La regulación de inmigrantes de Sánchez multiplica la actividad en los consulados de Marruecos en España
De lunes a domingo. El Ministerio de Asuntos Exteriores, junto con varios organismos institucionales del país liderado por el Rey Mohamed VI, ha acordado que los doce consulados de Marruecos en España aumenten su actividad para agilizar el proceso de regularización masiva de inmigrantes tras la cesión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Podemos ante la alta demanda generada en las últimas semanas.
En el documento al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se desgrana que los ciudadanos de Marruecos en suelo nacional podrán acudir a las ramificaciones del Gobierno marroquí en suelo nacional los fines de semana y los días festivos con el "fin de permitir que todas las personas que dispongan de una cita" puedan realizar los trámites señalados sin la necesidad de esperar al lunes.
La medida mantendrá su eficacia durante la semana lectiva en la que se aumentarán tres horas la apertura de los establecimientos. Hasta el momento solamente se podía acudir en las primeras horas de la mañana hasta las 15:00 horas. Aunque no se haya registrado de manera oficial en los diversos consulados de España, la nueva regulación cuenta con un efecto inmediato. "Reafirmamos que el servicio al ciudadano de Marruecos y la protección de sus intereses constituyen una prioridad absoluta en su labor", reza la Embajada del Reino de Marruecos como consigna de la reunión mantenida el pasado miércoles.
En este sentido, se certifica la posibilidad de mantener una "movilización constante del personal consular, que permanece en estado de alerta" para apoyar a los ciudadanos y se reitera que los consulados en España garantizarán la "eficacia de los servicios y la protección de los derechos de los ciudadanos" siguiendo la hoja de ruta marcada por el Rey Mohamed VI. "Que Dios le asista", sentencia el comunicado presentado.
Los avisos de las asociaciones policiales ante la cesión de Sánchez con Podemos
A raíz del acuerdo, sindicatos de la Policía Nacional, como Jupol o SUP, esgrimieron que no era más que un "cálculo político" ya que se producirá "sin medios de refuerzo y poniendo en riesgo la seguridad". Misma importancia se constataba con la burocracia en países de África y con el "efecto llamada" que se relaciona con un "balón de oxígeno para las mafias dedicadas al tráfico y trata de seres humanos".
Ante las complicaciones de las oficinas Jupol advirtió del "colapso" en Extranjería y de los "riesgos operativos de una regularización masiva sin refuerzo policial" en un comunicado en el que también ha mostrado su "seria preocupación por el impacto operativo y funcional" de esta medida.
"La tramitación masiva de solicitudes de autorización de residencia, la revisión de situaciones administrativas, la comprobación de identidades y la verificación de requisitos legales recaerán, principalmente, sobre unas unidades de Extranjería que ya se encuentran saturadas en la mayor parte del territorio nacional", se denunció tras conocer la noticia presentada.
Los promotores de la regulación masiva calculan un millón de beneficiados
En el otro lado de la balanza, encuadrados en la orbita de Podemos, varias asociaciones que han perseguido la regularización de inmigrantes desde hace varios años apuntaron a un mayor impacto del mencionado por Podemos tras firmar el acuerdo con los socialistas. El Movimiento 'Regularización Ya', aproximó hasta casi el millón de inmigrantes los beneficiados por la regulación masiva. Con su particular celebración en sus redes sociales, la organización cifró en cerca de 700.000 los migrantes que habitan en el territorio nacional de manera irregular y que se podrán acoger a los "procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos".
Por su parte Funcas, un organismo experto en los fenómenos migratorios calculó que cerca de 840.000 personas no han superado los trámites administrativos para regularizar su situación. Con los datos facilitados hasta el 1 de enero de 2025, los ilegales que provienen de países no comunitarios representan un 17,2% de los ciudadanos ajenos a la Unión Europea.