Decibeles en alza
Cada vez que recorro la avenida Rancho Boyeros me surge la sensación de estar al borde de una pista de MotoGP. Pareciera una metáfora exagerada; pero el rugido de motocicletas sin silenciador irrumpe a cualquier hora del día —y de la noche— como si la vía pública fuera territorio sin reglas.
Y no se trata de un fenómeno aislado. Lo que ocurre en esta arteria se repite, sin temor a equivocarme, en casi cualquier punto de la geografía capitalina. La ciudad parece atrapada en un circuito de carreras improvisado donde los excesos de ruido se han normalizado.
El molesto rugido se padece a diario en hogares, centros educativos, hospitalarios y espacios públicos, lo que afecta el descanso, la tranquilidad y la salud de quienes habitan o transitan por zonas aledañas.
Lo más desconcertante es que Cuba no carece de leyes para enfrentar esta situación. El marco legal existe y es claro, aunque en la práctica ese respaldo parece quedar archivado lejos del ruido real de las calles.
La Constitución de la República, en su artículo 75, reconoce el derecho de las personas a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado, y establece el deber del Estado de protegerlo frente a acciones que lo deterioren.
A ello se suma lo dispuesto en la Ley 109, Código de Seguridad Vial, que en su artículo 182 prohíbe la circulación por las vías de vehículos de motor, remolques y semirremolques cuando falte el tubo de escape con su correspondiente dispositivo silenciador, o cuando alguno de estos se encuentre en mal estado. El artículo 192 del propio cuerpo legal refuerza esta prohibición al impedir la instalación o utilización en los vehículos de sirenas, silbatos u otros dispositivos que produzcan ruidos intensos o estridentes. La normativa establece además que, durante el proceso de revisión técnica vehicular, debe verificarse el nivel de ruido que emite cada vehículo como requisito indispensable para su aptitud técnica.
Desde el ámbito ambiental, la Ley 150/2022, de Recursos Naturales y del Medio Ambiente, reconoce la contaminación sonora como una forma de degradación que afecta directamente la salud y la calidad de vida de la población, y respalda la adopción de medidas para su prevención y control en los espacios urbanos. Asimismo, el Decreto-Ley 200/1999 establece el régimen de contravenciones en materia medioambiental. Ese entramado jurídico se complementa con la Norma Cubana NC 26:2012 sobre ruido ambiental, que traduce el derecho a un entorno sano en parámetros técnicos verificables. La norma fija para zonas residenciales límites máximos de 55 decibeles medidos, según la percepción del oído humano durante el día y 45 decibeles en horario nocturno, mientras que en entornos hospitalarios y educativos los valores permitidos descienden hasta 45 de día y 35 de noche. Frente a esos umbrales, el ruido generado por motocicletas sin silenciador —que puede alcanzar entre 90 y 110— rebasa considerablemente los límites establecidos.
No se trata de una exageración ciudadana ni de una sensibilidad excesiva. La Organización Mundial de la Salud advierte que el ruido ambiental constituye un factor de riesgo real para la salud. Sus directrices señalan que 30 decibeles es el nivel recomendado para un descanso nocturno adecuado; entre 40 y 45 comienzan las alteraciones del sueño y las respuestas de estrés; y a partir de 80–85 existe riesgo de daño auditivo cuando la exposición es reiterada. La situación se agrava con la proliferación de los llamados resonadores, dispositivos diseñados para amplificar el ruido del motor. Se importan, se comercializan sin una regulación clara y también se fabrican de manera artesanal en el país. A ello se suma la música a alto volumen que muchos conductores reproducen desde bocinas adaptadas.
Y entonces surge una pregunta inevitable, ¿cómo es posible que estos vehículos circulen, en muchos casos, de forma impune? La infracción no pasa desapercibida; el ruido es evidente y la ley es clara.
Cuando la autoridad no actúa teniendo respaldo legal el mensaje que se transmite es tan ruidoso como las motos mismas: violar lo normado no tiene costo.
Rancho Boyeros —como tantas otras avenidas de La Habana— no es una pista de MotoGP, aunque a ratos suene como tal. Defender el silencio no es un lujo ni una exageración; es exigir el cumplimiento de la ley y la protección de nuestros derechos. El ruido no puede seguir siendo la banda sonora permanente de nuestro entorno.