Seis meses más para investigar el asesinato del juez Querol
La investigación contra siete etarras por el asesinato del magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Francisco Querol en el año 2000 continuará adelante seis meses más. Así lo ha acordado el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ha prorrogado la causa hasta el próximo 10 de agosto, tal y como le habían solicitado la Fiscalía, la hija de Querol, que ejerce la acusación particular, y Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).
En una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, Pedraz justifica la medida en que queda pendiente la incorporación al procedimiento de los audios "debidamente tratados técnicamente y a efectos de seguridad de los testigos protegidos" de los dos etarras arrepentidos que señalaron que era la cúpula de la organización terrorista la que decidía cuando los objetivos para atentar eran políticos.
El magistrado investiga por estos hechos a Ana Belén Egües -a quien Amelia Querol identificó como la mujer que vigilaba el domicilio familiar semanas antes del atentado-, Oier Goitia, Gorka Palacios, Juan Luis Rubenach, Javier García Gaztelu «Txapote», Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica. La investigación también se dirigía contra Iván Apaolaza, pero el etarra falleció el pasado enero mientras practicaba senderismo en Guipúzcoa.
Tres investigados participaron "de manera directa"
El atentado con coche bomba perpetrado por ETA en Madrid el 30 de octubre de 2000 terminó con la vida del juez Querol, de su chófer y escolta, Armando Medina y Jesús Escudero, respectivamente, y del conductor de autobús Jesús Sánchez Martínez.
Según pone de relieve el instructor, el atentado fue ejecutado por el "comando Buruhauste" y quienes supuestamente participaron "de manera directa" fueron tres de los investigados: Egües, Rubenach y Gorka Palacios.
La decisión se toma en contra del criterio de la defensa de los investigados, que se opuso a la prórroga al considerar que desde que en diciembre de 2021 se reabrió el procedimiento se ha producido una "dilación evidente" que "difícilmente" encuentra "justificación". Tras "continuas" prórrogas, se quejó, "no queda ninguna diligencia pendiente que impida continuar con el procedimiento" una vez Francia ya ha dado su visto bueno a ampliar las condiciones de entrega de los investigados.
La resolución judicial recuerda que minutos antes de la 9:15 de ese 30 de octubre de 2000, el chófer de Querol, Armando Medina, y su escolta, el policía nacional Jesús Escudero, tras desayunar en un bar de la Avenida de Badajoz, se dirigieron a la calle Torrelaguna para recoger al magistrado del Tribunal Supremo. Ya con Querol en su interior, continuaron su recorrido por la Avenida de Badajoz hasta que "al doblar la esquina estalla un vehículo bomba que se encontraba estacionado a la altura del paso de cebra de la esquina de ambas calles".
Las declaraciones de dos etarras arrepentidos
El vehículo oficial "recibió toda la explosión" e impactó contra un autobús que circulaba a su altura en ese momento. A consecuencia del violento impacto, el coche oficial "salta por encima del autobús y cae boca abajo en la acera", falleciendo todos sus ocupantes y el conductor del autobús de la EMT.
El coche bomba, un Renault-19 de color rojo, había sido robado en Madrid el 17 de agosto de ese mismo año y los terroristas le habían colocado matrículas falsas. El atentado fue reivindicado por un comunicante anónimo en nombre de ETA, según informó el diario Gara en su edición del 15 de noviembre de 2001.
Los audios de las declaraciones de los dos etarras arrepentidos se produjeron en el marco de la investigación del asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995, pero se han incorporado a varios procedimientos contra exjefes de ETA, entre ellos el del asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Según manifestaron los dos presos etarras ante el entonces juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, cuando se atentaba contra objetivos "permanentes" (policías, guardias civiles y militares), los miembros del "comando" tenían autonomía para cometer la acción criminal. Por contra, cuando eran políticos como Ordóñez o Miguel Ángel Blanco los que estaban en el punto de mira "era la cúpula la que daba la orden".
Uno de ellos, que se integró en ETA en la década de los 80, explicó que en esos años estaban al frente de ETA Francisco Múgica Garmendia, "Pakito", Joseba Arregi, "Fiti", y José Luis Álvarez Santacristina, "Txelis" y corroboró que era la Zuba o comité directivo quien tomaba las decisiones en relación a esos atentados contra políticos.
El segundo etarra que declaró como testigo protegido formó parte de ETA entre 1993 y 2001 y declaró que entonces estaban en la cúpula etarra Mikel Albisu, "Mikel Antza"; Soledad Iparraguirre, "Anboto"; José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri"; Ignacio Gracia Arregui, "Iñaki de Rentería"; Javier García Gaztelu, "Txapote"; Juan Antonio Olarra Guridi; y Ainhoa Múgica. Investigados todos ellos por autoría mediata (dada la posición de dominio que ostentaban en la organización terrorista) en diversos procedimientos contra exdirigentes de ETA por su supuesta responsabilidad en atentados cometidos bajo su mando.