La responsabilidad jurídica de las redes sociales

La reciente propuesta del presidente Sánchez de regular las redes sociales limitando su acceso a menores de 16 años, castigando la manipulación de algoritmos y responsabilizando a los directivos de las plataformas de redes sociales de los posibles contenidos ilícitos que circulan por ellas, requiere de alguna reflexión. Al margen de los impedimentos legales (motivados por la normativa de la UE) y técnicos (cuyo nudo gordiano es el sistema de identificación de usuarios), una de las cuestiones fundamentales es cómo exigir responsabilidades a las diferentes plataformas de Internet. Desde una perspectiva jurídica, se trata de prestadores de servicios de la sociedad de la información que facilitan la comunicación y difusión de contenidos creados por terceros. Esta labor clave de intermediación ha hecho que históricamente se plantee la dicotomía entre su consideración como intermediarios pasivos o activos. Ello ha dado lugar a una normativa que bascula entre el modelo estadounidense, que implanta la falta de responsabilidad de los plataformas intermediarias, y el modelo europeo, bajo el principio de 'notice and take down' que establece que las plataformas no son responsables si actúan diligentemente tras conocer el contenido ilícito, aunque pierden la exención de responsabilidad si desempeñan un papel activo en la gestión de los contenidos, algo evidente pues emplean algoritmos para moderar contenidos, influyendo activamente en la visibilidad de los diferentes discursos y contenidos. Las reglas que aceptamos al darnos de alta en cualquier plataforma no son incondicionales, sino que deben respetar los derechos fundamentales, las normas de consumo y libre competencia, y la protección de datos personales, dando lugar a una intervención normativa que condiciona el funcionamiento de una empresa privada en aras de la protección de diversos intereses públicos. La clave será definir cuáles son dichos intereses públicos, pues una definición lo suficientemente consensuada es esencial, evitando una regulación que reglamenta las redes sociales más como una coartada política que como verdaderas medidas de protección de los ciudadanos. Nos jugamos mucho en la regulación de una realidad tecnológica omnipresente como para no establecer mecanismos garantistas que protejan los derechos y las libertades de ocurrencias más o menos bienintencionadas.