Dipres publica nuevo balance por mal uso de licencias médicas: solo el 6% de los sumarios tiene resolución ejecutoriada

La Dirección de Presupuestos (Dipres) publicó el séptimo balance sobre sumarios por mal uso de licencias médicas que se comprometió a través de la Ley de Presupuestos 2026. Acción a cargo del Comité Nacional de Ausentismo y que recopila el estado de los procedimientos disciplinarios instruidos por el Ministerio de Hacienda frente al mal uso de licencias médicas hasta el cierre de 2025. 

La institución reportó un total de 40 mil 629 licencias médicas incumplidas durante el período, con 29 mil 270 funcionarios involucrados. Sin embargo, se precisó que son “26 mil 692 funcionarios cuyos casos se deben investigar mediante sumarios administrativos”. 

Los que ya se han instruido son 25 mil 352. De ellos, mil 543 cuentan con procesos que han sido cerrados y tienen alguna resolución ejecutoriada: en total, 584 funcionarios recibieron la medida disciplinaria de censura; 577 funcionarios fueron absueltos o sobreseídos, por lo que el proceso se cerró sin sanción; 262 han sido destituidos; 65 recibieron la medida disciplinaria de suspensión en el empleo; y 55 recibieron la medida disciplinaria de multa. 

Con lo anterior, se puede concluir que solo el 6% de los sumarios instruidos están cerrados y con resolución ejecutoriada. Además, en más de la mitad de los casos hubo una sanción, siendo la más utilizada la de “censura”. “Del total de casos cerrados sin sanción, estos se explican por distintos motivos que en la etapa investigativa se deben certificar. Situaciones que además cuentan con la revisión de la Contraloría para su toma de razón”, explicó la Dipres.

Las licencias involucradas tuvieron una duración promedio de 22,1 días y se estima que los funcionarios a los que se impartirá sumario recibieron $36 mil 876 millones en remuneraciones pagadas durante estos períodos de ausencia.

“Vergüenza nacional”

El diputado Hernán Palma, quien fue presidente de la Comisión Especial Investigadora de las licencias médicas mal utilizadas, dijo estar “a lo menos anonadado” con la situación. En ese sentido, calificó como “impresentable que menos del 1% de las personas involucradas en este megafraude estén con una sanción mayor, que hayan muchos procesos que aún están pendientes y que hayan muchas personas sobreseídas. Creo que esto sienta un mal precedente”.

Palma cuestionó que se hayan utilizado estas licencias en gran porcentaje para salir del país o desplazarse dentro del territorio nacional, además de asistir a casinos. “Si detrás de esto se va a esconder la figura de que los psiquiatras les otorgaron licencias para esparcimiento por su condición de salud mental, yo me pregunto qué hacemos con el resto de nuestro pueblo que no tiene el privilegio de poder ir a un psiquiatra privado, pagar una consulta tan cara y conseguirse una licencia en estas condiciones”, dijo.

Por su parte, senador Juan Luis Castro (PS), parte de la Comisión de Salud, problematizó las destituciones y la lentitud del proceso investigativo. “Considero una verdadera vergüenza nacional que después de 9 meses de destapado escándalo solo el 1% de esos 29 mil funcionarios que están involucrados hayan sido destituidos. Esto claramente es una bofetada a la confianza pública”, dijo. 

El parlamentario agregó que “no puede ser que haya 21 mil sumarios todavía en desarrollo. ¿Por qué? ¿Acaso hay indulgencia? ¿Acaso esperamos que el olvido sea un manto que tape todo lo sucedido?”.

“Aquí falta, de verdad, una decisión y una convicción de parte de las autoridades del Estado para llevar hasta el final un proceso que es el bochorno más grande que hemos tenido en materia de seguridad social y que nadie quiere todavía ponerle cascabel al gato”, cuestionó Castro.

También desde la Comisión de Salud el senador Iván Flores (DC) señaló que la explicación de las pocas desvinculaciones “no es tan convincente. Es que muchos de estos casos se judicializaron y, estando en esa condición, no tiene asunto implementar sumarios administrativos. Como fuere, esto, que ha significado un costo gigantesco para el Estado (…), tiene que ser un téngase presente y un nunca más”. 

“El Gobierno tiene la responsabilidad de impulsar un proyecto de ley que presentó y que no lo ha querido mover, que es la ley que resuelve las obligaciones respecto a las licencias médicas. No queremos que se repita este fraude generalizado (…). La verdad es que la persecución de este delito, o la falta en algunos casos, no se ha hecho con eficiencia”, enfatizó el parlamentario.

Según informó la Dipres, ya existían 5 mil 182 funcionarios sumariados por mal uso de licencias desde antes de la investigación de Contraloría. Además, puntualizaron que “del total de involucrados en estos casos, 4 mil 061 corresponden a funcionarios que ingresaron al servicio el 11 de marzo de 2022 en adelante, frente a 23 mil 667 funcionarios que ingresaron en administraciones previas”. Luego, desglosandolo, 33% de estos casos corresponden a salidas del país, 1% a atención de partos, 5% a emisores investigados penalmente, 5% a salidas del país en Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, 21% a asistencia a casinos de juegos y 35% a salidas del país en servicios regionales.