Defensoría de la Niñez alerta sobre crisis de exclusión escolar: más de 7 mil 500 expulsiones registradas desde 2018

En un reciente informe emitido por su Observatorio de Derechos, la Defensoría de la Niñez dio a conocer cifras preocupantes sobre el impacto de las expulsiones y cancelaciones de matrícula en el sistema educativo chileno. Entre 2018 y junio de 2025, se han contabilizado más de 7 mil 500 procedimientos disciplinarios de este tipo, evidenciando una tendencia al alza que pone en riesgo la continuidad formativa de miles de niños, niñas y adolescentes en el país.

La arista más crítica del reporte revela que estas medidas no son exclusivas de la enseñanza media. Entre 2022 y 2025, se registraron mil 560 expulsiones de estudiantes que cursaban entre 1° y 8° básico. Esta aplicación de sanciones extremas en etapas tan tempranas de la trayectoria educativa preocupa al organismo, ya que interrumpe procesos de desarrollo fundamentales y marca negativamente la relación del menor con el sistema escolar desde la infancia.

El análisis también pone el foco en el destino de los estudiantes sancionados. Datos previos del Observatorio indican que un 12% de quienes fueron expulsados durante el periodo 2018-2022 no logró reinsertarse en el sistema escolar durante el año 2023. Para la Defensoría, esto constituye una señal clara de exclusión escolar, donde la medida disciplinaria actúa como un detonante para la desvinculación definitiva, afectando con mayor fuerza a jóvenes que ya presentan desventajas sociales acumuladas.

Geográficamente, el informe identifica focos críticos en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, donde la recurrencia de estos expedientes es significativamente alta. Asimismo, se detectó un incremento exponencial en los denominados “establecimientos emblemáticos”, los cuales registraron un aumento del 62% en las expulsiones entre 2023 y 2024. Los liceos técnico-profesionales también aparecen como instituciones con un uso reiterado de estas sanciones.

Al respecto, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió sobre las consecuencias sociales de estas decisiones. Según la autoridad, cuando el sistema expulsa a un adolescente sin ofrecer alternativas de acompañamiento, se le expone a mayores riesgos de exclusión social y se le arrebata el acceso a redes que funcionan como factores de protección frente a entornos vulnerables. Quesille enfatizó que la escuela debe ser el último lugar del que un joven sea marginado.

La Defensoría hizo un llamado urgente al Ministerio de Educación y a la Superintendencia de Educación para reforzar el monitoreo de la Ley de Inclusión Escolar. El organismo propone que, en lugar de recurrir a la expulsión como primera respuesta, los establecimientos fortalezcan sus estrategias de mediación, convivencia y acompañamiento psicosocial, involucrando activamente a las familias en la resolución de conflictos.

Finalmente, el informe —que ya fue remitido a las autoridades correspondientes vía oficio— subraya que las actuales cifras obligan al Estado a replantear las políticas de retención escolar. La interrupción del aprendizaje no solo afecta el rendimiento académico, sino que deteriora el bienestar integral del estudiante y fragmenta la cohesión de las comunidades educativas, transformando un problema de conducta en una crisis de derechos a largo plazo.