Transparencia reprocha a Interior una respuesta “incongruente” sobre las balas israelíes
- Sánchez frena la compra a empresas israelíes
- Cómo se adjudicó y formalizó el contrato de munición
- Abril de 2025: se formaliza en Semana Santa y estalla la crisis
- La vía Sánchez: denegar el permiso de importación y rescindir
- Interior responde con enlaces… y el solicitante reclama
- Interior se defiende: remisión a Presidencia y “documentos auxiliares”
- Transparencia reprocha una respuesta “incompleta o incongruente”
- La Abogacía del Estado deniega los informes: nueva reclamación
- El desenlace: estimación por motivos formales
Sánchez frena la compra a empresas israelíes
Después de una sucesión errática de decisiones y anuncios contradictorios, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió que no podía contradecir su política de no comprar material de defensa y seguridad a empresas de Israel, por la guerra de Gaza.
Cómo se adjudicó y formalizó el contrato de munición
Hace unos meses por fin abrió oficialmente el proceso de resolución del contrato, ya que había primero adjudicado y después formalizado la compra de cartuchos para las pistolas de la Guardia Civil con IMI Systems (empresa israelí que fabrica la munición) y con Guardian Homeland Security (empresa israelí, aunque con filial en España, que comercializa el material).
Confidencial Digital reveló la adjudicación de los lotes de una licitación de la Guardia Civil, a finales de octubre de 2024. Días después, el Ministerio del Interior anunció que iba a anular esa adjudicación.
No fue así: pasaron los meses, y en abril de 2025, en plena Semana Santa, la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil formalizó esa adjudicación.
Abril de 2025: se formaliza en Semana Santa y estalla la crisis
De nuevo Confidencial Digital reveló la formalización. Se abrió entonces una crisis política importante. Parte de la coalición Sumar (como Izquierda Unida, y dentro de IU especialmente el Partido Comunista de España) amenazó a Pedro Sánchez con romper el Gobierno de coalición si finalmente Interior terminaba comprando la munición a esas empresas israelíes.
Fue entonces, en abril de 2025, cuando el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska recibió una solicitud de acceso a información pública sobre este asunto, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Tras repasar los avatares de esta licitación, que se acababa de formalizar, el solicitante indicó en su petición que “desde el Ministerio del Interior se ha explicado que han justificado este cambio en un estudio que solicitó el 29 de octubre de 2024 a la Abogacía del Estado sobre la posible rescisión del contrato adjudicado. En dicho informe, se desaconsejó anular la adjudicación debido a la avanzada fase de tramitación, que hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material”.
La vía Sánchez: denegar el permiso de importación y rescindir
La decisión impuesta por Pedro Sánchez a Grande-Marlaska fue que la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) denegase a dicha empresa el permiso de importación de este material a España “por razones de interés general”, y entonces el Ministerio del Interior rescindiera el contrato.
Los 10 tipos de documentos solicitados
El autor de la consulta fue muy exhaustivo en su escrito. Pidió una lista de diez tipos de documentos relacionados con esta compra de munición:
1. Copia de todas las peticiones de informe realizadas desde cualquier nivel del Ministerio del Interior (no solo desde la Guardia Civil) a la Abogacía del Estado sobre la posibilidad de cancelar la licitación para no formalizar el contrato del lote 1 y 2 con IMI SYSTEMS LTD -adjudicatario- y Guardian Homeland Security S.A.-representante-.
2. Copia de todos los informes emitidos por la Abogacía del Estado como consecuencia de las solicitudes efectuadas por el Ministerio sobre el punto anterior.
3. Copia de todas las peticiones de informe realizadas desde cualquier nivel del Ministerio del Interior (no solo desde la Guardia Civil) a la Abogacía del Estado (y a cualquier otro órgano técnico-consultivo) sobre la posibilidad de excluir de todas las futuras licitaciones públicas a empresas de origen israelí.
4. Copia de todos los informes emitidos por la Abogacía del Estado (y de cualquier otro órgano técnico- consultivo) como consecuencia de las solicitudes efectuadas por el ministerio sobre el punto anterior.
5. Copia de todas las comunicaciones recibidas desde Moncloa o cualquier otro ministerio en relación a la posibilidad de denegar a la empresa el permiso de importación del material contratado.
6. Copia de todas las comunicaciones recibidas desde la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso en relación a este contrato.
7. Copia de todas las peticiones de informes realizadas desde cualquier nivel del Ministerio del Interior (no solo desde la Guardia Civil) o desde la propia Junta Interministerial (integrada por este ministerio) a la Abogacía del Estado, Consejo de Estado o cualquier otro órgano técnico-consultivo, sobre la viabilidad de la revocación del permiso de importación o sobre la viabilidad de rescindir el contrato si se revoca el permiso de importación.
8. Copia de todos los informes emitidos como consecuencia de las solicitudes efectuadas sobre el punto anterior.
9. Copia de cualquier comunicación o reclamación presentada por IMI SYSTEMS LTD -adjudicatario- y Guardian Homeland Security S.A. -representante- en relación a este contrato tras su formalización.
10. Copia de cualquier comunicación remitida por el Ministerio a IMI SYSTEMS LTD -adjudicatario- y Guardian Homeland Security S.A. -representante- en relación a este contrato tras su formalización.
Interior responde con enlaces… y el solicitante reclama
El Ministerio del Interior no le envió copia de todos esos documentos.
