La ONG de infancia y educación Educo denunció este viernes que, cuatro años después de la aprobación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi), la figura del coordinador de bienestar , «aunque presente en la mayoría de los centros educativos, tiene un impacto real muy limitado». Así lo revela el nuevo informe Más allá del papel: Progresos y retos en la implantación de la coordinación de bienestar y protección en centros educativos , en el que la organización analiza «los avances normativos y los retos persistentes en la implantación de esta figura »clave para prevenir y detectar la violencia contra la infancia«. Con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz que se celebra en esta jornada, la ONG recuerda que la protección y el bienestar son «indispensables» para el desarrollo pleno de la infancia y que «la escuela no solo enseña: también cuida, protege y acompaña, ya que sin bienestar no hay aprendizaje». «El coordinador de bienestar puede marcar la diferencia en el día a día ya que ayuda a prevenir y encauzar todo tipo de violencias «, señaló Mónica Viqueira, especialista en Protección de Educo, en referencia al acoso escolar, la violencia intrafamiliar y la sexual. »Permite detectar lo que a veces no se ve, como cambios de conducta o relaciones dañinas; es decir, alertas tempranas que, si no se atienden, pueden convertirse en situaciones graves. Necesita tiempo, formación y apoyo para poner en marcha medidas muy claras: enseñar a la comunidad educativa a detectar señales, activar protocolos a tiempo, coordinarse con servicios sociales y sanitarios y abrir canales de confianza con el alumnado y las familias. Si esto no existe, la figura se queda en el papel«. El informe alerta sobre «brechas territoriales» que ponen en riesgo la igualdad en la protección. Para empezar, «no existe una única normativa que obligue a tener esta figura con los mismos requisitos en todo el Estado», pues por ejemplo, en Castilla y León no tienen ninguna normativa y en Madrid, Asturias y Navarra solo se emiten circulares a inicio de curso. Además, «persisten problemas graves como la falta de disponibilidad horaria para ejercer la función«, que en muchos casos depende de decisiones internas del centro. El documento también apunta que algunas comunidades como Canarias, Cantabria y Extremadura establecen tramos de disponibilidad horaria vinculados al tamaño del centro (de 2 a 5 horas semanales), mientras que otras como Aragón, Madrid, Murcia o Castilla-La Mancha asignan una bolsa general de horas que los equipos directivos distribuyen a su propio criterio. Asturias ha ampliado recientemente las horas asignadas a esta figura, y Galicia permite asignar hasta dos sesiones lectivas y dos complementarias fijas. Sin embargo, en territorios como Andalucía, Baleares, Navarra, Ceuta y Melilla no se establece ni un mínimo de tiempo, lo que compromete la capacidad real de esta figura para cumplir su función. La ausencia de reconocimiento económico también es un problema: sólo Canarias, Cataluña y Galicia contemplan un complemento retributivo. A ello se suma la falta de un perfil homogéneo para ejecutar el puesto, aunque la mayoría de territorios define algún requisito mínimo, pues, según la ONG, algunas comunidades priorizan a docentes con formación o trayectoria previa en convivencia o protección, mientras que otras no concretan ningún criterio, lo que genera una gran disparidad en la cualificación y la experiencia de quienes asumen esta responsabilidad. «No basta con nombrar a cualquier profesor o profesora para salir del paso. Como figura crucial para la protección de la infancia y la adolescencia, debe tener unos conocimientos mínimos y se le tiene que asignar tiempo, formación y todos los recursos que necesite. Sin eso, tenemos una obligación legal que no se está traduciendo en una protección real de niños y niñas «, afirmó Viqueira. La formación es el ámbito que más ha mejorado a lo largo de estos cuatro años de implementación de la figura. La mayoría de los territorios han desarrollado propuestas específicas. Cataluña, por ejemplo, articula itinerarios completos y personalizados según el conocimiento de partida de cada candidato; Madrid ofrece cursos obligatorios de 40 horas y niveles de profundización; y País Vasco vincula la formación a un autodiagnóstico del centro con módulos específicos. Sin embargo, muchas de estas iniciativas siguen centradas en la capacitación básica, y no alcanzan todavía el nivel de profundidad, continuidad y especialización requerido para ejercer con solvencia. Por otra parte, la educación infantil de 0 a 3 años y las enseñanzas de régimen especial siguen «prácticamente excluidas» del despliegue: «Por lo general, las escuelas infantiles no cuentan con normativas específicas y en el caso de las escuelas privadas, no hay rastro de estas». Teniendo en cuenta que la gran mayoría de escuelas infantiles en España son de ámbito privado, Educo señala que se está dejando a una «inmensa mayoría» de menores «sin opción» a esta figura que los proteja. El informe también denuncia la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y coordinación externa con servicios sociales, sanitarios y cuerpos de seguridad, así como la falta de estándares internacionales de protección infantil en la mayoría de las normativas. Por todo ello, Educo propone medidas urgentes que pasan por «garantizar dedicación horaria proporcional al tamaño y a la realidad del centro; formación continua y certificada (en concreto, articular tres niveles de formación: un nivel básico para toda la comunidad educativa, un nivel intermedio para quienes ejercen la coordinación de bienestar y protección, y un nivel avanzado para esta figura adaptado a la complejidad del centro y sus problemáticas); reconocimiento económico; mecanismos obligatorios de seguimiento y coordinación intersectorial».
