Editorial: OEA lo advierte de nuevo: Costa Rica debe cerrar portillos al narco en campañas electorales
¿Qué más hace falta para que se den los cambios? Planteamos esta pregunta para subrayar que ya han sido muchas las advertencias emitidas por las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la urgencia de reformar el sistema de financiamiento de las campañas políticas en Costa Rica.
Durante más de una década, varios informes vienen señalando las profundas inequidades que genera un modelo excesivamente dependiente del dinero privado. Sin embargo, desde los comicios municipales de 2024, la alerta escaló a la existencia de indicios sobre la posible penetración del narcotráfico y de recursos ilícitos en la competencia electoral.
Ahora, concluidas las elecciones del 1.° de febrero, el informe final de los 27 observadores, de 15 nacionalidades, liderados por el uruguayo Ope Pasquet, enciende la misma alarma: “Posible infiltración del crimen organizado y la presencia de recursos de origen ilícito, incluyendo los asociados al narcotráfico, así como de financiación prohibida proveniente del extranjero”.
Actualmente, el financiamiento a los partidos descansa casi por completo en reembolsos poselectorales que les hace Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Esto obliga a las agrupaciones, presionadas por la urgencia de liquidez, a conseguir fuertes sumas de dinero antes de los comicios, mediante contribuciones individuales sin límite e instrumentos especulativos como los bonos de deuda política. Esta combinación abre un portillo para que capitales de origen ilícito se puedan filtrar como financiamiento privado o inversión.
Aunque la OEA no ahonda en detalles, el Informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos 2025, del Departamento de Estado de Estados Unidos, ubica a Costa Rica entre las “mayores jurisdicciones” del mundo vulnerables al lavado de dinero. El documento añade una preocupación adicional: el país no regula las monedas virtuales y “se mantiene entre los principales puntos iniciales de trasbordo de cocaína suramericana con destino a Estados Unidos y Europa”.
De ahí que, desde la óptica electoral, resulten urgentes acciones concretas para cerrar los portillos. La responsabilidad recae en el TSE, pero principalmente en la Asamblea Legislativa y en los partidos políticos, llamados a aprobar las reformas.
Las propuestas existen. Desde 2023, el Tribunal presentó una modificación al artículo 96 de la Constitución Política para modernizar el financiamiento, reducir la dependencia del dinero privado y fortalecer la equidad y los controles. Pese a ello, la iniciativa permanece estancada en el Congreso, a la espera de ser admitida para su estudio.
En palabras sencillas, hay resistencia de los diputados y partidos. Por eso, los 57 congresistas que asumirán funciones a partir del 1.° de mayo tienen la responsabilidad de retomar esa reforma y dar el paso que el país ha venido posponiendo por más de una década.
La reforma del Tribunal propone financiamiento público anticipado e indirecto para reducir la dependencia del dinero privado, incorpora franjas electorales en medios de comunicación que aseguren equidad en la difusión de propuestas y constitucionaliza el financiamiento al proceso municipal. El objetivo es disminuir el endeudamiento y la especulación financiera, sin relajar controles, sino fortaleciendo la trazabilidad y la fiscalización del financiamiento político.
Estos ajustes son necesarios, pero también resulta imprescindible –como lo han dicho los observadores de la OEA– establecer límites a los aportes individuales de personas físicas y topes al gasto de las campañas. Las medidas se justifican ante la creciente acumulación de indicios, aunque todavía sin pruebas concluyentes, del interés del narcotráfico en incidir en los procesos electorales.
El caso más concreto lo determinó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al interceptar una llamada de una banda dedicada al tráfico internacional de cocaína líquida, en la que se hablaba de financiar campañas a alcaldías en Santa Ana y Pérez Zeledón durante los comicios municipales de 2024. Durante ese mismo proceso electoral, la Policía Judicial también captó conversaciones de un diputado que gestionó con un empresario autobusero –posteriormente señalado como sospechoso de legitimación de capitales– un aporte en efectivo para la alcaldesa de San Ramón, entonces en campaña por su reelección.
Insistimos: ¿qué más hace falta? Nada. El diagnóstico está hecho, las advertencias se repiten y los riesgos son evidentes. La próxima Asamblea Legislativa no puede seguir postergando una reforma que el propio TSE planteó con base en criterios técnicos y de la OEA. Lo que falta, entonces, es compromiso y decisión.