DNCD arresta acusado de gestionar fentanilo de México a EE.UU. desde territorio dominicano
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
SANTO DOMINGO.– Las autoridades dominicanas arrestaron para fines de extradición a un ciudadano dominicano acusado por la DEA de gestionar desde la República Dominicana con carteles mexicanos el suministro de fentanilo a una red que lo distribuía en los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.
Fuentes antinarcóticos confirmaron a EL DÍA que el detenido fue identificado como Ángel de la Rosa Pacheco, un dominicano que había sido repatriado desde Estados Unidos y que, tras su regreso al país, mantuvo vínculos con organizaciones criminales en México, desde donde coordinaba el envío de fentanilo hacia una banda radicada en territorio estadounidense, integrada mayoritariamente por personas de origen dominicano.
De acuerdo con la información obtenida, De la Rosa Pacheco habría firmado de manera voluntaria su extradición, quedando pendiente la emisión del decreto correspondiente para proceder con su traslado a Estados Unidos, donde enfrentará cargos federales.
El arresto se produce en el marco de una amplia investigación en Estados Unidos encabezada por la DEA, en coordinación con el Federal Bureau of Investigation y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de New Haven (HSTF), que permitió la detención de seis personas acusadas de integrar una red de narcotráfico y tráfico de armas de fuego que operaba en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, presuntamente dirigida por el imputado desde territorio dominicano.
El anuncio fue realizado por el fiscal federal del Distrito de Connecticut, David X. Sullivan, quien informó que los detenidos son Manolin Vargas D’Olón, alias “Robelin”, de 30 años; Giovanni Benoit, de 41; Álvaro Pérez, de 40; Anderson Amador Nova, de 35; Ángel Vásquez, alias “Bebo”, de 36; y Andy Martínez, de 46 años.
Según documentos judiciales, la organización distribuía narcóticos y armas de fuego a través de múltiples redistribuidores en varias ciudades del noreste de Estados Unidos.
Durante la investigación, las autoridades realizaron más de 30 compras controladas, que permitieron la incautación de más de un kilogramo de fentanilo, más de 200 gramos de metanfetamina y al menos 17 armas de fuego.
El análisis de laboratorio del fentanilo incautado reveló que parte de la sustancia estaba mezclada con bromazolam, una benzodiazepina sintética relativamente nueva, detectada con creciente frecuencia en combinaciones de drogas asociadas a sobredosis fatales.
Las autoridades también sostienen que el ciudadano dominicano señalado como líder de la red afirmó tener la capacidad de ordenar actos de violencia contra personas en territorio estadounidense.
Acusación federal y posibles condenas
Un gran jurado federal de New Haven emitió el 9 de diciembre de 2025 una acusación formal de 15 cargos contra los seis imputados, la cual fue hecha pública esta semana. Los cargos incluyen conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir fentanilo y metanfetamina, así como múltiples delitos vinculados al tráfico ilegal de armas de fuego.
De ser hallados culpables, Vargas D’Olón enfrentaría una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua. Benoit, Pérez y Amador Nova podrían recibir penas mínimas de cinco años y máximas de hasta 40 años de cárcel, mientras que Vásquez enfrenta una pena máxima de 20 años. Los cargos por tráfico de armas conllevan penas adicionales de hasta 15 años de prisión por cada imputación.
Vargas D’Olón, Benoit, Vásquez y Martínez están acusados de conspiración para el tráfico de armas. Vargas D’Olón enfrenta además cargos por posesión ilegal de un arma de fuego como extranjero en situación migratoria irregular; Vásquez por posesión de un arma como delincuente convicto; y Vargas D’Olón, Benoit y Vásquez por transferencia ilegal de armas.
Cargos adicionales por pornografía infantil
El expediente judicial detalla que en mayo de 2025 Vargas D’Olón fue arrestado por cargos estatales relacionados con narcóticos. Posteriormente, el análisis de un teléfono celular incautado reveló archivos de video e imágenes que contenían pornografía infantil, almacenados en carpetas de caché de la aplicación de mensajería encriptada Telegram.
Por este hecho, un gran jurado emitió una acusación formal separada contra Vargas D’Olón por posesión de pornografía infantil, delito que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
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