Más de 700 presos esperan la amnistía en Venezuela
Javier Tarazona estuvo cuatro años y siete meses en prisión. Fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la Fiscalía de la ciudad de Coro, al noroeste de Venezuela, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de la policía de ese estado, agentes de la policía política Sebin y sujetos no identificados. La respuesta fue su arresto.
En aquel momento llevaba semanas pidiendo que se investigaran las relaciones entre un alto funcionario, el exministro de Interior Ramón Rodríguez Chacín, y jefes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional colombiano. Lo hizo a partir de una fotografía donde se les ve sentados juntos en una reunión. Pero ni aquella investigación se inició ni Javier Tarazona tuvo juicio. Fue imputado por terrorismo, instigación al odio y traición a la patria, cargos que siempre rechazó. Su proceso judicial fue reiniciado dos veces.
Ayer domingo por la mañana finalmente su hermano Rafael Tarazona, que también fue detenido durante varios meses en aquel momento, anunció que el activista finalmente salió de la cárcel del Helicoide, en Caracas. Lo hizo compartiendo una fotografía de ambos junto a su madre en un templo religioso.
Javier Tarazona es de los nombres más sonados entre las excarcelaciones que se han producido este domingo en Caracas, donde continúan saliendo de los calabozos presos políticos como parte de un proceso iniciado el pasado 8 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez lo anunció. La organización Foro Penal lleva un conteo de presos políticos todavía en prisión que supera las 700 personas incluso después de las más de 300 liberaciones de las últimas semanas. La Fiscalía habla de más de 643, mientras que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha dicho que van más de 800 personas.
Este domingo también salieron al menos cinco personas más. Por ejemplo, Luis Istúriz, que fue llevado hasta casa de su familia por agentes del Sebin después de haber estado preso en el Helicoide. Militante de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, Istúriz fue condenado el pasado 3 de diciembre a 20 años de prisión en la misma audiencia de juicio en la que Rafael Tudares Bracho yerno de Edmundo González Urrutia, fue sentenciado a la pena máxima de 30 años también por traición a la patria.
Había sido detenido el 24 de agosto de 2024 y acusado de forjamiento de documentos públicos, usurpación e instigación a la desobediencia de las leyes, por haber participado de la recolecta y publicación de las actas electorales con las cuales la oposición dijo demostrar haber ganado la elección presidencial de 2024, según sus familiares. Cuando Tudares Bracho fue excarcelado el pasado 21 de enero, los familiares de Istúriz introdujeron ante los tribunales una solicitud de «efecto extensivo de la liberación» del abogado.
Foro Penal también mencionó que entre los liberados estuvieron Yandir Loggiodice, Víctor Castillo Vizcaya, Willians Antonio Díaz Rolong y el ítalo venezolano Mauricio Giampaoli. Habían pasado dos días desde que se produjeran excarcelaciones, siendo la última confirmada la del peruano estadounidense Arturo Gallino, el viernes 30 de enero, luego de estar detenido desde el 29 de noviembre de 2025 en la cárcel Rodeo I, ubicada a unos 50 kilómetros al este de Caracas.
Con Gallino, que viajó a Estados Unidos, son cuatro los peruanos que estaban presos y salieron en libertad. Uno de ellos, Marco Antonio Madrid, salió hace dos semanas y contó en una entrevista con la agencia Efe que la cárcel donde estuvo parece un campo de concentración con condiciones «ya no inhumanas, sino deplorables donde te intentan anular como ser humano». La Cancillería de Perú dijo el miércoles 28 de enero que mantiene «sus esfuerzos para lograr la liberación de los otros connacionales que aún permanecen detenidos en territorio venezolano», pero no precisó de cuántos se trata.
Las excarcelaciones de este domingo son las primeras que se producen después del anuncio de una ley de amnistía general que, según la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, abarcará los hechos de «violencia política» desde 1999, el periodo del chavismo en el poder. El instrumento será presentado a la Asamblea Nacional, que el chavismo controla con el 90% de los escaños, para su discusión y aprobación. La oposición anunció que exigirá incluir a derogación de las leyes contra el odio y contra el terrorismo.