A quién beneficia la irregularidad

La regularización que ha aprobado el Gobierno es una corrección mínima a un sistema que produce y reproduce situaciones de ilegalidad de forma constante en la vida de personas concretas que limpian y cuidan sin contrato, que encadenan trabajos temporales sin derechos, que crecen aquí sin papeles, que evitan ir al médico por miedo. La irregularidad atraviesa las vidas de quienes llegan a nuestro país para escapar de condiciones de las que nosotras y nosotros también huiríamos: violencia, pobreza, persecución política, conflictos armados, o el impacto del cambio climático. Regularizar a 500.000 personas es poner al descubierto un modelo migratorio injusto, diseñado en clave excluyente, que seguirá generando irregularidad mañana, pasado y dentro de unos años mientras no se reformen las leyes que la producen.

Quienes se llevan las manos a la cabeza ante esta regularización, tras haber sido víctimas de las teorías conspiranoicas del “reemplazo” promovidas por la extrema derecha y amplificadas con más desinformación e irresponsabilidad por el Partido Popular, deberían saber, e igual hasta les alivia, que: esta regularización no deroga ni uno solo de los instrumentos racistas y violentos de nuestra normativa. No acabará con las redadas racistas, ni con los CIE, ni con los requisitos imposibles de la ley de extranjería, ni con las devoluciones en caliente, ni con la exclusión sanitaria de quienes no tienen documentación, ni con la expulsión burocrática que impide acceder a ayudas y recursos básicos cuando se está en situación irregular. Nada de eso cambia.

 La importancia de esta regularización, para quienes defendemos sociedades libres de odio, es que reconoce, si bien de forma limitada y temporal, derechos que el propio sistema había arrebatado a las personas migrantes al negarles su condición de sujetos de derechos y de portadoras de historias. Por eso, para ellas, precisamente, es tan importante porque se trata de sus derechos. Porque significa poder empadronarse, trabajar con derechos, alquilar sin chantajes, ir al médico... Pero no, esta regularización no es un cambio de modelo ni la implosión del sistema, aunque sí es un cortafuegos frente a la violencia institucional que supone vivir en situación irregular en nuestro país al menos a 500.000 personas..

Para quienes militan hoy en el bando antiinmigración, en cambio, esta regularización es una pésima noticia. No solo por razones ideológicas, sino también por razones económicas, -aunque muchas veces ambas van muy a la par a modo de auto exculpación-. La irregularidad es un negocio, lo es para propietarios que alquilan habitaciones insalubres por precios abusivos, sabiendo que nadie denunciará. Para empleadores que imponen jornadas interminables sin contrato, sin descanso y sin derechos en hostelería, la agricultura, los cuidados… Lo es para modelos de negocio sostenidos de miseria, turnos imposibles y amenazas constantes de despido o denuncia. La irregularidad no solo excluye y empobrece a quien la sufre, también produce beneficio, patrimonio y poder a quienes la utilizan y se aprovechan. Es una herramienta de dominación.

Piensen bien a quién beneficia que se difundan con tanta rapidez los mensajes contra la regularización: datos falsos, declaraciones sin contexto, simplificaciones interesadas. No es miedo a un reemplazo ni a una invasión: es miedo a perder un privilegio. Y quizá lo más incómodo sea esto: si una medida tan limitada despierta tanto odio, es porque durante demasiado tiempo hemos aceptado que parte de la población viva sin derechos para que todo lo demás funcione. La regularización, lamentablemente, no rompe un modelo migratorio injusto , solo obliga al Estado a asumir parcialmente su responsabilidad de reconocer derechos a quienes son parte de nuestra sociedad.