retirada de contenidos sobre gestación subrogada", así como la "suspensión de los servicios de acceso a Internet" para los intermediarios.
Las diligencias, según ha apuntado el Ministerio Público, se han tramitado en coordinación con las Fiscalías Provinciales de Madrid y Barcelona, en virtud de denuncias presentadas por entidades privadas y públicas, y en las que ha intervenido el Defensor del Pueblo.
"Las actuaciones tienen por objeto la exigencia de responsabilidad en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, en defensa del derecho fundamental de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios frente a prácticas comerciales ilegales", ha indicado la Fiscalía.
El fiscal, además, también ha acordado solicitar "la preceptiva resolución judicial en la interrupción del acceso o retirada de contenidos a los sitios web referidos, si en el curso de las actuaciones administrativas se aprecia la existencia y afectación a contenidos protegidos por los derechos y libertades de expresión e información".
Las empresas sobre las que se ha solicitado la toma de medidas están establecidas en países no pertenecientes a la Unión Europea. Entre ellas destacan "Sucesss-Maternidad Subrogada", "Go4Baby", "Tammuz Family", "Circle Surrogacy", "Growing Generations" o "Surrogacy Beyond Borders".
La mayoría operan en países como Georgia, Ucrania, México, Colombia, Canadá o Estados Unidos.
A todas se les exige responsabilidad en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, en defensa del derecho fundamental de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios frente a prácticas comerciales ilegales.