Desde hace años, el Gobierno de España ha convertido en práctica habitual recurrir cada cierto tiempo aspectos de la legislación gallega que considera inconstitucionales. El último caso, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional (TC) este jueves, afecta a dos aspectos de la Ley 5/2024 de medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos autonómicos de 2025: la repotenciación eólica y la tramitación del grado de dependencia, en suspensión cautelar hasta que el TC se pronuncie. Una parálisis duramente criticada por la Xunta y que se engloba en otros episodios similares que han tenido lugar desde que Pedro Sánchez comenzó su segunda y actual legislatura, desde el recurso contra la ley de salud pública gallega en 2021 al de la ley del litoral en 2023. En ambos casos, el Constitucional suspendió cautelarmente las medidas hasta que las administraciones llegaron a un acuerdo en el caso de la ley de salud y, en el caso del litoral, hasta que el tribunal falló a favor de la Xunta, allanando el camino para que Galicia asumiese las competencias de su costa en julio de 2025, como ya lo había hecho previamente País Vasco. Sin embargo, las medidas de repotenciación y dependencia continúan enquistadas, lo que provocó que las conselleiras de los departamentos competentes criticasen el perjuicio que supondrán por los gallegos. En el caso de la repotenciación eólica, que la Xunta impulsa para que los parques eólicos renueven sus aerogeneradores más antiguos por otros más modernos, permitiendo reducir el número de molinos sin perder potencia instalada, la titular de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, afirmó este jueves que la paralización implicará que Galicia contará con 2.000 molinos eólicos de más en los próximos años y que tendremos que «pagar más por la luz». Por su parte, la conselleira de Política Social, Fabiola García, criticó que el Gobierno «vuelve a poner una vez más palos en las ruedas, porque Galicia lo único que quiere es resolver expedientes lo antes posible». De hecho, destacó que la medida impugnada, por la que la Xunta buscaba agilizar la tramitación del grado de dependencia vinculándolo a la discapacidad, permitió resolver «más de 86.300 expedientes» tanto de dependencia como de discapacidad durante el año que estuvo en vigor hasta su suspensión cautelar. «Entendemos que toda esta gente no tiene tiempo que esperar», añadió la conselleira. Además, en estos dos últimos casos recurridos se da la situación que el Gobierno central impulsa estas mismas medidas, tanto para la repotenciación como para la dependencia, aunque ello no ha evitado que queden paralizadas en Galicia. En el caso de los eólicos, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico aprobó el pasado noviembre, un mes después del recurso, un decreto que contenía «medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico», donde se incluían medidas relativas al almacenamiento de la energía o la electrificación de la economía, además de establecer un plazo de nueve meses para elaborar una «hoja ruta nacional para la dinamización de la repotenciación». Una dilatación del proceso que coincide, en el caso de Galicia, con la paralización casi total del despliegue de nuevas instalaciones eólicas. Actualmente, más de 200 recursos en tramitación afectan a 92 potenciales parques eólicos -86 de ellos suspendidos-. Por otra parte, la medida por la que los grados de dependencia y discapacidad se homologan para agilizar el proceso burocrático y la tramitación de las ayudas fue incluido en la última reforma de la ley de dependencia estatal, aunque al igual que con la repotenciación, la medida quedo paralizada en Galicia, provocando que la Consellería de Política Social denunciase un sesgo «partidista» en perjuicio de las personas que todavía esperan tramitar esta cuestión. Ya en 2021, en plena pandemia de Covid-19, el Gobierno central recurrió la reforma de la ley de salud pública gallega impulsada por la Xunta, por aquel entonces presidida por Alberto Nuñez Feijóo. En marzo de ese año, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez argumentó que podrían darse indicios de inconstitucionalidad en varios aspectos de la norma, en la que la Administración autonómica reforzaba su capacidad para llevar a cabo medidas de prevención y sanción de cara a detener el avance del virus. Tras la admisión a trámite del recurso, Xunta y Gobierno crearon una comisión bilateral para negociar la redacción final del texto. Entre las medidas, que incluían la prohibición del consumo en grupo de bebidas alcohólicas en la vía pública o la sanción por el uso inadecuado de la mascarilla, el principal punto fricción entre administraciones se situó en las limitaciones para personas no vacunadas, incluido el acceso a locales de restauración. Finalmente, las administraciones alcanzaron un acuerdo después de meses de negociación tras reflejar en el texto el carácter voluntario de la vacunación con carácter general, de acuerdo a lo establecido por la Administración General del Estado y la estrategia nacional de vacunación. Más reciente fue el conflicto entre la Xunta y el Gobierno respecto a ley autonómica para que Galicia asumiese la gestión de su litoral. Tras su aprobación en el Parlamento autonómico, el Ejecutivo central recurrió la norma, que también permaneció suspendida de forma cautelar durante meses. Pese a que el Gobierno argumentó que la ley autonómica invadía competencias estatales e infringía la ley de costas del Estado, el Constitucional falló en abril de 2024 a favor de la administración gallega, estableciendo que no existía incompatibilidad entre ambas leyes y que la norma autonómica salvaguardaba el cumplimiento de las exigencias establecidas a nivel estatal. No fue hasta junio de 2025 cuando la Xunta comenzó a gestionar el litoral gallego, impulsando una hoja de ruta para planificar y regular los usos y actividades permitidos en la costa, con medidas como la conservación de playas naturales adaptándolas a los efectos del cambio climático y desarrollar iniciativas económicas desde una perspectiva ambiental y social.
