Los socios de izquierda presionan al Gobierno para que mantenga la moratoria antidesahucios

El Gobierno ha acelerado los contactos con la mayoría de la investidura en las últimas horas para tratar de encauzar la negociación sobre la revalorización de las pensiones y la prórroga del escudo social, incluida la protección contra los desahucios para personas vulnerables, la excusa que usaron PP y Junts la semana pasada para tumbar todo el decreto. Tanto Sumar como algunos socios de izquierda han reclamado al Ejecutivo en las últimas horas que haga todo lo posible para mantener esa medida, que según los movimientos sociales ampara a unas 70.000 familias.

“Trabajamos para que vaya lo antes posible, a poder ser mañana”, ha dicho este lunes en rueda de prensa el portavoz de Movimiento Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtaun, uno de los principales negociadores de la coalición con su socio de Gobierno. “Nuestra línea es que tienen que ir todas las medidas, lo importante no es tanto el cómo sino el que tienen que ir todas y nosotros lo que no vamos a permitir es que se dee caer la medida de los desahucios”, ha dicho en una rueda de prensa.

Urtasun ha reconocido que una negociación así es “delicada” y a “muchas bandas”, por lo que ha vaticinado que seguirán negociando durante todo el lunes con el PSOE para concretar el contenido del nuevo decreto, aunque en Moncloa todavía no saben si la medida irá finalmente en el Consejo de Ministros de este martes. La idea inicial del Gobierno es que la aprobación del nuevo paquete no demore demasiado, con la idea de que los pensionistas no noten en su próxima nómina una reducción de su pensión.

El problema es que sin los apoyos atados, el Gobierno se arriesga a aprobar de nuevo la subida pero que vuelva a salir derrotada en el Congreso, sin el apoyo de Junts, que ha hecho mucha presión en los últimos días para sacar del paquete de medidas esa moratoria, que el partido, en plena competición electoral con la extrema derecha independentista, asocia sin argumentos a la subida de la okupación. La moratoria contra los desahucios protege a las familias consideradas vulnerables que tienen un contrato de alquiler en vigor pero no pueden hacer frente al importe a final de mes, aunque el decreto tiene varias consideraciones. Por ejemplo, solo afecta a propietarios que tengan más de diez viviendas o que sean personas jurídicas, empresas inmobiliarias o fondos de inversión. También incluye un fondo de compensación para los caseros que no puedan desahuciar a esos inquilinos.

A pesar de la presión de Junts, los socios de izquierda han matenido todos estos días la presión para que el decreto vuelva con todas las medidas y no quede fuera la moratoria. En Sumar se muestran abiertos a hablar sobre el contenido del decreto y sobre ajustes para poder atraer a los independentistas, pero siempre y cuando no se ponga “en cuestión” la protección a las familias. “Estamos dispuestos a hablar y a ver qué cosas se pueden mejorar, como hicimos con el sistema de avales públicos”, ha dicho Urtasun sobre los cambios que el Gobierno hizo en el texto ya el año pasado para que Junts votase a favor de una medida exactamente igual que la que tumbó la semana pasada. En la coalición se abren también a que el Ejecutivo pudiera aprobar dos decretos en paralelo y separar las pensiones, pero siempre que los apoyos estén atados y no se deje caer la moratoria ni ninguna de las medidas del escudo social que incluía el decreto, como la prohibición de corte de suministro para consumidores vulnerables o las ayudas a afectados de la dana.

Una posición similar a la que ha mostrado Esquerra Republicana este lunes. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reconocido que comenzaron las conversaciones con el Gobierno este domingo por la noche. “Esperamos poder llegar a un acuerdo, por nosotros no será”, ha dicho en declaraciones a la prensa antes de entrar a la comisión de investigación sobre la gestión de la dana, con la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo. “Creo que es una mala excusa votar en contra de un decreto que contiene una inmensa mayoría de cosas buenas porque algo no te gusta”, ha recriminado contra el partido de Carles Puigdemont.

Podemos también ha instado este lunes al Gobierno a que mantenga la protección contra las personas vulnerables e incluso ha propuesto que el Consejo de Ministros apruebe cada mes este decreto, aunque el Congreso luego lo derogue una y otra vez. “El Gobierno puede aprobar mañana mismo un nuevo decreto antidesahucios y hacerlo mes a mes las veces que sea pertinente y necesario”, ha dicho el portavoz y secretario de Organización del partido, Pablo Fernández, en una rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva del partido. 

No obstante, ha añadido: “En caso de que el Gobierno no quiera aprobar como mínimo debe comprometerse a pagar íntegramente el alquiler que tenga que abonarse para evitar el desahucio de las personas que pueden ser desahuciadas en las próximas semanas”. 

“Le corresponde al Gobierno la fórmula que considere más efectiva y eficaz”, ha resumido, aunque ha considerado “perentorio” que el Gobierno implemente las medidas necesarias para proteger a las familias que están en peligro de ser desahuciadas. “El Gobierno, si tuviese voluntad, debería aprobar mañana un decreto que ampare a esas personas”, ha insistido.