Cantabria lleva a los tribunales la orden de Cartes y activa medidas cautelarísimas para frenar la paralización del centro de menores
La tensión institucional entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Cartes ha escalado de manera fulminante después de que el Ejecutivo autonómico decidiera acudir a los tribunales para bloquear la orden municipal que pretendía paralizar el funcionamiento del centro de menores ubicado en el municipio.
La reacción ha sido directa: la comunidad ha solicitado medidas cautelarísimas, un mecanismo urgente destinado a impedir que la orden tenga efecto mientras el juez analiza el caso.
La orden emitida por el Ayuntamiento exigía la suspensión inmediata de la actividad del centro, alegando supuestas irregularidades administrativas. Sin embargo, para el Gobierno cántabro, esta decisión compromete la atención de los menores acogidos y afecta a competencias que considera exclusivamente autonómicas.
Un movimiento urgente para asegurar la actividad del centro mientras decide el juez
Por ello, la Consejería implicada presentó un recurso de urgencia para evitar que el servicio quedara interrumpido.
Fuentes del Ejecutivo explican que la prioridad es garantizar la continuidad del recurso y evitar cualquier impacto sobre los menores residentes. Las medidas cautelarísimas, solicitadas sin audiencia previa, buscan precisamente asegurar que el centro siga funcionando con normalidad mientras el juzgado determina si la orden municipal es válida o no.
Desde el Ayuntamiento de Cartes defienden que actuaron dentro de sus competencias y que la orden respondía a cuestiones técnicas relacionadas con la actividad del centro. Aun así, la decisión ha provocado un choque institucional que ahora queda en manos de la justicia.
Mientras tanto, el personal del centro continúa trabajando con normalidad, siguiendo las instrucciones del Gobierno regional. Desde la administración autonómica insisten en que el recurso no solo pretende frenar la orden, sino también evitar que decisiones similares puedan afectar a otros servicios esenciales.
La situación ha generado inquietud entre vecinos y entidades sociales, que observan con preocupación la incertidumbre en torno a un recurso considerado fundamental para la protección de menores en situación de vulnerabilidad. Aunque el proceso judicial acaba de comenzar, la activación de las medidas cautelarísimas garantiza, por ahora, que el centro mantenga su actividad sin alteraciones.
La resolución judicial marcará los próximos pasos, pero el Gobierno cántabro ha dejado claro que defenderá la continuidad del servicio como prioridad absoluta.