Le respondió el 29 de mayo, diciéndole que “toda la información disponible, respecto al contrato referido, se encuentra recogida en la comparecencia del Sr. Ministro del Interior en la Sesión plenaria del Congreso de los Diputados celebrada el día 21 de mayo de 2025 cuyo acceso está disponible en el siguiente enlace https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/DS/PL/DSCD-15-PL-117.PDF. Asimismo, toda la documentación disponible se encuentra recogida en el expediente R/0003/A/24/2 cuyo acceso, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, se encuentra en el siguiente enlace: https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/DS/PL/DSCD-15-PL-117.PDF”.
Interior también le notificó que su solicitud iba a ser duplicada al pertenecer el ámbito competencial a dos departamentos ministeriales, trasladándose, con número 001-105031, al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El ciudadano que había registrado esta solicitud ante el Ministerio del Interior no quedó satisfecha con la respuesta, y reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Denunció que la resolución de Interior “no da ninguna información relevante sobre cualquiera de los 10 puntos requeridos”.
También señaló que el artículo 20.2 de la Ley de Transparencia exige que, cuando se niegue total o parcialmente el acceso a información pública, la resolución debe estar motivada “de forma expresa y motivada” punto por punto, explicando las razones de cada denegación o entrega parcial.
“Sin embargo, la resolución de Interior se limita a un mero remite al Diario de Sesiones y al expediente de contratación”, criticó, “sin analizar cada uno de los 10 apartados, ni fundar jurídicamente por qué entrega o deniega información específica”.
Además, “al remitir la solicitud a Presidencia sin indicar qué punto corresponde a cada ministerio, se crea un obstáculo adicional para el solicitante (que desconoce si debe reclamar ante Interior o ante Presidencia, punto por punto)”.
Interior se defiende: remisión a Presidencia y “documentos auxiliares”
El Consejo de Transparencia trasladó esta queja al Ministerio del Interior, que entonces ya se defendió con argumentos más elaborados.
“Vista la petición, y en la mera hipótesis de la eventual existencia de alguno de los documentos que se solicitan como supuestamente elaborados por la Abogacía del Estado”, respondió en las alegaciones, la ley dispone que “cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso”.
De ahí que “lo que procede es remitir la solicitud al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que la Abogacía del Estado examine la petición con respecto de los puntos en los que se alude a posibles informes de la Abogacía del Estado y resuelva lo que proceda en Derecho, sin que ello prejuzgue en absoluto la existencia de la información solicitada”.
Y defendió que era plenamente ajustada a Derecho la remisión de la solicitud al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que la Abogacía del Estado examinara la petición con respecto de los puntos en los que se aludía a posibles informes de la Abogacía del Estado y resuelva lo que proceda, “sin que ello prejuzgue en absoluto la existencia de la información solicitada”.
En este intercambio de escritos, finalmente el Ministerio del Interior alegó una causa de inadmisión de la solicitud: que pedía “documentos auxiliares o de apoyo”, que la ley permite no tener que revelar.
También respondió en parte a las preguntas: “Por parte de este ministerio no se han emitido o recibido comunicaciones oficiales sobre los asuntos a los que se alude en la solicitud de información trasladada”.
Es una respuesta que puede o no encajar con todas las preguntas del solicitante. Porque lo que sí había confirmado públicamente el Ministerio de Interior es que pidió a la Abogacía del Estado un informe sobre la posibilidad de anular el contrato.
Transparencia reprocha una respuesta “incompleta o incongruente”
Confidencial Digital ha consultado la resolución del Consejo de Transparencia que da respuesta a la reclamación por este caso.
El consejo analizó “si se ha satisfecho el derecho de acceso a la información pública partiendo de la premisa de que el ministerio, en su resolución, acuerda conceder el acceso proporcionando un enlace que dirige a la comparecencia del ministro del Interior en el Pleno del Congreso de los Diputados, de fecha 21 de mayo de 2025, en la que explica que se han estudiado diferentes vías legales para anular la adjudicación del contrato de suministro de munición y que se ha articulado una solución para proceder a su anulación, encontrándose el contrato «en proceso de rescisión». Por otro lado, el departamento proporcionó la identificación del expediente de contratación (R/0003/A/24/2) y remitió el enlace a la Plataforma de Contratación del Sector Público”.
Para Transparencia, “la lectura de la solicitud evidencia que la respuesta ofrecida por el Ministerio fue incompleta o incongruente respecto del tenor literal de las pretensiones incluidas en la solicitud; pues, entre otras cosas, no se especificaba qué parte de la solicitud se había trasladado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y por qué motivo”.
Tras ese reproche por la respuesta “incompleta o incongruente” del departamento de Fernando Grande-Marlaska al solicitante, la resolución del Consejo de Transparencia admite que “aun de forma tardía el Ministerio declara formalmente que ha proporcionado la documentación disponible”.
También señaló que “no se han emitido o recibido comunicaciones oficiales sobre los asuntos a los que se alude en la solicitud de información trasladada” [sin perjuicio de que, de existir, entiende que resultaría aplicable la causa de inadmisión del artículo 18.1.b) de la ley]; y que los puntos 2 y 4 de la solicitud han sido trasladados, con fundamento en el artículo 19.4, al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes “al objeto de que la Abogacía del Estado resuelva sobre al acceso a los informes de su competencia, en la hipótesis de la eventual existencia de tales informes”.
La Abogacía del Estado deniega los informes: nueva reclamación
La Abogacía General del Estado ya dictó resolución en la que denegó acceso a los informes y peticiones del Ministerio del Interior sobre la anulación de la adjudicación a las empresas israelíes.
Esa negativa, a su vez, ha dado lugar a otra reclamación ante el Consejo de Transparencia, que se encuentra en tramitación.
El desenlace: estimación por motivos formales
La decisión del Consejo de Transparencia fue “estimar por motivos formales la reclamación, al no haberse respetado el derecho del reclamante a obtener una información completa en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la interposición de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho”.