El 'efecto Aragón' radicaliza más la postura de Vox en Extremadura: Guardiola enfila su investidura sin apoyos

Casi dos meses después de la celebración de las elecciones en Extremadura, PP y Vox siguen sin ser capaces de cerrar un pacto para la gobernabilidad de la región. Más bien al contrario, la negociación lleva enquistada cuatro semanas. Solo se han celebrado tres reuniones y continuos cruces de insultos, reproches y acusaciones mutuos de forma pública, que no contribuyen a rebajar la tensión entre dos partidos que en Extremadura no ocultan sus recelos y desconfianza.

Mientras tanto, el calendario no espera. El presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, finalizará este martes su ronda de consultas con los grupos y propondrá formalmente a María Guardiola como candidata, apurando unos plazos legales que sitúan el pleno de Investidura en el horizonte del 3 de marzo. Sin embargo, la noticia no es la candidatura, sino la soledad de la candidata: Guardiola acudirá al debate sin los 33 votos necesarios para la mayoría absoluta y con el rechazo frontal de PSOE y Unidas por Extremadura, que no van a facilitarle el paso.

A pesar de los numerosos desencuentros, al PP le urge el acuerdo con Vox después del órdago fallido de María Guardiola al adelantar las elecciones autonómicas. Pero la extrema derecha ha permanecido inamovible en sus exigencias y ha dado largas al interés del PP a la espera de las elecciones en Aragón, donde Vox ha doblado sus escaños y son indispensables para formar Gobierno, como en Extremadura. Ese resultado ha radicalizado su postura: “A ver si se entiende. No vamos a dar ni un paso atrás”, ha escrito el portavoz regional de Vox, Óscar Fernández Calle, en X.

Tras las elecciones autonómicas de 2023, PP y Vox también tuvieron que sentarse a negociar en un clima crispado por el rechazo de María Guardiola a dejarlos entrar en su Gobierno. Ahora la lista de condiciones de la extrema derecha es más amplia y radical, tanto ideológica como de sillones en el consejo de gobierno, al tiempo que ha ido en aumento la desconfianza por los incumplimientos, traiciones e insultos del pasado.

La aceptación de las medidas ideológicas suponen un intento de enmendar el discurso oficial que siempre ha defendido Guardiola. Sin embargo, la presidenta extremeña asegura que esas cuestiones se han aceptado ya “en un 90%” y el acuerdo se podría firmar en cualquier momento, algo que Vox desmiente. Entre esas medidas, el partido ultra exige poner fin a las políticas contra la violencia de género, la igualdad y la derogación de la ley LGTBI, algo a lo que el PP se opuso hace unos meses.

La extrema derecha también ha exigido poner frenar la aplicación del Pacto Verde, combatir la inmigración ilegal, poner fin a las subvenciones que reciben la patronal y los sindicatos y una bajada de impuestos masiva. Algunas de estas propuestas se recogían en el pacto de 2023 y no se cumplieron, bien porque el PP dilató su puesta en marcha, bien porque la coalición duró tan solo un año. Otras medidas fueron consideradas un atentado contra la insuficiencia financiera de Extremadura hace solo unos meses, al plantear Vox una rebaja fiscal más drástica y generalizada, que afectaba sobre todo al impuesto de transmisiones patrimoniales, además de nuevas reducciones en los tramos autonómicos del IRPF y la eliminación o revisión de tasas y precios públicos.

Pero si ya apenas hay distancia entre la derecha y la extrema derecha en el plano ideológico, como han reconocido María Guardiola y el secretario general del PP regional, Abel Bautista, el principal motivo del bloqueo de las conversaciones se encuentra en qué sillones está dispuesta a ceder Guardiola a Vox en su Gobierno. La presidenta en funciones ya hizo una oferta que la formación ultra consideró un “insulto” y a la que ni siquiera respondió. Vox insiste en tener “unas responsabilidades muy claras y unos presupuestos muy claros para poder aplicar nuestras políticas”, reiteró este lunes su portavoz nacional, José Antonio Fúster, unas pretensiones que considera “muy razonables”, pero que pasarían por obtener una vicepresidencia y las consejerías con competencias en agricultura, industria, educación y seguridad.

Ante esa ambición, el PP reclama “proporcionalidad” y que Vox tenga en cuenta el resultado de las elecciones de diciembre, donde Guardiola logró más del 43% de los votos y la candidatura de Fernández Calle se quedó cerca del 17%, aunque pasó de cinco a 11 diputados. Al igual que ha pasado ahora en Aragón, el PP extremeño se quedó lejos de la mayoría absoluta y se hizo más rehén de la extrema derecha, que dobló su representación en el parlamento autonómico. “Los extremeños quieren más del doble de Vox”, repiten como lema los diputados ultras.

La extrema derecha ve legitimadas todas sus exigencias tras los desenlaces electorales en Extremadura y Aragón, por lo que en el PP temen que ahora su estrategia seguir dando largas a Guardiola hasta la celebración de las elecciones en Castilla y León el 15 de marzo. Y es que la presidenta extremeña aseguró el lunes antes de la reunión de la Junta Nacional del PP en Madrid que aún no ha recibido respuesta a la solicitud de reunión que envió por correo a Vox el pasado miércoles y que, según la formación ultra, fue a parar a la bandeja de spam.