Necesidad de un nuevo Pacto Fiscal Federal para reordenar al país
Celebramos un nuevo aniversario de nuestra Constitución, celebramos no solo un conjunto de normas jurídicas, sino el pacto fundacional que articula la convivencia democrática y la distribución de competencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. Es momento de recordar que la Carta Magna no es un documento estático: su vigencia depende de nuestra capacidad colectiva para adaptarla a los desafíos contemporáneos y para garantizar que sus principios de igualdad, solidaridad y autonomía se traduzcan en bienestar concreto para todas las regiones.
Sin embargo, muchas entidades federativas muestran un preocupante déficit de dinamismo: economías estancadas, inversiones concentradas en pocos centros urbanos, servicios públicos desiguales y limitada capacidad institucional para diseñar y ejecutar políticas de desarrollo. Esa debilidad local no solo genera desigualdad territorial, sino que erosiona la cohesión nacional: cuando el desarrollo queda atrapado en polos reducidos, se amplifican la migración, la inseguridad y la frustración ciudadana.
Frente a este panorama, es imprescindible avanzar hacia un nuevo pacto fiscal federal que reconozca tanto la autonomía de las entidades como la responsabilidad compartida por el desarrollo. Ese pacto debe reordenar las transferencias y los incentivos para ser más equitativo, transparente y eficaz: transferencias condicionadas a resultados, fondos concursables para infraestructura estratégica, mayor capacidad recaudatoria local acompañada de rendición de cuentas, y mecanismos que eviten la competencia fiscal destructiva entre jurisdicciones.
Un rediseño fiscal exitoso requiere diálogo sincero entre niveles de gobierno, participación ciudadana y criterios técnicos que prioricen inversión productiva y bienestar social. Solo así la Constitución cumplirá su promesa: no como un texto lejano, sino como marco vivo que facilita oportunidades en todas las regiones, fortalece la democracia y construye un país más justo y próspero para las futuras generaciones.
Es necesario recordar que para que el rediseño fiscal produzca crecimiento real y sostenido, es indispensable reforzar los encadenamientos productivos y relanzar a las entidades rezagadas mediante nuevos proyectos productivos. Esto implica: promover cadenas de valor regionales que conecten producción primaria, transformación local y acceso a mercados, favoreciendo mayor valor agregado donde se generan los recursos. Se requiere incentivar clusters sectoriales y redes empresariales que faciliten transferencia tecnológica, compras públicas locales y cooperación entre PYMES y grandes empresas.
Diseñar incentivos temporales y selectivos para inversiones que generen encadenamientos productivos —por ejemplo, apoyo a industrias de transformación, logística y servicios vinculados a sectores locales competitivos—, evitando exenciones generales que no producen efectos multiplicadores.
Crear fondos concursables para proyectos productivos regionales con criterios técnicos de impacto, empleabilidad y sostenibilidad, priorizando aquellos que integren producción, innovación y capacitación. Asimismo es necesario fortalecer la capacidad técnica de gobiernos locales y cámaras empresariales para planificar proyectos, gestionar financiamiento y asociarse con el sector privado y universidades.
Es necesario impulsar políticas de compra pública estratégica que favorezcan proveedores locales y estimulen la formalización y el crecimiento de cadenas productivas. Un elemento clave es acompañar este esfuerzo con programas de formación laboral y emprendimiento orientados a las demandas reales de las cadenas productivas locales. El lugar preciso para reducir la informalidad es precisamente es a nivel local, es donde se recrea día a día el problema del mercado laboral desestructurado que provoca el surgimiento de la violencia y la creación de coaliciones de negocios ilegales.
Un rediseño fiscal y productivo exitoso requiere diálogo sincero entre niveles de gobierno, participación ciudadana y criterios técnicos que prioricen inversión productiva y bienestar social. No se trata solo de redistribuir recursos, sino de reconfigurar incentivos y capacidades para que cada región pueda desplegar su potencial económico. Así la Constitución cumplirá su promesa: no como un texto lejano, sino como marco vivo que facilita oportunidades en todas las regiones, fortalece la democracia y construye un país más justo y próspero para las futuras generaciones.