La avalancha que bloquea las ayudas para retirar amianto en Catalunya
La normativa que fija la erradicación total del amianto en edificios públicos antes de 2028 y en propiedades privadas antes de 2032 ha intensificado de forma notable las actuaciones para retirar este material altamente tóxico. En Catalunya, este proceso ha provocado un aumento sin precedentes de solicitudes de ayudas públicas para financiar las obras necesarias.
Según los datos oficiales publicados por la administración autonómica, durante 2025 se presentaron 3.002 solicitudes de subvención para retirar amianto. De ellas, el 58,7% fueron desestimadas por falta de presupuesto, dejando sin cubrir actuaciones valoradas en 25,7 millones de euros. Las ayudas concedidas alcanzaron los 20,9 millones, repartidos entre 1.122 beneficiarios.
Un presupuesto desbordado por la demanda
El volumen de peticiones evidencia un cambio estructural en pocos años. Hace apenas un sexenio, las líneas de ayudas destinadas a la retirada de amianto no llegaban a agotarse. En la actualidad, las partidas anuales, que rondan los 22 millones de euros, se consumen en cuestión de días.
La convocatoria de 2025 tuvo que ampliarse en dos ocasiones para incorporar solicitudes que habían quedado fuera en una primera fase. Aun así, el refuerzo presupuestario resultó insuficiente para absorber la avalancha de expedientes registrados.
Cómo se repartieron las ayudas concedidas
La distribución final de los fondos se realizó en tres resoluciones. En una primera fase se asignaron 7,4 millones de euros a 281 solicitantes. Posteriormente, una ampliación permitió conceder 4,9 millones adicionales a otros 260 expedientes. Antes de finalizar el año, una última prórroga destinó 8,6 millones a 581 solicitudes más.
En total, las ayudas concedidas permitieron financiar la retirada, el transporte y el tratamiento de más de un millón de metros cuadrados de materiales con amianto, principalmente cubiertas y conducciones de fibrocemento.
Solicitudes rechazadas de todos los perfiles
Las denegaciones han afectado a un abanico muy amplio de solicitantes. Entre los expedientes rechazados figuran particulares, pequeñas y medianas empresas, grandes compañías, comunidades de propietarios y ayuntamientos de distintos tamaños.
Las cantidades solicitadas también muestran una gran disparidad. Algunas peticiones rechazadas apenas superaban el centenar de euros para superficies reducidas, mientras que otras reclamaban importes cercanos al millón de euros para grandes complejos industriales o comerciales.
Impacto en empresas y actividad económica
Más de 400 solicitudes presentadas por empresas fueron desestimadas, con un importe conjunto superior a los 11,6 millones de euros. En muchos casos, la falta de subvención ha supuesto retrasos en el inicio de las obras o la necesidad de fragmentar actuaciones para ajustarse a la capacidad financiera disponible.
Las empresas especializadas en retirada de amianto reconocen que la acumulación de encargos ha llevado al sector al límite de su capacidad operativa, lo que también influye en los plazos de ejecución.
Ayuntamientos obligados a asumir el coste
Los municipios tampoco han quedado al margen del problema. Decenas de expedientes municipales han sido rechazados, obligando a los consistorios a financiar con recursos propios la retirada del amianto en equipamientos públicos.
En localidades pequeñas, este gasto supone un impacto significativo sobre los presupuestos anuales y los planes de inversión, ya que una sola actuación puede representar varios puntos porcentuales del total disponible para obras.
El reto de retirar y reponer cubiertas
Uno de los principales obstáculos señalados por las administraciones locales es que la ayuda cubre la retirada del material peligroso, pero no siempre la reposición de la cubierta o estructura retirada. Esto obliga a disponer de financiación adicional para completar la obra y evitar dejar edificios inutilizables.
Particulares, los más numerosos entre los excluidos
Más de un millar de solicitudes presentadas por particulares quedaron fuera de la convocatoria, con un importe conjunto superior a los 8,2 millones de euros. Para muchos propietarios, el coste de una retirada realizada conforme a la normativa resulta inasumible sin apoyo público.
La ausencia de subvención incrementa el riesgo de prácticas irregulares, como retiradas sin control técnico o vertidos ilegales, con el consiguiente peligro para la salud y el medio ambiente.
Una necesidad reconocida de nuevas ayudas
La administración catalana reconoce la urgencia de impulsar nuevas líneas de financiación que permitan dar respuesta al volumen real de necesidades. El calendario legal para la eliminación del amianto sigue avanzando, mientras miles de expedientes quedan pendientes de recursos.
La retirada segura de este material es una obligación sanitaria y ambiental de primer orden. Sin un refuerzo sostenido de las ayudas públicas, el objetivo de erradicar el amianto en Catalunya dentro de los plazos marcados seguirá acumulando retrasos y costes añadidos.
Más información sobre la gestión y eliminación segura del amianto puede consultarse en la Agència de Residus de Catalunya, organismo responsable de coordinar estas actuaciones en el territorio.