Una conversación sacada de contexto acaba con varios antidisturbios investigados por insultos racistas a un guardia civil

La Delegación del Gobierno en Melilla ha abierto una investigación contra varios agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional por supuestos insultos racistas dirigidos a un compañero de la Guardia Civil . Fuentes policiales defienden a ABC que no hubo ninguna descalificación y que todo se enmarcó dentro de una «conversación sacada de contexto». Los hechos ocurrieron el pasado sábado 31 de enero en una cafetería céntrica de la ciudad autónoma. Solo en esta circunstancia coinciden los relatos diametralmente opuestos del guardia civil y los policías nacionales implicados. El agente del Instituto Armado, que es conocido por ser experto en artes marciales, Nebil Mohamed Amaruch 'El Lobo', estaba acompañado de su familia y los antidisturbios ocupaban otra de las mesas del local. El agraviado expuso que escuchó como los policías supuestamente le insultaban con términos como «chimpancé» o mono« , además de lanzar una amenaza de «lo voy a partir en dos» . Unos comentarios que presuntamente fueron también oídos por el resto de clientes del establecimiento y la familia del experto luchador. Se da la circunstancia de que ambos, el guardia civil y el antidisturbio que realizó estos comentarios, habían competido juntos en una modalidad de lucha. Según fuentes policiales no se produjo ningún insulto y la «conversación se sacó de contexto» . Según el testimonio del agente del Instituto Armado, el agente que profirió estas palabras se acercó entre risas para para pedirles perdón delante de su familia por la situación. Con todo ello, la mujer del guardia civil fue la que acudió a denunciar los hechos con un parte sanitario donde alegó que había sufrido una crisis de ansiedad. Sabrina Moh, la delegada del Gobierno, publicó en 'X' que había activado todos los mecanismos que tiene en su mano para que se abra una investigación y depurar responsabilidades. Desde la Delegación del Gobierno se afirma que la función policial debe ejercerse desde el respeto y la protección de los derechos fundamentales. No pueden quedar sin aclararse estos hechos en una ciudad marcada por la convivencia cotidiana entre comunidades diversas. Al ser preguntados sobre este tema, Jupol defiende que todos los ciudadanos tienen derecho a la presunción de inocencia un «principio básico de nuestro ordenamiento jurídico que no puede verse erosionado por valoraciones o juicios públicos anticipados mientras los hechos están siendo objeto de investigación«. «Cualquier conducta presuntamente irregular por parte de un agente sea investigada con el máximo rigor, imparcialidad y dentro de los cauces legales establecidos. La Policía Nacional no puede ni debe ser ajena al control y la transparencia, pero tampoco puede permitirse que se traslade a la opinión pública una imagen de culpabilidad antes de que exista una resolución basada en pruebas», añaden fuentes del sindicato a ABC. No obstante, precisan que las declaraciones institucionales que «puedan interpretarse como condenas previas» no solo afectan al honor y a la reputación de los agentes implicados, sino que además pueden «interferir en el normal desarrollo del procedimiento y en su derecho a una defensa justa». Sea como fuere, Jupol «condena de manera rotunda cualquier comportamiento racista o discriminatorio si llegara a acreditarse, porque es incompatible con los valores constitucionales y con el servicio público que presta la Policía Nacional». «Sin embargo, la firmeza frente a cualquier forma de intolerancia no puede servir de excusa para alimentar la tensión social ni para lanzar mensajes que, lejos de contribuir a la calma, echen más leña al fuego en un contexto ya de por sí sensible», manifiestan. Asimismo, consideran que las autoridades públicas, y más aún quienes ostentan la máxima representación del Ejecutivo en un territorio, como en este caso la delegada del Gobierno en Melilla, tienen la responsabilidad de contribuir a la «serenidad, a la convivencia y al respeto escrupuloso de los derechos fundamentales de todos«. »Exigimos que la investigación continúe con total transparencia y rigor, y pedimos a las autoridades que eviten pronunciamientos que puedan prejuzgar los hechos antes de que estos hayan sido plenamente esclarecidos«, concluyen.