El Estatuto de Castilla-La Mancha se atasca con 97 enmiendas y la ruptura entre PSOE y PP

El proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que arrancó su tramitación con el acuerdo político entre el PSOE y el PP en las Cortes regionales, se enfrenta ahora a un escenario de bloqueo tras el registro de 97 enmiendas en el Congreso de los Diputados . El principal foco de conflicto se sitúa en el número máximo de diputados que deberán conformar el Parlamento autonómico, una discrepancia que ha roto el consenso entre los dos grandes partidos y amenaza con descarrilar la reforma. El texto consensuado inicialmente por socialistas y populares en Castilla-La Mancha fijaba una horquilla de diputados más amplia, con un máximo de 55 escaños, frente al límite actual. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda que reduce de forma drástica esa cifra y establece un tope de 35 diputados, una corrección que ha generado un choque político de primer nivel con el PSOE. Desde las filas socialistas se acusa al PP de actuar movido por una estrategia electoral, al considerar que una Cámara más reducida penaliza la pluralidad política y beneficia a los populares. El PSOE sostiene que la marcha atrás del PP rompe el acuerdo alcanzado en el ámbito autonómico y altera el equilibrio institucional que se pretendía reforzar con el nuevo Estatuto. El PP, por su parte, justifica su posición en la necesidad de contener el gasto político y evitar un crecimiento que considera innecesario del Parlamento regional. Los populares defienden que una ampliación hasta 55 diputados no responde a una demanda social real y que el funcionamiento de las Cortes puede garantizarse con una Cámara más reducida. El debate sobre el número de diputados se ha convertido en una de las líneas rojas de la tramitación parlamentaria y ha marcado claramente la posición de los distintos grupos. El PSOE mantiene el texto pactado inicialmente con el PP en Castilla-La Mancha, que establece una horquilla amplia y permite alcanzar un máximo de 55 diputados, defendiendo una mayor representatividad parlamentaria. Por su parte, el PP rompe el consenso previo y propone limitar el número máximo a 35 diputados, dos más que los diputados máximos actuales, por lo que reducen de manera sustancial la horquilla acordada con los socialistas de 25-55. En cuanto a Vox, el grupo parlamentario en el Congreso rechaza de plano cualquier aumento del número de escaños y utiliza este punto como eje central de su crítica al «gasto político» y al modelo autonómico. El partido acusa a PSOE y PP de pretender ampliar la Cámara para blindar a la «clase política». Así, proponen fijar un máximo de 35 diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha. De otro lado, Sumar no centra sus enmiendas en fijar un número concreto de diputados, tampoco cuestiona la ampliación prevista en el texto original y la vincula a una mayor representación y al refuerzo de derechos, no así el Grupo Mixto —de 8 diputados, 4 son de Podemos— que pone sobre la mesa la propuesta más ambiciosa y rupturista. En sus enmiendas, eleva el techo del Parlamento castellanomanchego hasta un máximo de 100 diputados con el argumento de garantizar una representación «democráticamente plena» y corregir el ajuste aprobado en 2015. Se trata de la propuesta más alejada del consenso, ahora roto, entre PSOE y PP y de las posiciones de PP y Vox. Más allá del conflicto por el tamaño de las Cortes, el PP ha registrado once enmiendas que apuntan a un perfil más restrictivo y contenido del autogobierno. La mayoría de estas modificaciones se concentran en el Título Preliminar y en la arquitectura institucional, con ajustes de redacción y alcance competencial. Entre las enmiendas más significativas, el PP refuerza las referencias explícitas a la Constitución Española, a la unidad del Estado y al respeto a las competencias exclusivas estatales, tanto en la exposición de motivos como en los artículos iniciales del texto. Los populares subrayan la lealtad institucional y tratan de evitar formulaciones que puedan interpretarse como una ampliación implícita del marco competencial autonómico. Otra parte relevante de las enmiendas populares se centra en acotar el papel y la formulación de los principios rectores de la actuación pública, eliminando expresiones de carácter programático o ideológico y sustituyéndolas por redacciones más neutras. En este sentido, el PP introduce matices en materias como servicios públicos, igualdad o políticas sociales, con el argumento de que el Estatuto debe fijar marcos generales y no convertirse en un programa de gobierno. Además, el PP actúa sobre el diseño institucional del Estatuto, con enmiendas que afectan al régimen electoral, a la composición de las Cortes y al funcionamiento de determinados órganos autonómicos. Su objetivo declarado es evitar duplicidades, limitar la creación o el blindaje de nuevas instituciones y reducir el margen de discrecionalidad política en el desarrollo posterior del texto.