Dentro de una fosa clandestina ubicada en la localidad de El Verde, en Concordia, Sinaloa, se esfumó la esperanza de encontrar con vida a los diez trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver Corp que habían sido reportados como desaparecidos desde hace al menos 17 días. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) ya fueron identificados cinco de los diez cuerpos localizados tras una ardua búsqueda. El rastro de los mineros se perdió luego de que se dirigían a trabajar a los yacimientos, lo que motivó primero la presentación de una denuncia por su desaparición y posteriormente una serie de diligencias por parte de autoridades federales que, junto a colectivos de búsqueda, dieron resultados el pasado viernes 6 de febrero.La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones sobre los mineros de Concordia continúan abiertas y, aunque serán dichas pesquisas las que esclarezcan el móvil del caso, lo cierto es que el municipio sinaloense lleva siendo durante décadas una zona de interés para organizaciones delictivas en el estado que han buscado infiltrarse en la explotación minera. En medio de la violencia que se desató en el estado hace más de un año tras la declaración de guerra entre las dos facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa, la desaparición y asesinato de los trabajadores de la minera canadiense no solo desató indignación, sino que también volvió a avivar la disposición que organizaciones delictivas que operan en el país tienen por controlar los recursos naturales, incluyendo los minerales. La minería ilegal En 2014 el entonces titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, lanzó un señalamiento tajante: culpó a la industria minera de México de fortalecer al crimen organizado.A través de un informe, se denunció la extensión de miles de concesiones mineras que se otorgaron durante dos décadas anteriores y que ocasionaron el desplazamiento de decenas de comunidades rurales. Del mismo modo, alertó sobre los vínculos entre la industria minera y con el crimen organizado, una relación que potencializó el control que ejercieron grupos criminales como Los Zetas y Los Caballeros Templarios. "Los autores estiman que el 9% de la multimillonaria industria del oro mexicano es el resultado de la producción ilegal, y que la minería en cinco estados diferentes: Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas, es controlada por grupos criminales", refirió un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional consultado por InSight Crime.Aunque en un inicio la influencia de grupos criminales en la minería se limitaba a la extorsión a mineros locales o empresas multinacionales, el citado think tank refiere que los cárteles mexicanos también han llegado a tomar el control total de operaciones mineras, utilizándolas como fuente de ingresos y como un mecanismo para el lavado de dinero. Trasciende que no solo grandes organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa o Los Zetas buscaron infiltrarse en la minería, sino también algunas regionales como fue el caso de los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos o Los Rojos. "Esto hace parte de una mayor diversificación de las actividades que llevan a cabo las organizaciones criminales mexicanas en los últimos años. Como InSight Crime lo ha observado en muchas otras ocasiones, tanto organizaciones antiguas como el Cartel de Sinaloa, como nuevos grupos regionales, han expandido sus actividades tradicionales en el tráfico de drogas", puntualizó la organización civil sobre el involucramiento de cárteles en la minería. La diversificación del portafolio criminal de dichas organizaciones delictivas los llevaron también a querer controlar los recursos naturales, ya sea los minerales o también el gas, el petróleo e, incluso, el agua.En el caso específico de la minería, múltiples son los ejemplos de cómo las organizaciones delictivas han buscado cobrar cuotas de extorsión a grandes empresas extranjeras, perotambién negociar las operaciones que se realizan en territorios que se encuentran bajo su influencia como se observa en regiones de Sinaloa o Guerrero. El interés en Concordia De acuerdo con una investigación periodística realizada por el medio local Noroeste, al menos desde 2012, localidades del sur de Sinaloa como Rosario o Concordia han padecido el desarraigo de sus comunidades, el asesinato de vecinos y familiares, como resultado de las pugnas que grupos armados sostienen por el control de los abundantes yacimientos de oro y plata de la zona. Al igual que InSight Crime, el citado trabajo refiere que en dichos municipios las organizaciones delictivas no solo buscan dominar el territorio para cobrar cuotas, sino que también existen personas ligadas al crimen organizado que han llegado a aparecer como concesionarios de títulos mineros y que participan directamente en la operación y vigilancia de las munas.Concordia en específico se ha consolidado como la cuna del oro en el estado, una característica que volvió a la demarcación objetivo de control por parte de organizaciones delictivas. La violencia en el municipio recrudeció en 2017, luego de que diversas facciones del Cártel de Sinaloa se enemistaron y enfrentaron tras la captura y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán.Desde entonces, el control de la zona y de las minas se ha convertido en un detonante de violencia, una situación que podría volver a repetirse en el marco de la disputa que sostienen Los Chapitos y el heredero de Ismael El Mayo Zambada por el control del Cártel de Sinaloa. Las minas en Guerrero Otro de los estados en donde ha quedado en evidencia el interés de grupos criminales en la minería es Guerrero. Fue durante las investigaciones que el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) realizó para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se encendieron las alertas sobre dicha infiltración de organizaciones delictivas en la extracción del recurso natural. De acuerdo con un artículo publicado por la revista académica Harvard Review of Latin America, las investigaciones de los expertos apuntaron a la existencia de un quinto autobús que durante la llamada Noche de Iguala fue escoltado por la Policía Federal hasta la autopista, específicamente a la caseta de peaje número 3. Luego desapareció. Entre las teorías que surgieron sobre dicho autobús trascendió la posibilidad de que transportara uranio de forma ilegal. La hipótesis surgió de un supuesto testimonio de Johnny Hurtado Olascoaga, uno de loslíderes de la Nueva Familia Michoacana que habría relatado que el elemento químico se transportaba clandestinamente desde Guerrero a Lázaro Cárdenas en Michoacán o a Colima, donde era entregado directamente a barrios chinos. "Las compañías mineras han estado presentes en Guerrero desde la fiebre del oro. El suelo también es rico en plata, cobre, plomo, hierro, zinc, mercurio, antimonio, uranio y tungsteno, lo que, combinado con su topografía accidentada, hace que Guerrero sea vulnerable a la extracción y al crimen organizado", refiere el artículo Crimen de Estado, extracción y cárteles. El significado de la minería en Guerrero, México (2023). Para lograr su cometido, grupos de la delincuencia organizada desplazan a comunidades enteras de las zonas donde las compañías mineras quieren explotar. Pero no solo eso, pues también se han convertido en el medio a través del cual amenazan, desaparecen y asesinan a activistas ambientales que luchan contra la minería y sus concesiones. Casos como los de Sinaloa o Guerrero sugieren una especie de complicidad o negociación entre empresas mineras y grupos criminales al tiempo que el involucramiento de organizaciones delictivas en dicha actividad económica exhibe la diversificación de sus actividades, dejando entrever como su poderío no se limita únicamente al tráfico de drogas. ATJ
